Centro Nacional de Comunicación Social AC

Comunicación para la defensa de los derechos humanos

Notas Cencos

Campaña electoral femenina e indígena

Foto: Viridiana Ramírez

Por Pablo Galicia

 

El Partido Obrero Socialista (POS) informó que presentará ante el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a Agustina García De Jesús como precandidata a la presidencia de la República para el ejercicio electoral del 2018.

 

Describieron la acción como una iniciativa de los más pobres de este país para escribir el futuro de México y remarcaron que de existir esta candidatura, encarnada en una mujer indígena, la población podrá contar con una verdadera opción para poder votar.

 

Piden que dentro del congreso nacional indígena que guiará las acciones de la precandidata sean incluidos sectores populares como integrantes de la CNTE, jornaleros de San Quintín, padres de los 43 y familiares de desaparecidos, entre otras organizaciones.

 

Agustina García de Jesús es descrita por sus postulantes como una digna representante de los sindicatos democráticos, las organizaciones campesinas combativas y de las mujeres; excepcionalmente inteligente y activista social en la cual depositan sus esperanzas para unir firmemente a los sectores sociales oprimidos y explotados y para presentar una dura competencia a los candidatos de los demás partidos políticos.

 

Dentro de su iniciativa, el CNI y el EZLN también incluyeron una enérgica denuncia de las agresiones que todos los días sufren las comunidades indígenas y en ese mismo sentido, el POS presentó un programa con 13 puntos que deberán ser discutidos por todos los que apoyen a la abanderada indígena.

 

Concluyeron que de no ser electa Agustina García de Jesús como la candidata, el POS y Agustina se sumarán con entusiasmo en la campaña de la que sea designada en su lugar, debido a que consideran que la campaña electoral femenina e indígena puede servir para promover la organización popular y hacer resonar la voz del pueblo.

Más de 1100 jornaleros agrícolas sufren de trata y explotación laboral

 

 

Foto:Erik Salinas

Por Viridiana Ramírez

 

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que tan sólo en los años 2015 y 2016 se tiene un registro de 1,100 personas jornaleras en condiciones de explotación laboral, de las cuales 152 son niñas y niños, y el gobierno ha hecho caso omiso.

 

Señalaron que el 30 de septiembre, a través de una denuncia anónima de un jornalero, se reveló la situación de esclavitud en el campo agrícola “Nidia Edith” en Coahuila. Vida insalubre, alimentación deficiente y maltrato verbal eran las condiciones en las que tenían que trabajar.

 

Informaron que según datos del INEGI un 80% de hombres y 72 % mujeres jornaleros no cuentan con prestaciones laborales; sin embargo un trabajador jornalero en promedio trabaja 48 semanas al año y más de 8 horas diarias.

 

Proponen que exista un registro actualizado de la población jornalera en México que permita diseñar políticas integrales que atiendan las necesidades de la población.

Los prestanombres de Roberto Borge en Quintana Roo

Por Pablo Galicia

 

La asociación ciudadana Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo, presentó denuncias en contra de presuntos prestanombres de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, quienes conformaron la sociedad Isla Cabañas.

 

Señalaron que dentro del Consejo de Administración de Isla Cabañas se contó con la posible participación de Luis Alberto Sierra Sauri (hijo de la exgobernadora de Campeche, Dulce María Sauri).

 

Informaron que dentro del contrato de compraventa se contempla un terreno de 15 mil 772 m2, cuyo precio se fijó en ocho millones de dólares y en el cual interviene la Corporación Hotelera Hispano Mexicana como vendedora y como compradora Isla Cabañas, esta última representada por Juan González Angulo y Edgar Manuel Méndez Montoya, los cuales utilizaron el predio adquirido para construir “The Westin Cozumel”, un hotel que se encuentra en la etapa final de acabados y el cual es operado por la firma Starwood.

 

La asociación denunció que ninguno de los implicados reporta los ingresos requeridos para llevar a cabo dichas operaciones, tal como se demuestra en los datos de ingresos reportados al SAT por ellos mismos, pero sí se tienen nexos con personajes dentro del gobierno; tal es el caso de Juan González, tío de Félix González, exgobernador de Quintana Roo.

 

Mencionaron que interpondrán denuncias en contra de María Rosa Yolanda Angulo Castilla por la cesión de una fracción de terreno de 111,763.81 m2 a favor de Siyenat del Caribe representada por César Celso González Hermosillo y Melgarejo que se encuentra dentro de la Reserva Territorial del IPAE.

 

Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo pedirá que se investigue a María Rosa Yolanda Angulo por el pago de $15,367,752.39 que realizó al IPAE por el terreno y de $1,536,752.39 por titulación y gastos de administración, debido a que esta persona, quien es madre del exgobernador Roberto Borge, no cuenta con ninguna actividad que le permita obtener ingresos para solventar las cantidades mencionadas.

 

Así mismo realizaron otra denuncia en contra de Darío Flota Ocampo, Director General del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y Cozumel, por haber firmado cheques por un monto aproximado de siete millones de pesos y que se expidieron a empresas “fantasma” dentro de las cuales se encuentran Grupo Sfera Soluciones Inteligentes y Training and Marketing Specialist.

 

Reforma energética: avalar el despojo

Por Ixchel Cisneros Soltero y Eduardo Espinosa

 

Con la declaratoria de utilidad pública y la figura de “servidumbre legal”, la recientemente aprobada reforma energética abre la posibilidad de violar los derechos humanos de los habitantes de las comunidades donde empresas y gobierno extraigan hidrocarburos, según organizaciones de la Sociedad Civil como Fundar Centro de Análisis e Investigación, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace.

 

Aseguran que la Ley de Hidrocarburos da preferencia a la explotación de recursos naturales sobre los intereses y afectaciones de los habitantes o dueños del territorio. En su artículo 96 se lee: “las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”.

 

“Si una petrolera quiere llegar a un territorio, tiene primacía el interés económico que ello puede generar por encima de los derechos de las comunidades que están reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. La ley simula que va a respetar los derechos humanos, pero en realidad tiene artículos muy específicos que implican que estas actividades (económicas) serán preferenciales”, asegura Edmundo del Pozo, investigador de Fundar.

 

Con respecto a la “servidumbre legal”, ésta implica que el Estado podrá imponer limitaciones a las facultades que un particular tiene sobre su propiedad si en ésta existe un bien de uso público. Dicha figura se aplica, por ejemplo, cuando una refinería requiere pasar ductos por terrenos de particulares. La ley permite hacerlo aun cuando esto afecte los derechos y patrimonio de los ciudadanos.

 

Para el caso de los hidrocarburos, los especialistas de las organizaciones antes mencionadas señalan que, con base en esta figura, las compañías petroleras tendrán derecho a que su personal, maquinaria y “bienes de todo tipo” puedan transitar por terrenos de las comunidades; e incluso les daría el derecho a construir y mantener infraestructura en ellos y realizar obras y trabajos necesarios para el desarrollo y vigilancia de las actividades de esta industria.

 

Además, el Artículo 106 de la misma ley menciona que de no existir acuerdo entre una empresa y los dueños de la tierra, los primeros podrán “promover ante el juez de distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos”, lo cual podría darles las herramientas para restringir los derechos de los pobladores.

 

“El alcance de las servidumbres legales previstas en la reforma energética es equiparable a la de una expropiación, ya que se restringe el derecho de propiedad a los poseedores y propietarios y no hay opción de negarse a ceder o limitar su derecho”, dice un informe del Cemda titulado Posibles Impactos Ambientales y Sociales de la Reforma Energética, publicado en 2015.

 

La aprobación de la reforma energética y las leyes secundarias implica “avalar el despojo”, asegura Del Pozo.

 

Sobre las comunidades indígenas, el informe del Cemda asegura que las leyes secundarias tienen el “potencial de afectar los recursos, territorios y derechos en general de las comunidades y pueblos indígenas”. Sostiene que éstos no fueron consultados durante el diseño, elaboración y posterior aprobación de esta reforma. Afirma incluso que los derechos de estas comunidades a la propiedad, posesión y acceso preferente a los recursos naturales se verán afectados. En suma, perjudicará sus derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

 

Según el Artículo 121, antes de realizar la obra los gobiernos y/o empresas están obligados a presentar una evaluación “que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión social”. También deberán presentar una autorización de impacto ambiental realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

 

“En principio deben hacer una evaluación de impacto ambiental y otra social, además de la consulta (a las comunidades), pero sabemos la facilidad con que se aprueban estos proyectos sin tomar en cuenta las afectaciones reales”, asegura Del Pozo.

 

La ley de la ASEA, en vigor desde agosto de 2014, menciona que ésta es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, con autonomía técnica y de gestión. Su objetivo: regular y supervisar la seguridad industrial y operativa y la protección del medio ambiente en las actividades del sector hidrocarburos. De acuerdo en dicha ley, su director ejecutivo será “designado y removido libremente” por el titular del Ejecutivo Federal.

 

“Le quitaron a Semarnat la facultad de realizar la evaluación ambiental de manera directa y crearon una agencia especial que se subordina directamente al presidente (de la República)”, finaliza el investigador de Fundar.

El Congreso Nacional Ciudadano convoca movilización a los Pinos para exigir la renuncia de Enrique Peña Nieto

 


Por Viridiana Ramírez


Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano informaron que realizarán una gran marcha a los Pinos el próximo 21 de noviembre a las 5:00 pm en el Monumento a la Revolución con el fin de exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.

 

Expresaron que México se encuentra plagado de abusos, excesos, atropellos, engaños y abuso de poder pasando por encima del pueblo y han generado altos niveles de violencia, amenazas y reprensión a los ciudadanos.

 

Señalaron que les resulta indignante la insensibilidad del gobierno sobre la situación en la que se encuentran los mexicanos y aunado a esto quieren hacer un recorte presupuestal en 2017 en salud, educación y programas sociales.

 

Por lo anterior piden se unan a la marcha para exigir se destituya a Enrique Peña Nieto ya que no ha cumplido con la misión de llevar a la nación a un mejor funcionamiento y equilibro.

Trabajadores de Red de Transportes de Pasajeros denuncian imposición y violencia por su sindicato

Foto: Rita Furiate

Por Viridiana Ramírez

 

Trabajadores de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP), denunciaron que se les ha negado el derecho a elegir a sus dirigentes sindicales mediante el voto libre y secreto. Además, informaron que el pasado 21 de febrero en una Asamblea General Extraordinaria se les impuso al Secretario General, Hugo Manuel Bautista Martínez.

 

Comentaron que en la votación estuvieron vigilándolos y fueron intimidados con armas de fuego a opositores y que con menos de 500 asistentes y 250 personas ajenas a la organización armaron un acta llena de irregularidades y la imposición de Secretario, a pesar de que son miles de trabajadores los que conforman el sistema de trabajadores del RTP.

 

Agregaron que Hugo Manuel está en alianza con la administración de Laura Itzel Castillo y han acosado a los trabajadores que están en contra del secretario “castigándolos” moviéndolos de módulo o de centro de trabajo, haciendo cambios de turno, quitando descansos, retiro de prestaciones establecidas por contrato, becas y uniformes.

 

Expresaron que se encuentran preocupados por el bienestar de los trabajadores, debido a que ya existen dos demandas en contra de Hugo Manuel por acoso sexual a empleadas, una de ellas proviene de Magda Sánchez Quintana quien fue golpeada por “grupos de choque” conformados por el dirigente sindical el 27 de octubre, en la entrada de las oficinas sindicales ubicadas en avenida del Taller 367, reflejo del control desmedido del sindicato.

 

Mencionaron que todo se debe a un trasfondo, una supuesta alianza con el gobierno de la Cuidad de México que tiene como objetivo ejecutar planes de privatización de rutas que corren en las arterias principales de la cuidad y desaparecer al sistema M1 del servicio del metrobús.

 

Parteras exigen cero discriminación e incorporación a la salud materna

 


Por Cencos

 

La Confederación Internacional de Matronas (ICM), exigieron alto a la discriminación y falta de respeto a las parteras en México Además, pidieron cese a la obstaculización constante para que puedan proporcionar atención a mujeres y recién nacidos.

En conferencia de prensa, presentaron el informe : "Voces y realidades de las parteras: resultado de una consulta mundial sobre la prestación de atención de partería de calidad" en donde señalan las agresiones que experimentan las parteras por el personal médico y el cual afecta su capacidad de proporcionar atención a madres y bebes, aunado a esto, reportaron que sus salarios no son comparables con otros profesionales de salud orillándolas a buscar otros ingresos para sobrevivir.

Señalaron la necesidad de que se asegure a la partería como una profesión y se les tome en cuenta en la atención a la salud materna debido a los altos riesgos en que los centros de salud ponen a las futuras madres.

Al finalizar, hicieron una invitación al 4o Foro anual que realizarán el 17, 18 y 19 en el Palacio de la Escuela de Medicina en la CDMX con la finalidad de trasmitir el conocimiento, habilidades y procesos del modelo de partería a parteras, médicos y curanderos para ayudar a mejorar el desarrollo de partería en el país.


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