Dan a Ignacio del Valle 45 años más de prisión; a otros 10 integrantes del FPDT, más de 30

México D.F., 21 de agosto de 2008 (Cencos).- El juez Jorge Alberto Cervantes del Juzgado Primero de lo Penal ubicado en el Reclusorio Molino de Flores en Texcoco, Estado de México, dictó sentencia de 45 años a Ignacio del Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, por el delito de secuestro y ataque a las vías de comunicación. Con esta nueva sentencia, suman ya 112 años de prisión para el luchador social recluido en el penal de alta seguridad de Altiplano.

Además, sentenció con más de 30 años a otros 10 integrantes del FPDT, todos ellos recluidos en el penal de Molino de Flores desde su detención tras los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. Antes del fallo se dio un despliegue policiaco en los alrededores del penal, en la carretera que lleva al mismo así como en la comunidad de San Salvador Atenco y en el campamento permanente del FPDT afuera del penal, donde llegará en próximas horas una marcha de la organización.

Ante esta delicada situación, los integrantes del FPDT han asegurado que esta injusticia no los hará callar y seguirán denunciando la falta de justicia para sus compañeros así como la violación a los derechos humanos de los hombres y mujeres que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad pública de todos los niveles de gobierno, afirmó Maria Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle,

La condena de 67 años que actualmente purga Ignacio del Valle en el penal de máxima seguridad del Altiplano, se debió al delito de secuestro equiparado por la retención de funcionarios de gobierno entre febrero y abril de 2006 y fue imputada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

El FPDT surgió en 2001 cuando el entonces presidente de la República, Vicente Fox, intentó expropiar las tierras ejidales de dicho municipio para la construcción de un aeropuerto internacional sin consultar a la población de la zona Texcoco-Atenco que serían afectados y esgrimiendo argumentos como “se sacaron la lotería”.

Ante este intento de despojo por parte del gobierno mexicano los y las pobladoras de la región se organizaron en el FPDT e impidieron el avance del proyecto. Más tarde, en mayo de 2006, la organización apoyó las protestas de un grupo de floricultores y cerró una carretera federal. Ante esto hubo una reacción desmedida por parte de las fuerzas de seguridad pública que tuvo como desenlace la muerte de dos estudiantes, la detención, tortura (física y psicológica) de hombres y mujeres, activistas y defensores de derechos humanos.

En un marco de discusión pública sobre la crisis de la seguridad y el acceso a la impartición de justicia en México, este hecho deja claro que la justicia no esta diseñada para aquellos y aquellas que disienten de las decisiones de gobierno, y que son castigados y castigadas utilizando el marco del estado de derecho desde el cual se vulneran los derechos humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.