Intervención Oral de Conectas Dereitos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

En nombre de Conectas Dereitos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, agradecemos esta oportunidad para manifestar nuestra preocupación por las recomendaciones pendientes de aceptación por parte de México en el contexto del EPU, en particular, la recomendación relativa al restablecimiento de la Fiscalía Especial o de un mecanismo similar para la investigación de los delitos del pasado.

Un elemento común a las recomendaciones pendientes de aceptación por México es su relación con la impunidad estructural en casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando éstas son cometidas por integrantes de las fuerzas armadas.
Durante los años 60 y 70, el Estado mexicano implementó una política de represión de los movimientos de disidencia social y política, especialmente a través del ejército.

La represión dejó un saldo aproximado de 1,200 personas desaparecidas a manos de las fuerzas de seguridad, de las cuales aún hoy se desconoce su paradero.
El Estado mexicano creó, en el año 2001, una Fiscalía Especial para investigar los delitos del pasado. En cinco años de trabajo, la Fiscalía dio como resultado sólo 24 juicios penales, de los cuales ninguno llegó a una sentencia final ni a la sanción de los responsables.

A pesar de la falta de resultados, el 30 de noviembre de 2006, la Fiscalía fue cerrada. Con sus carencias, la Fiscalía Especial representó la única vía institucional abierta por el Estado para investigar los delitos cometidos en la guerra sucia. Actualmente, el presidente Felipe Calderón continúa sin asumir una postura sobre el futuro que tendrán las investigaciones que dejó pendientes la Fiscalía Especial.

El 7 de julio de este año tendrá lugar, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia del caso Rosendo Radilla, caso paradigmático de la falta de acceso a la justicia de las víctimas de los delitos del pasado. El cumplimiento de la eventual sentencia de la Corte Interamericana en este caso, representa una nueva oportunidad para el Estado mexicano de dar solución a este problema y de demostrar una verdadera voluntad de dejar atrás las estructuras y prácticas de su pasado autoritario. Invitamos a los miembros del Consejo a acompañar a México en este proceso.

Ginebra, Suiza 11 de junio 2009