Centro Nacional de Comunicación Social AC

Comunicación para la defensa de los derechos humanos

Notas Cencos

Vecinos Unidos denuncian como inseguro megaproyecto de Tren Interurbano México - Toluca

 

 

Foto: Uriel Reyes

Por Viridiana Ramírez 

 

Vecinos Unidos de zona poniente denunciaron el megaproyecto del Tren Interurbano de México - Toluca como inseguro debido a que la construcción se pretende hacer en un territorio que anteriormente eran minas y no se conoce la profundidad de éstas, pasando por alto el abastecimiento de agua potable y el manejo de aguas residuales, manantiales y ojos de agua desde Acopilco en Cuajimalpa hasta la zona de Santa Fe.

 

Agregaron que el Tren Interurbano no es ecológico y mucho menos reducirá el flujo vehicular ni los niveles de CO2, como lo presentó el gobierno. Además reportaron al transporte como no incluyente ya que el costo se eleva al doble de lo regular y sólo poca gente podrá costearlo.

 

Debido a las constantes negativas por las instancias gubernamentales de presentar públicamente los riesgos y la magnitud de las afectaciones, denunciaron su inconformidad y los últimos accidentes ocurridos por la construcción del Tren Interurbano de México - Toluca. Afirmaron que incluso el pasado 7 de julio hubo un deslave en la zona de la caseta de cobro México - Toluca con saldo de un trabajador fallecido y dos lesionados.

 

Argumentaron que no hay medidas de seguridad en ellas ni protocolos para contingencia, lo cual representa un riesgo latente para los trabajadores, para la población y para los futuros usuarios, motivo por el cual dicen no al Tren Interurbano.

¿Qué es la desaparición forzada?

Caravana de Amistad EEUU- Cuba exige al gobierno estadounidense levante el bloqueo

 


 

Por Redacción Cencos

 

La caravana estadounidense de Pastores por la Paz llegó a México; en conferencia de prensa, informaron que el bloqueo económico a Cuba continúa, aun cuando las relaciones con Estados Unidos se han restablecido. Comentaron que la finalidad de la caravana es la conexión de apoyo de pueblos y para los pueblos, y que no descansarán hasta que se levante el bloqueo.

 

En las diferentes paradas de la caravana se reunieron 30 oficinas de miembros del congreso norteamericano, exigiendo la anulación de este y otras políticas graves en contra de Cuba. Además, indicaron que llevarán una donación simbólica de medicamentos de primera urgencia en Cuba, como símbolo de protesta de las aún vigentes restricciones del bloqueo.

 

Mandaron un fuerte mensaje al Presidente Obama, a los legisladores y otros políticos en el gobierno norteamericano que se oponen a esta política, buscan un relación mutua de respeto con Cuba e invitan a hacer conciencia al mundo, a confrontar y oponerse al bloqueo inhumano contra Cuba.

 

 

Argumentaron que la política externa del gobierno de EU es muy agresiva con el país isleño, y el constante hostigamiento ha llevado a los cubanos a salir del país de manera clandestina arriesgando su vida.

 

 

Gail Walker, integrante de Pastores por la Paz, hizo énfasis en los productor médicos que se han elaborado en Cuba, los cuales son un beneficio para la sociedad curando enfermedades como el cáncer pulmonar y la diabetes, así como la necesidad que tienen en trabajar con estos tratamientos y lo beneficioso que puede resultar para EU si se terminan estos bloqueos.

Adiós delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad

 

Por Ixchel Cisneros y Eduardo Espinosa

 

Bryan Reyes Rodríguez tenía 26 años cuando fue detenido cerca del Teatro Blanquita en la Ciudad de México. Iba a una manifestación por la toma de protesta del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

 

Asegura que cuando lo aprehendieron entre varios policías, lo golpearon, desnudaron y le aplicaron descargas eléctricas. Se lo llevaron a las oficinas del ministerio público pero lo presentaron ante el juez dos horas después. Lo consignaron por daños en propiedad privada y ataques a las vías de comunicación por la supuesta agresión a un Metrobus. Cuando ya estaba bajo custodia, le fincaron el delito de ataques a la paz pública.

 

Bryan dice que no se resistió al arresto, cómo hacerlo si lo apuntaban con una pistola.

 


 

Ese día hubo 121 manifestantes heridos, nueve de ellos de gravedad como el maestro de teatro y activista Kuykendall, quien tuvo una fractura de cráneo expuesta causada por una bomba de gas lacrimógeno, estuvo en terapia intensiva dos años y falleció el 26 de enero de 2014.

 

Además, 85 personas fueron arrestadas. Catorce de ellas procesadas y estuvieron presas 27 días, entre ellas Reyes Rodríguez. A los demás les fijaron una fianza de 44 mil pesos, a él de 111 mil.

 

En ese momento, Andrés Medina, uno de sus abogados, declaró a la prensa que era preocupante que la autoridad haya hecho caso omiso de las “graves irregularidades de su detención y de cómo le fincaron responsabilidades”, pues si bien existió una primera acusación de daño en propiedad privada, ésta no implica el riesgo de pasar hasta 30 años de prisión, como sí ocurre con el delito de ataques a la paz pública.

 

Bryan, estuvo 27 días preso en el Reclusorio Norte y salió bajo fianza pero su proceso penal no culminó sino hasta el 26 de febrero de 2016 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó un amparo por considerar que el delito de ataques a la paz pública era inconstitucional porque violaba el principio de Taxatividad, es decir, que su definición era amplia e imprecisa.

 

El artículo 362 del código penal del Distrito Federal, dice: Ataques a la paz pública. Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.

 

 

Desde el año 2012 en la Ciudad de México organizaciones de la sociedad civil como la Coordinadora 1DMX han registrado más de 600 casos de detenciones arbitrarias en el marco de protestas sociales y si hacemos un recuento respeto de los delitos que el Ministerio Público imputa a los detenidos, encontramos que la mayoría son por: ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública

 


 

Ultrajes a la autoridad

 

Durante la manifestación del 2 de octubre de 2013, la activista Gabriela Hernández Arriola, conocida en redes sociales como Luna Flores, fue detenida luego de que un grupo de policías la acusara de haberles gritado: “puercos asalariados” y supuestamente arrojarles algunos objetos.

 

A pesar de que este delito no es considerado grave y podía continuar su proceso en libertad, la juez penal Marcela Ángeles Arieta la consideró “de alta peligrosidad social” por lo que estuvo recluida 6 meses en la prisión femenil de Santa Martha Acatitla. Al final, fue sentenciada a un año tres meses de prisión permutable con el pago de una multa de 19 mil pesos.

 

Según el código penal del Distrito Federal se entiende como: Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días multa.

 

 

“La existencia de este tipo de delitos pone en una posición grave a quienes somos críticos con el gobierno. Sobre todo en un contexto de violaciones a los derechos humanos. Se han generado una serie de operativos contra la libertad de expresión, a la protesta. Operativos realizados por el gobierno de la Ciudad de México en contubernio la policía federal”, aseguró Guillermo Naranjo, uno de los defensores de la Liga de abogados 1 de Diciembre, quienes interpusieron tanto el amparo de Bryan como el de Luna.

 

El 7 de marzo de 2016, la SCJN declaró inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad” porque también carecía de los principios constitucionales de taxitividad y restringía de manera importante la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de los ciudadanos.

 

Por estas irregularidades, el colectivo Compas DH denunció, el 20 de noviembre de 2015, penal y administrativamente a autoridades de la Ciudad de México y federales por graves violaciones a derechos humanos ocurridas en 9 manifestaciones en la Ciudad de México, los procesos siguen su curso.

 

“El uso por parte del Estado de la fuerza y la justicia penal como herramienta de represión de la manifestación social, la agresión directa y el amedrentamiento, el desprestigio y la difamación, la criminalización de víctimas, denunciantes y defensores. El Estado mexicano se lanza contra mexicanos protestando de manera legítima”, dijo la politóloga Denise Dresser quien es integrante de Compas DH. 

 

Sergio Soto, abogado de la Liga 1 de Diciembre manifestó que desde diciembre de 2012 tienen registrados 50 ciudadanos presos en penales de la Ciudad de México por los delitos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública en el marco de protestas sociales, y que estas personas pueden beneficiarse de los precedentes sentados respecto de la inconstitucionalidad de los delitos antes mencionados, pero que dependerá del estado procesal de sus juicios para determinar una estrategia jurídica.

 

Así mismo, explicó que hay otra vía para poder invalidar de forma general estos tipos penales, que sería a través de los legisladores de la Ciudad de México, quienes podrían proponer la derogación de los delitos. Sin embargo, hay actores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que buscan reformar los artículos para poder seguir utilizándolos para criminalizar.

Denuncian que autoridades ponen en riesgo suspensión de siembra de soya genéticamente modificada en beneficio de Monsanto

 

 

 

Por Viridiana Ramírez

 

Organizaciones defensoras del medio ambiente y el Colegio de Antropólogos de Yucatán denunciaron las graves violaciones al proceso de consulta indígena maya, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la segunda sesión de la fase “ Acuerdos previos”, que se llevó a cabo los días 30 de Junio y 1 de Julio en los municipios de Hopelchén y Tenabo de Campeche.

 

Informaron que durante la sesión de Hopelchén, horas antes de la reunión, el lugar ya se encontraba ocupado por agricultores y productores a favor de la siembra de soya, lo cual impidió el acceso de las comunidades que debían ser consultadas y generó un ambiente hostil en las comunidades, restando validez al proceso, por lo que decidieron dividirlos a pesar de que los representantes indígenas pedían la entrega del plan de trabajo y la suspensión de la sesión por no existir condiciones mínimas de seguridad y respeto.

 

Comentaron que el ambiente se sintió lleno de desconfianza, tensión y división social en ambos espacios, y a pesar de eso las autoridades de la SAGARPA y CIBIOGEN que estaban presentes en esta consulta permitieron estas irregularidades e incluso la intimidación y violencia verbal entre los grupos.

 

Agregaron que a la salida se transportó a participantes del grupo a favor de la siembra de soya de la consulta en camionetas de empresas distribuidoras de semillas y herbicidas ligadas a Monsanto, que habían permanecido estacionadas afuera del lugar violentando el principio de buena fe y consulta libre, como muestra de la presión por parte de la empresa en la aprobación del proyecto la cual debería mantenerse alejada de todo el proceso de consulta.

 

Concluyeron que lo anterior, deja en evidencia que los mandatos de la SCJN fueron violados por la dependencia responsable del proceso de consulta y Monsanto, ya que dichas dependencias no aseguraron condiciones de seguridad en éste y no se han tomado las medidas necesarias para garantizar la suspensión de la siembra de soya genéticamente modificada que ordena la corte.


OSC y activistas presentan pruebas de inconsistencias en investigación y violaciones a DH en Caso Wallace


 

Por Viridiana Ramírez

 

La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y familiares piden al gobierno federal que proceda de manera urgente a la creación de una comisión independiente de investigación que no pertenezca a la Procuraduría General de Justicia, para visible la supuesta red de complicidades dentro de las instituciones estatales que permitieron la fabricación de culpables en el caso Wallace. Actualmente se encuentran 2 personas en espera de proceso y 5 en prisión así como garantizar la interdependencia de los jueces en casos controvertidos que se han polarizado y la protección a los defensores de los derechos humanos en México.

 

Hablaron sobre el interés que tienen en la búsqueda de la justicia y verdad de las personas inocentes que se encuentran encerradas, manchadas y tachadas como secuestradores, delincuentes así como la reparación del dolor de las familias destruidas.

 

Calificaron como falso el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda presentando un informe de 30 páginas en el que mostraron pruebas de la falsedad del caso, en donde destaca la prueba pericial encontrada en el departamento de Juana Hilda Lomelí, que es una gota de sangre, muestra del ADN la cual corresponde a un sexo femenino que señalan pertenece a la media hermana de Hugo Alberto Wallace.

 

Luis Castillo, tío de Tony y Alberto Cruz comentó que el día en que aprehendieron a Alberto fue con pistola en mano, lo golpearon, torturaron exigiéndole su confesión en la participación del secuestro mediante amenazas a su familia.

 

Judith Tagle hermana de Jacobo Tagle mencionó que ha sido víctima de amenazas y hostigamiento constante por parte de Isabel Miranda de Wallace y destaca lo difícil que ha sido sobrevivir bajo esta acusación en contra de su hermano, al grado de ser despojados de su casa, herencia de sus padres.

 

Georgina Cantú, hermana de Cinthya Cantú, agregó como ésta fue obligada a confesar un crimen que no cometió , ya que supuestas autoridades habrían encañonado a su hijo frente a ella exigiéndole su confesión.

 

Por lo anterior exigen la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, la revisión de los juicios en contra de Juana Hilda Lomelí, Cesar Freyre Morales, Tony y Alberto Castillo y Jael Malagón Uscanga.

Detenciones arbitrarias en México, comunes hacia personas defensoras de DH

En 2015, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, aseguró que en México existen casos de personas defensoras defensoras de derechos humanos que han sufrido detenciones arbitrarias.

 

El Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos tiene registrados más de 500 casos de presos de conciencia.


 

Vecinos de Santa Fe y Zona Poniente exigen cancelación de tren urbano

 


 

Por Viridiana Ramírez


Vecinos Unidos de Santa Fe y Zona Poniente exigen al gobierno la cancelación inmediata del tren interurbano México - Toluca, ya que asegurán no será para beneficio social, ni utilidad pública.

 

Denunciaron la forma de actuar de las autoridades fuera del marco legal y sin contar con la previa autorización de la Dirección General de Regulación Ambiental (DGRA) de la Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA), ni investigaciones que demuestren la vialidad y compatibilidad de la realización del proyecto y obras complementarias.

 

Resaltaron la violación de derechos humanos, como el derecho a la Ley de Participación Ciudadana , a la información, el derecho a una vivienda digna y un medio ambiente sano.

 

Resaltaron las graves afectaciones que han tenido hacia la comunidad de las cuales destacan: desalojos, cierre de vialidades principales, posibles hundimientos por el tipo de suelo de la zona, cuarteaduras en casas cercanas, cierres de negocios locales, desabasto de agua y afectaciones en zonas naturales y de preservación ecológica.

 

Por lo anterior, comentaron que ya han procedido a la presentación de solicitudes y oficios a diferentes autoridades ambientales y administrativas para que actúen con responsabilidad, impidiendo la realización de la obra del Proyecto Integral del Tren Interurbano y la apertura de una mesa de diálogo para la ejecución del ya mencionado, garantizando la protección ecológica, y la recuperación de las afectaciones en el entorno de la sociedad.

Habitantes de tres municipios en Puebla denuncian presión y cobros excesivos de la CFE

 


Foto: Juan Carlos Álvarez

 

Por Viridiana Ramírez

 

Integrantes del grupo Ciudadanos Unidos de los municipios de Huauchinango, Juan Galindo y Ahuazotepec, Puebla, denunciaron que desde el pasado 5 de diciembre han sido víctimas de abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , por medio de apagones que duran entre 1 y 3 horas diarias, dejando a la comunidad en un estado de vulnerabilidad económica y de inseguridad pública.

 

Mencionaron que estos apagones son una muestra de la presión que la CFE está ejerciendo para cobrar supuestos adeudos de poco más de seis años de energía eléctrica, que habrían adquirido al momento en que la Compañía de Luz y Fuerza dejó de dar suministro, haciendo llegar “recibos locos” de hasta 16,000 pesos a un domicilio particular, los cuales carecen de legitimidad porque no se cuenta con un contrato que establezca la relación de los usuarios con la CFE. Además de que, aseguran, la comisión no conoce el consumo real de la energía en los hogares y negocios que están resultando afectados.

 

Indicaron que los apagones han generado severas afectaciones sociales dentro de las comunidades que antes no se veían, como violaciones, robos, caída de ventas en los comercios y cadáveres encontrados, así como el registrado de dos niñas que se incendiaron al encender velas en su domicilio por la falta de luz.

Actualmente han estado 11 mil 230 minutos sin luz durante 111 días y esto ha generado bastantes molestias, las cuales se han visto reflejadas en la elaboración de quejas en la Profeco, en un aproximado de 25,678 denuncias.

 

Argumentaron que el gobierno estatal y federal ha hecho caso omiso a las peticiones de la comunidad y las falsas estimaciones de adeudo que hasta el momento suman 374 millones de pesos de un total de 30 mil usuarios, y subrayaron la preocupación de la sociedad huachinanguense por los daños que van más allá de los causados por la perdida de aparatos domésticos, como hospitales y centros de salud, dejando en vulnerabilidad a personas que necesitan algún tratamiento en donde se ocupe energía eléctrica.

 

Por todo lo anterior solicitan a la CFE el retiro de denuncias realizadas en contra de integrantes del grupo Ciudadanos Unidos de Huauchinango, el reconocimiento de no adeudos anteriores a la realización del contrato con la comisión, tarifa social considerando la afectación económica que tiene la zona desde hace 7 años con la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

 

#NotiDH - 1 de julio


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