La OACNUDH se reúne con la indígena Otomí Jacinta Francisco Marcial

El Representante en México de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, visitó en el CERESO Femenil de San José el Alto a la señora Jacinta Francisco Marcial, indígena de origen ñhä-ñhú (otomí), detenida desde el el 3 de agosto de 2006, quien fue acusada de participar en la privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, en contra de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

El caso de señora Jacinta evidencia las dificultades que representa para las mujeres indígenas acceder a un sistema de justicia que garantice su derecho al debido proceso, como el derecho a contar con un perito traductor, a que se respete su presunción de
inocencia, y a no ser sometido a una indebida dilación en el proceso, entre otros. Asimismo, muestra los efectos negativos que implica utilizar el sistema penal como instrumento para resolver conflictos sociales.

En ese sentido, la Oficina expresa su preocupación por que el sistema penal pueda generar patrones de discriminación que tienen especial impacto en la población indígena, particularmente en las mujeres. En el Diagnóstico sobre la situación de los derechos
humanos en México se señaló que “precisamente en el campo de la procuración y administración de justicia se expresa mayormente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, quienes denuncian ser víctimas de discriminación, vejaciones y abusos.”

El artículo 12 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que “los Estados parte “deberán tomar medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan
comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.”

Luego de haberse entrevistado con la señora Jacinta y con la licenciada Norma Patricia Valdés, Delegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en Querétaro, la Oficina exhorta a las autoridades competentes a realizar una valoración exhaustiva de las
irregularidades procesales detectadas en la Recomendación 47/2009 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a fin de respetar los derechos del debido proceso en favor de la señora Jacinta Francisco Marcial y de sus coacusadas en el
proceso penal, las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González.

La Oficina reconoce la decisión de la PGR de presentar conclusiones no acusatorias en el caso de la señora Jacinta lo cual, de concretarse como es esperado, podría permitir su pronta excarcelación. Asimismo, confía en que agilizará el desahogo de las diligencias pendientes en el proceso penal con el fin de que concluya en el menor plazo posible. Confía también en que esta decisión implique la revisión de los casos de las señoras Alberta Alcántara y Teresa González.

Un dato relevante en este caso ha sido la importante labor que las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos han desempeñado. Sin el acompañamiento jurídico y la red de solidaridad generada en torno al caso, es posible pensar que este caso hubiera pasado inadvertido como otros muchos casos que existen en el país.

La Oficina espera que habiendo recuperado su libertad, las señora Jacinta, y en su caso, las señoras Alberta y Teresa puedan acceder a mecanismos legales para demandar la reparación por las violaciones a sus derechos humanos, así como que las autoridades
mexicanas puedan tomar las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan.

Querétaro, Qro. 10 de septiembre de 2009.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos