Poblaciones callejeras, víctimas de “limpieza social” denuncian OSC

Instan a empresas a no ser cómplices y asumir códigos de ética

México D.F., 14 de diciembre de 2009 (Cencos).- Desde mayo pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió una queja por parte de la asociación civil Caracol, organización que trabaja con poblaciones callejeras desde hace 10 años y que ha denunciado la carencia de políticas públicas para atender a este sector y sobre todo la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos de las personas que viven en la calle.

La denuncia fue sobre la posible participación de policías y funcionarios públicos de las delegaciones del Distrito Federal en la captación de personas que viven en la calle para su incorporación a los llamados “anexos” o centros de detención de asistencia social privada en donde personas sufren explotación laboral y sexual, además de vejaciones y otro tipo de violación a sus derechos humanos.

Caracol denunció un proceso de “limpieza social” advirtiendo que el problema “es más grave de lo que se plantea” y rebasa el reciente caso en donde 105 personas fueron liberadas del centro de detención Los elegidos de dios, donde eran sometidas a ultrajes y explotación.

Juan Martín Pérez, director de Caracol, explicó que estos centros tienen una historia de por los menos 30 años de existencia, y que aunque en un principio nacieron con “buena voluntad” y con el consentimiento de los familiares de las personas que eran recluidas, su sistema, desde el origen, estuvo basado en el maltrato físico y en la humillación, luego, ante una carencia de políticas públicas y la falta de regulación jurídica, los centros fueron adoptando prácticas vejatorias y violatorias a derechos humanos en contubernio con las autoridades. Estos centros conocidos como “anexos” hicieron un negocio basado en la explotación laboral y sexual de los internos mismos además sufren condiciones de esclavitud en trabajos de hasta 14 horas en maquila y fabricación de bolsas y otros objetos para empresas como Liverpool, El Palacio de Hierro, GAP y Telcel, entre otras.

Dada la exigencia de que el Estado vigile, garantice derechos humanos y regule a estas casas de “asistenta social privada” y de que asuma su obligación de ser quien otorgue estos derechos a la población, y del destape sobre esta problemática que hizo Caracol, la organización ha sido víctima de hostigamiento y amenazas, de igual manera los testigos y personas que han denunciado los hechos.

Ante la situación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 23/09 específicamente a las jefaturas delegacionales en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc en la que se insta a brindar una capacitación adecuada a los mandos medios y superiores a ejercer su trabajo con base en el respeto a los derechos humanos de las poblaciones callejeras, hacer un trabajo conjunto con organizaciones para regular jurídicamente la atención a este sector de la población, así como hacer investigaciones pertinentes y dar seguimiento a los casos de violaciones de derechos humanos. Al respecto, en conferencia de prensa, también se enfatizó la necesidad de que el gobierno capitalino reconozca la existencia de una “limpieza social” para poder combatirla.

Sobre la “limpieza social”, Martín Pérez explica que ésta va acompañada de un proceso de criminalización de la población que vive la drogadicción y la pobreza, por lo tanto es doblemente victimizada y “lanzada a la calle” por este motivo. El activista explicó que anteriormente el fenómeno estaba acotado únicamente a “los niños de la calle” pero desde hace más de una década, van en aumento las poblaciones de familias enteras, personas de la tercera edad, adultos, e indígenas que migran de otros estados de la República buscando una mejor calidad de vida y que son explotados en estos centros de abuso.

La intención de la “limpieza social”, señala Martín Pérez, es desaparecer del paisaje urbano a “aquello que estorba en la vida pública y que es visto como población de desecho” y como un remedio que cubra lo que no ha sido resuelto a través de políticas publicas y una legislación correcta, como una manera de restarle responsabilidades al Estado para reconocer a estas poblaciones, así como una red de supervivencia y cultura propia. De este modo, los centros “levantan no solo a personas que tiene algún tipo de adicción sino a cualquier persona que por algún motivo vive en la calle”, el defensor de derechos humanos, advirtió que no puede hablarse de una sociedad democrática cuando el Estado no es capaz de reconocer a un sector importante de la población y “mucho menos de garantizar sus derechos.”

Por su parte, Clara Jusidman, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y presidenta honoraria de Incide Social, firmó conjuntamente con 38 organizaciones de derechos humanos un pronunciamiento al gobierno del Distrito Federal en el que se exhorta a poner en marcha el programa de derechos humanos para esta entidad y en específico el apartado que se refiere a la atención de poblaciones callejeras, así como a las empresas antes mencionadas a que asuman un código de ética, a que se posiciones como empresas socialmente responsables y sean reguladas para no incurrir ó ser cómplices de estas violaciones.

Asimismo, advirtió que el reciente caso de Los elegidos de Dios así como el caso de Casitas del sur “son solo la punta del iceberg” de una problemática de alcance nacional en la que los gobiernos en todos sus niveles, así como las procuradurías incurren ya sea en omisión o participación directa en estas violaciones, y que además responden de manera sistemática ante estas acusaciones con la descalificación de las organizaciones que han destapado el tema y de las personas denunciantes.

Gerardo Sauri, director de la Red por los Derechos de la Infancia, señaló por su parte que existe una criminalización de la adolescencia, misma que tiene cerradas oportunidades educativas y laborales y que además no cuenta con espacios de dialogo y participación cultural y social, lo que la vuelve vulnerable a redes de crimen organizado, y así son blanco fácil para la prostitución y el narcotráfico.

Por su parte, la organización Melel Xojobal , quien trabaja con la infancia y juventud en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, denunció el clima de hostigamiento por parte de las autoridades locales que sufren las poblaciones indígenas adulta e infantil que labora en la calle, así como una persecución a jóvenes graffiteros, por quienes se ofrece una recompensa de cinco mil pesos a quien los denuncie, así como la persecución de colectivos de cultura que hacen trabajo en las plazas o en los semáforos, advirtió también que defensores de derechos humanos que trabajan con estos sectores han sido agredidos por autoridades locales.