Por favor no olvidemos a las víctimas

Fuente: Ricardo Sepúlveda /
ADNPolítico.com

Las recientes cifras publicadas por el INEGI sobre homicidios ocurridos en el lapso de 2007-2011 han vuelto a convulsionar la consciencia nacional.

Son más de 95,000, lo que si multiplicamos por 3.9, como cifra promedio del círculo familiar, son casi 400,000 las víctimas directas e indirectas que han visto truncada o afectada su vida en lo que van de estos años.

En sí misma, la cifra es tumbativa y aunque algunas de esas muertes puedan ser atribuidas a la expansión del crimen organizado, se trata de homicidios y por lo tanto de delitos que debieron ser investigados y sancionados. Las cifras no dejan mentir, México es un país cada vez más violento y esto lacera los pilares de nuestra sociedad.

La violencia es la antípoda de la armonía, de la convivencia social, por esto es tan preocupante. Aún restan hacer muchos análisis para entender en toda su dimensión las causas de la escalada de violencia y los impactos que nos heredará.

La violencia es también un atentado contra la seguridad, entendida no como sistema sino como derecho –que es lo que verdaderamente es- ya que en sus componentes hay un elemento subjetivo de percepción que se ve sumamente afectado cuando crecen a la par el índice delictivo y la violencia. Por ello se puede afirmar que no hay seguridad que valga si no se abate la violencia.

Sin embargo, el tema de la violencia tiene una vertiente aún más importante: sus víctimas.

Lo más grave del legado que nos deja el clima de violencia que se ha generado en México es la inconmensurable cifra de víctimas en muchos campos y de muchos tipos de sufrimiento: víctimas de homicidio, de desapariciones forzadas, de desplazamientos, de secuestro; víctimas directas e indirectas; víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, y un largo etcétera.

De una manera llana podemos entender por víctima aquella persona que tiene un sufrimiento derivado de una injusticia, por eso la existencia de un gran número de víctimas es un indicador del nivel de injusticia que se vive en una sociedad.

No obstante, las víctimas son también una gran riqueza en una sociedad. Esto es duro decirlo y nunca debe entenderse como una justificación por mínima que parezca, sin embargo, es tan real como el sufrimiento de cada una de ellas.

La experiencia de las víctimas es la que muchas veces ha movido a la humanidad hacia grandes cambios y determinaciones. Uno de los que se puede citar es, por ejemplo, el movimiento mundial de los derechos humanos que surge a raíz de las vejaciones ocurridas en las guerras mundiales y los genocidios del siglo XX. La voz de las víctimas es la voz con mayor legitimidad.

De ahí que la presencia de las víctimas sea un impulso hacia la humanización para cualquier sociedad, la obligación de justicia que exigen compromete a todo el sistema social. Desde esta perspectiva es desde donde se debe entender la riqueza de la existencia de las víctimas para nuestra memoria histórica.

En la actualidad, en nuestro país enfrentamos esta realidad paradójica: el peso de las miles de víctimas y el impulso del deber de resarcirlas, el dolor de miles de hombres y mujeres, un gran número jóvenes o niños y la fuerza que genera su sufrimiento.

Sin embargo, la sola existencia de las víctimas no es suficiente para generar esta fuerza positiva, se requiere de un proceso de concientización social. Recordemos que una de las notas históricas características del tratamiento social hacia las víctimas, que por supuesto han existido en todas las épocas, ha sido su constante invisibilización, su ocultamiento. No sólo político, sino conceptual.

No es que las víctimas no hayan existido siempre, la diferencia es si se les ha reconocido o no.

El sufrimiento humano debe generar un mejoramiento en las conductas sociales cuando es reconocido como tal, asumido y procesado.

De aquí que uno de los más grandes riesgos que tenemos ahora en México es precisamente este, querer pasar la página muy rápido, olvidar la deuda de justicia,  concentrarnos en las soluciones y… lo más preocupante es que precisamente todo ello parece que está sucediendo.

Lo ocurrido recientemente en nuestro país con relación a la fallida Ley de Víctimas es un claro ejemplo de que la conciencia sobre la realidad de las víctimas es aún muy superficial. Sin afán de adentrarnos en los detalles de este proceso que ha llevado al enfrentamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, basta con mirar el resultado final: no existe una Ley de Víctimas, a pesar de que han transcurrido meses y años para resolverlo.

El proceso se ha movido gracias a los movimientos sociales de víctimas, que son un reflejo de lo que aquí decimos, pero la sensibilidad de las autoridades no ha sido consecuente, por ello cabe preguntarnos:

¿Por qué las iniciativas de ley de víctimas se impulsaron y presentaron desde los movimientos sociales y no así por las autoridades competentes?

¿Por qué se descuidaron detalles de tiempo y forma en el proceso legislativo que orillaron a que se perdiera la oportunidad de contar con una ley de víctimas?

¿Por qué las iniciativas se presentaron cuando ya era patente los reclamos nacionales e internacionales a favor de las víctimas y no antes?

¿Por qué se habló tan poco o casi nada de las víctimas durante las campañas electorales?

¿Por qué finalmente ha costado tanto trabajo lograr un consenso general para poner un memorial significativo para y de las víctimas?

Casi todas estas preguntas nos llevan a una sola respuesta: no tenemos aún suficiente conciencia social –y esto involucra primeramente a las autoridades- sobre las víctimas en México.

Cualquier sociedad, si quiere crecer sobre bases de justicia, tiene que reconocer, asumir y resarcir a sus víctimas. México tiene esta deuda y esta fuerza que debe saber atender.

La perspectiva de las víctimas deben ser el catalizador de la política pública de seguridad en este momento de transición.

NOTA DEL EDITOR:

Ricardo Sepúlveda Iguíniz es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, licenciado por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Es también director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad, profesor de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Anáhuac, conferencista, consultor y ex funcionario de la Secretaría de Gobernación.

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27 de septiembre e 2012

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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