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Ley contra la trata de personas en México, retrasada e incompleta
México D.F., 9 de febrero de 2010 (Cencos).- La trata de personas, es un problema social global. Considerada como la “esclavitud moderna”, esta actividad ilícita es bastante antigua, en contraste, ha resultado una novedad en materia de impartición de justicia, investigación, legislación, y tipo penal para el gobierno mexicano, mismo que avanza a paso lento en las tareas de prevención, sanción y erradicación de este delito.
La trata abarca diversas formas de explotación y a diversos sectores sociales. En México el crecimiento del fenómeno de la trata de personas ha sido cada vez más visibilizado; sin embargo el fortalecimiento de las redes del crimen organizado, y el lento avance sobre el marco jurídico para la sanción de este delito hacen que el problema despunte en la agenda de pendientes de la defensa de los derechos humanos México firmó el Protocolo de Palermo contenido en la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional el 13 de diciembre del año 2000. En él, se define de manera integral el término trata de personas como: “la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, para propósitos de explotación. Incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Sin embargo, en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, expedida en noviembre de 2007, a siete años de la firma de la Convención y a cuatro años de la ratificación de la misma en marzo de 2003, presenta inconsistencias que dificultan el acceso a la justicia, y dejan en una grave situación de indefensión a las personas adultas (mayores de 18 años) víctimas de trata en nuestro país.
Mónica Salazar, coordinadora del Colectivo Contra la Trata de Personas en México, explicó en entrevista, que si bien esta ley contiene algunos elementos en materia de persecución, sanción, y asistencia; el tipo penal que contempla, “es muy general y amplio, lo que dificulta a los ministerios públicos, al momento de integrar la averiguación previa, comprobar los medios y las finalidades con los que las personas han sido sometidas a la trata en cualquiera de sus formas”.
Aunque el Protocolo de Palermo hace hincapié en que el consentimiento de la persona sometida a trata, resulta irrelevante para el proceso penal, ya que como afirma Mónica Salazar “ninguna persona consiente en realidad ser explotada”, la ley mexicana contra la trata en el artículo 5° deja a las personas adultas en un vacío legal que las vulnera aún más, ya que pide como requisito comprobar los medios comisivos, esto es, comprobar que hubo violencia física o psicológica, fraude, amenaza, engaño, cualquier medio de intimidación o coerción que evidencie que el “consentimiento”, fue viciado, no así en el caso de niñas niños y adolescentes, “con los menores de edad es más fácil acceder a la justicia, ya que estos no tienen que comprobar los medios comisivos”, así como las personas que no tengan la capacidad de comprender el hecho o para resistirlo, “lo cual es muy ambiguo”, señaló Mónica Salazar.
Este vacío, -comenta la experta- es uno de los principales impedimentos para acceder a la justicia ya que el “enganche” o los modos que emplean los grupos delictivos, no son fácilmente comprobables, “si un persona fue sometida a violencia física hace seis meses y luego se presenta la denuncia, a primera vista no se van a encontrar elementos que lo comprueben, tiene que emprenderse un proceso de peritaje mucho más complejo, donde las averiguaciones previas no están bien integradas por el ministerio público y en general, no se tiene una buena entrada al proceso, es aún más difícil comprobar modos sutiles, como el engaño o el abuso de poder.
Una de dos, sí hay conocimiento del tema pero no pueden integrar una averiguación, o no conocen el tema y deciden hacer una persecución por otro delito parecido a la trata de personas como podría ser el lenocinio, mismo que tiene una pena más baja”. Si bien se han tomado medidas en cuanto a la prevención y atención a víctimas de este delito de manera externa, como el refugió de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), que hasta mediados del año pasado abrió sus puertas para brindar estancia y alimentación, entre otros servicios, y que trabaja de cerca con el Instituto Nacional de Migración que ayuda a víctimas extranjeras a través de regular su estancia en México y con lineamientos de repatriación de extranjeros y connacionales a territorio mexicano, no se ha logrado hacer una sistematización de estas medidas para medir su impacto y se ha trabajado desarticuladamente.
La ley contiene dos lineamientos claves para la erradicación de este delito, uno establece la creación de una comisión intersecretarial que tendrá como objetivo principal crear un programa para la atención y la prevención entre todas las dependencias de gobierno, el otro, la creación de una base de datos para su registro y estudio. Sin embargo, aún no se cuenta con un programa estructurado como tal, por lo tanto no hay dependencias que tengan lineamientos de atención específicos, y tampoco se cuenta el registro de personas sometidas o en riesgo de trata.
La trata de personas no solamente implica la explotación con fines sexuales, laborales, servidumbre, esclavitud y tráfico de órganos, está ampliamente relacionado con la migración interna y externa en nuestro país, también con condiciones de pobreza y pobreza extrema, aunque no excluye a los estratos con altos índices de desarrollo económico, los grupos con mayor vulnerabilidad siguen siendo mujeres, niñas y niños. Según se observa desde la sociedad civil, la única perspectiva sobre el tema, se relaciona con la delincuencia organizada “partiendo de ese rubro hablamos de que muchas de las disposiciones contenidas en la ley van encaminadas hacía sancionar o perseguir la delincuencia organizada, más no tienen una perspectiva de derechos humanos, se actúa entonces de manera aislada y se desatienden las principales causas del delito.
Por un lado, no se ha logrado hacer una análisis formal vinculado con la violencia hacia las mujeres, tampoco implementar buenas disposiciones en el tema de protección a la infancia, no se ha trabajado de modo transversal en los problemas socioeconómicos y culturales de nuestro país, muestra de ello, es la ignorancia tanto de la sociedad como de las autoridades sobre tema como un elemento clave para su repetición”, sostiene Mónica Salazar.
Por este motivo, las organizaciones Infancia Común, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C., el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. y la Universidad Iberoamericana, Puebla, impulsan el Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de personas Migración, Género y Derechos Humanos, en el que se abordara este tema desde la migración, la violencia de género, la explotación sexual y laboral comercial infantil, legislación, políticas públicas y acceso a la justicia, terminando con un espacio para experiencias y propuestas desde la sociedad civil.
Por otro lado, El Colectivo contra la trata de personas, grupo de organizaciones que participará en este congreso, también ha realizado labor mucho más cercana con los medios de comunicación, para incidir desde una perspectiva más sensible hacía la víctima en el manejo informativo, y estrechar lazos para que desde la sociedad civil y medios de comunicación se logre informar ampliamente sobre la trata de personas. Actualmente existen organizaciones que brindan asistencia jurídica, integral psicológica y albergues, sin embargo, no se cuenta con ningún acuerdo o instrumento jurídico para que la sociedad civil logre participar directamente en el tema. Se pretende que este año sea publicado el programa “y poder trabajarlo activamente, en la sociedad civil creemos primordial que se nos incorpore”.
Centro Nacional de Comunicación Social

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