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Comunicación para la defensa de los derechos humanos

Notas Cencos

CFE criminaliza a sus usuarios para obligarlos a pagar supuestos adeudos

Foto: Rita Furiate

Por Viridiana Ramírez

 

La Red Nacional de Resistencia Civil denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hostiga y acosa a usuarios para obligarlos a pagar supuestos adeudos que se han generado después de una alza exorbitante en las tarifas de energía eléctrica.

 

Mencionaron que tienen registrados más 17 mil casos en 11 estados de la república, en que familias que han sufrido reajustes en el cobro de estas tarifas, se han visto obligados a dejar de pagar el servicio en forma de protesta. Así mismo, manifestaron que CFE denuncia a los inconformes, acusándolos de delitos cómo robo y lesiones.

 

Expresaron que actualmente existen 12 denuncias penales y 5 ordenes de aprehensión en contra de integrantes de la red por oponerse al cobro excesivo y manifestar su descontento.

 

Señalaron que estas denuncias son un acto de intimidación a la ciudadanía para obligarlos a pagar estos adeudos, sin antes buscar algún tipo de acuerdo o negociación. Por lo anterior, comentaron agudizarán la campaña en contra de las altas tarifas, realizando movilizaciones y manifestaciones cómo “La rebelión de los colgados”, además, de forma paralela ingresarán amparos en contra de la Ley de la Industria Eléctrica derivada de la Reforma Eléctrica.

 

Aseguraron estar en disposición de dialogar con las autoridades competentes, con la finalidad de que se implemente como derecho humano el acceso a la energía eléctrica como se establece en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

 

Mexicali: Corrupción, Impunidad y privatización de recursos

 

 

Foto: Rita Furiate

Por Viridiana Ramírez

 

Integrantes del movimiento Mexicali Resiste informaron que el gobierno del estado de Baja California ha estado apoyando a empresas privadas para que estas puedan hacer uso de recursos naturales.

 

Señalaron que el sentimiento que se vive en la ciudadanía es de hartazgo, debido a que existen altos índices de corrupción e impunidad, además del aumento del precio de la gasolina, lo que ha generado manifestaciones, tomas de edificios públicos y movimientos en contra de la privatización del agua.

 

Expresaron su desacuerdo en la construcción de una planta cervecera perteneciente a Constellation Brands que por medio de recursos públicos se ha construido un acueducto que abastezca de agua a esta empresa, pues su consumo sería de millones de litros de agua, además de cuatro plantas desalinizadoras de agua que están siendo protegidas por la Ley de Asociación Pública Privada que pretende exportar líquido a los Estados Unidos.

 

Manifestaron sentirse preocupados por su seguridad y las de los ciudadanos que participan en movilizaciones y plantones, ya que se han generado amenazas y agresiones contra personas involucradas en la resistencia a la privatización del agua, hecho que consideran injusto, pues ellos sólo buscan se proteja los recursos naturales y cese el cobro excesivos de impuestos justificados por posibles mejoras a la infraestructura.

 

OSC denunciaron que PVEM provocaría regresión en los derechos de indígenas y campesinos

 


 

 

Foto: Rita Furiate

Por Viridiana Ramírez

 

Organizaciones de la Sociedad Civil señalaron que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en su iniciativa para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal generaría un retroceso en materia de derechos de indígenas y campesinos.

 

Consideran que la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en conjunto opinar, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que esto pudiera ocasionarles.

 

Expresaron que otros problemas que genera esta iniciativa es la falta de alineación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad; además de la ausencia de numerosos cambios propuestos por la CONAF cómo la mejora regulatoria, promoción de la legalidad y transparencia, promoción de la competitividad, arquitectura institucional, descentralización y mejora de los servicios técnicos.

 

Informaron que el pueblo ha perdido la confianza en los legisladores y servidores públicos por la constante exclusión que tienen en estos procesos en los cuales resultan directamente afectados, por lo que exigen a los legisladores y servidores públicos del sector ambiental no pasen por alto las necesidades de indígenas y campesinos y los incluyan para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en base a sus necesidades.

Iglesias por la Paz manifestaron su descontento ante la situación política que se vive en el país

 


 

Foto:Rita Furiate

Por Viridiana Ramírez

 

El colectivo Iglesias por la Paz expresó su descontento ante el contexto social y político que se vive en el país.

 

Expresaron su preocupación ante el nombramiento de Trump, ya que sus mensajes han sido de odio hacia la población migrante dejándolos en una situación de vulnerabilidad y desprotección, consideran que este es un problema que nos afecta a todos como sociedad.

 

También hablaron respecto a la iniciativa del uso de fuerzas armadas para la seguridad pública lo cual consideran inadmisible pues llevamos 10 años de inseguridad que ha ido incrementado las violaciones a los derechos humanos y de ser aplicada esta iniciativa las fuerzas armadas tendrían libertad de violentar los derechos de las persona sin ser sancionadas por esto.

 

Se pronunciaron en contra del nuevo gasolinazo que se avecina y exigen se cancele además informaron que estarán presentes en las movilizaciones en contra de este aumento.

OSC solicitan a la CNDH investigue operativo “Mochila Segura” por ser violatorio a los derechos de la infancia

 


Foto: Rita Furiate


Por Viridiana Ramírez

 

Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue las acciones realizadas durante el operativo “Mochila Segura”, a la que consideran violatoria a los derechos de la infancia.

 

Expresaron que en dicho operativo se ven a los niños, jóvenes y adolescentes cómo asesinos en potencia, violando sus derechos a la seguridad jurídica, intimidad y no discriminación. Consideran que esto no previene la violencia o el delito, sino que es una respuesta improvisada que tampoco garantiza el interés superior de la niñez.

 

Señalaron que los procedimientos que se tengan que aplicar deben ir acorde a las necesidades de las niñas y los niños así como tomar en cuenta la opinión de los mismos.

 

“Estos operativos no son de prevención si no de reacción de manera poco integral y no es algo que pueda prevenir la violencia, el hecho de que existan padres, madres y maestros colaborando en la revisión de mochila no justifica que no estén violando los derechos de la niñez”, mencionó Sayuri Herrera, abogada del centro.

 

Argumentaron que estas generaciones son el resultado de la ola de violencia que se han suscitado en los últimos años, situación que le compete al estado mexicano que está siendo cómplice en esta criminalización de los menores actuando de manera omisa al igual que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

 


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