Oaxaca: hundida en la impunidad, corrupción, violaciones a los derechos humanos y descomposición social

Difusión Cencos México D.F., 10 de diciembre de 2009

Boletín de prensa
BARCA-DH

*A 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Reunidos en el encuentro entre el Consejo Consultivo, Directiva y Promotores de nuestra organización, después de reflexionar ampliamente sobre la situación que vive nuestro estado y ante la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de octubre del año 2009 y con relación al V informe del gobierno del Estado, el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. hace público su posicionamiento:

1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de una amplia investigación, que es una obligación que les marca el Art. 97 de la Constitución, resolvió que el gobernador del Estado de Oaxaca fue responsable de graves Violaciones a los Derechos Humanos, Corresponde ahora el turno al poder legislativo por obligación responder a la ciudadanía; la historia registrará cómo enfrenten la gran responsabilidad que tienen. De quienes integran este poder depende dejar los hechos impunes u optar por llevar a cabo un juicio político a quien ha violentado los derechos humanos durante su gestión para que sea castigado de manera ejemplar y se rompa la cadena de impunidad y corrupción.

2. Como organización nos tocó en su momento documentar violaciones graves a nuestros derechos. Otras instituciones nacionales e internacionales también se sumaron con sus análisis y recomendaciones (la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Amnistía Internacional, la Comisión Civil de Observación) por mencionar algunas. Sin embargo, están pendientes los saldos que dejó la inconformidad social y la represión del gobierno y las preguntas vigentes: ¿cuál es la situación en que viven las viudas, huérfanos y desamparados que son los directamente afectados por el abuso de la fuerza pública que actuó con brutalidad y en exceso? ¿En qué ha quedado la reparación del daño a las víctimas de la represión? ¿Qué ha sucedido con los grupos de choque que han persistido con la división en las comunidades gozando de la anuencia del gobierno sin que el Estado garantice el derecho a la paz y la seguridad en las mismas? Para nadie en Oaxaca es un secreto: Ulises Ruiz ha continuado con un ejercicio de poder Autoritario, Caciquil e Inhumano; aunque lo disfrace y lo encubra con obras de cemento.

3.- El Estado y el gobernador del Estado de Oaxaca es Violador de Derechos Humanos por que es a él a quien le compete garantizar nuestros Derechos Humanos.

4. En su V Informe que emite el Gobierno del Estado de Oaxaca queda en evidencia que es un gobierno para su grupo, con un proyecto explícito de apropiación del territorio para hacer del pueblo de Oaxaca una dictadura. Es inconcebible que sólo entiendan el “desarrollo” como construcción de hospitales, carreteras, escuelas, etc., obras que reflejan lo vano y material que tienen en su pensamiento y corazón para con el pueblo de Oaxaca. ¿Dónde está el reclamo ancestral de los ciudadanos de JUSTICIA, SEGURIDAD, CONSULTA, INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD de quienes se supone están al servicio del pueblo que es quien paga con sus impuestos los descarados sueldos, casas, guaruras y lujos que ostentan? Un Gobierno que se encierra en un Museo para informar sobre su gestión; mientras afuera se queda el pueblo; alejado de la frialdad y el descaro con que se aplauden, alaban sus obras y sobre todo, observa cómo se distribuyen el botín. Bien dice el pueblo: “la cárcel llena de indígenas y pobres, y los delincuentes libres, gozando y burlándose de todos”.

5.- Cuando promovió su candidatura para Gobernador su slogan era: “Seguridad y Empleo” hechos incumplidos y con un alarmante incremento de la inseguridad y violencia donde todos los ciudadanos/as estamos en alto riesgo. La violencia es el síntoma más visible de la ausencia de un estado de derecho. Es inaceptable que en espacios pensados y creados para el sano esparcimiento se den actos que culminen en agresiones, daños a la propiedad, robos, tráfico de drogas, violaciones y ejecuciones.

La violencia obliga a la población a cambiar sus hábitos, a vivir bajo la incertidumbre y el temor constante. En la medida en que la violencia generada y tolerada por el Estado se incrementa, la ciudadanía se siente legitimada para ejercer las mismas formas de violencia como medio de defensa; es decir una sociedad que se siente autorizada para comprar, portar y usar armas de fuego para “su seguridad” y lo comprobamos a diario en las notas que publican los medios informativos sobre lo que pasa en las comunidades indígenas y en todo el Estado de Oaxaca.

La seguridad no se concibe mediante el ejercicio de la violencia sino desde la clara consciencia de las autoridades y de los ciudadanos por el respeto a los derechos humanos.

En Oaxaca son nulos los compromisos asumidos con organismos internacionales de Derechos Humanos y por mencionar alguno recordamos lo que dice el coordinador general del informe del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) sobre Desarrollo Humano para América Central 2009 – 2010, Hernando Gómez Buendía, ha dicho que “La seguridad es un derecho de todos y el Estado tiene el deber de proveerla. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay desarrollo humano. La seguridad es una parte esencial de la estrategia de desarrollo de los países y de las ciudades”.

Por ello a más de sesenta años de contar con una Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, donde los que gobiernan tienen la total responsabilidad de cumplir con las condiciones necesarias para garantizarlos, EXIGIMOS:

1. Al poder legislativo, iniciar juicio político contra Ulises Ruiz y todas aquellas autoridades estatales y federales que violaron los derechos humanos durante el movimiento social en 2006 y 2007.

2. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos que de seguimiento a su recomendación 015/2007 de fecha 31 de Mayo del 2007 y constate que se repare el daño a las víctimas de violación a los derechos humanos.

3. A las Instituciones responsables de procuración de justicia cumplir con sus funciones para erradicar la impunidad y corrupción de las autoridades.

4. A la ciudadanía en general y a las organizaciones que no quitemos el dedo del renglón hasta lograr una sociedad democrática, incluyente, justa y transparente.

Diciembre 9 del 2009.

“POR UNA VIDA DIGNA, JUSTA Y HUMANA”
CENTRO REGIONAL DE DERECHO HUMANOS
“BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO” A.C.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos