Centro Nacional de Comunicación Social AC

Comunicación para la defensa de los derechos humanos

Notas Cencos

Menor víctima de abuso sexual es puesta en estado vulnerabilidad por negligencia de las autoridades

Foto: Rita Furiate

Por Viridiana Ramírez

 

La abuela de una menor de 2 años víctima de abuso sexual, acompañada de asociaciones de la sociedad civil, denunciaron graves omisiones por parte de las autoridades en el proceso penal seguido en contra de Saúl Andoni Quintana Campos por el abuso de la menor.

 

Informaron que el 27 de junio de 2013 el padre de la niña, Mario Alberto Robles Domínguez, denunció ante el Ministerio Público que su hija había sido víctima de abuso, posteriormente se le realizaron peritajes psicológicos por Olimpia Gardea, psicóloga del Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de la Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero y por Cristóbal Galarza de la Paz, perito independiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los cuales determinaron que la menor sí había sido víctima de abuso sexual, sin embargo, Vicente Rodríguez, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, decidió absolver a su agresor sin tomar en cuenta los peritajes y el testimonio de la infanta, pues declaró que pudo haber sido manipulada o inducida por el padre.

 

Explicaron que la madre mantiene una relación sentimental con el agresor y continua viviendo con él, hasta el momento no ha presentado ninguna denuncia para la defensa de su hija, por lo que no la consideran una persona apta para su cuidado.

 

Manifestaron que están preocupados por el estado de vulnerabilidad en que han colocado a la niña y las consecuencias que puede traer dejar libre a su agresor, temen por la repetición del hecho y señalaron que este caso constituye una violación a sus derechos humanos reconocidos en la Declaración de los Derechos de la Niñez, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.

 

Por lo que exigen justicia, la protección más amplia para la menor, castigo al agresor y otorguen la custodia de la niña al padre con el fin de garantizar su seguridad.

 

Denuncian acoso laboral por parte de la CDHDF

 


 

Por Viridiana Ramírez

 

Adriana Carmona López quien fue directora de admisibilidad de la Dirección General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hasta que el pasado 7 de octubre, informó que fue despedida de manera injustificada después de haber sido víctima de acoso por parte de la Directora General, Ana Karina Ascencio Aguirre.

 

Tras el despido, Adriana comentó que se le ha acusado por el delito de robo de documentos, motivo por el que la dieron de baja a pesar de que no se inició ningún proceso legal. Aseguran que la destitución fue fundamentada en el artículo 100 del Estatuto del Servicio Profesional, sin embargo, dicho ordenamiento establece que las circunstancias deben ser valoradas por una instancia competente y no por un servidor público.

 

Expresó que han sido despedidas de manera injustificada alrededor de veinte personas, la mayoría formaban parte del Servicio Profesional, lo que pone a la CDHDF en una situación de incongruencia, ya que el principal objetivo de la institución es “ la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y el los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

 

Solicita la inmediata intervención de Consejo de la Comisión de Derechos para que se garanticen y respeten sus derechos laborales y se inicie un procedimiento apegado a la ley y se de seguimiento a la implementación del Protocolo de atención para casos de acoso laboral y hostigamiento, además, se erradique la violencia laboral, misma que ha creado un estado de incertidumbre para las personas que trabajan en la dependencia.


Comunidad politécnica exige se cumplan acuerdos realizados en 2014 y reconocimiento del congreso

 


 

Por Viridiana Ramírez

 

La comunidad politécnica informó que después de la huelga que dejó paralizado al Instituto Politécnico Nacional , la Asamblea General Politécnica y el Gobierno Federal han fallado a los acuerdos que habían pactado en 2014 y lo único que han hecho es realizar el Congreso Nacional del Politécnico, sin embargo dentro de este congreso no quieren reconocer a la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico (COCNP) como miembros a pesar de que estos fueron electos de manera democrática en sus diferentes instituciones para representarlos.

 

Señalaron que en septiembre se decidió que se discutirían las reglas que regirían a la comisión con 104 votos a favor mientras que 31 votos estaban a favor de la propuesta del Secretario General del IPN, esta consistía en que el comité debía estar formado por 5 representantes de la Dirección General y 5 estudiantes de la Asamblea General Politécnica a pesar de que escuelas, centros y unidades del IPN expresaron que debía de conformarse por 2 estudiantes, 2 docentes, 2 trabajadores no docentes y dos representantes de Dirección General bajo el principio de la integración paritaria. Aún así el 29 de septiembre en otra reunión los representantes de Dirección General denegaron la propuesta de la comunidad IPN y abandonaron la sesión.

 

Agregaron que aunado a la obstaculización que la Dirección General del IPN ha puesto a la COCNP, la falta de atención a las necesidades de la comunidades IPN, el incumplimiento de acuerdos y la negación de propuestas para la creación del Congreso Nacional del Politécnico, se han dado actos de represión, actas administrativas, ceses de profesores, 19 demandas penales en contra de la comunidad IPN.

 

Por lo que exigen a las autoridades del IPN dejen de ser un obstáculo para que la COCNP realice sus trabajos y acaten los acuerdos emanados en 2014, cesen a la manipulación de la de la opinión pública y se elija democráticamente a los integrantes de la Comisión Nacional del Politécnico.


 

Exigen cancelación del permiso emitido a Monsanto para siembra de soya transgénica

 

Foto: Rita Furiate

Por Viridiana Ramírez

 

El Colectivo de Semillas Much' Kanan I'inaj y el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar informaron que por medio de un amparo buscan la cancelación del permiso que le fue emitido a la empresa Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica en aproximadamente 253,500 mil hectáreas.

 

Señalaron que la aprobación de este megaproyecto responde a un conjunto de intereses particulares que busca el control de las tierras y el territorio, y el despojo de recursos naturales a campesinos, principalmente en semillas, tierra, agua y alimentos.

 

Puntualizaron afectaciones como máquinas y pesticidas químicos que provocan la muerte de la flora y fauna, contaminación de mantos freáticos, contaminación de aire, gran riesgo de contraer enfermedades como el cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, microcefalia, anacefalia, las que demuestran que no es un problema de los habitantes de la península de Yucatán, sino de todo el pueblo mexicano.

 

Mencionaron acciones que planean realizar para defender su territorio que engloba acuerdos entre las comunidades, fortalecer el movimiento intercomunitario y prácticas agrícolas tradicionales, comunicar a la sociedad las denuncias por la imposición de mega protectos y el daño que están generando al país, organización de ferias de semillas y actividades culturales, seguimiento al amparo que se presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 


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