El uso de seguridad privada en infraestructura estratégica violaría derechos humanos: CESP

México D.F., 21 de julio de 2008 (Cencos).- Poner en manos de compañías privadas la seguridad pública, implica la violación del derecho humano a la seguridad, sostuvieron expertos del Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP), en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde se presentó el estudio La invasión de empresas militares privadas como parte de la privatización petrolera.

“La seguridad es un derecho fundamental del ser humano, y la seguridad nacional es la conjunción de ese derecho individual transformado en colectivo, nosotros no podemos poner en riesgo el derecho de la seguridad para convertirlo en una mercancía” dijo José Suárez del Real, integrante del consejo consultivo del CESP durante el evento donde también se dio a conocer al CESP como organismo de la sociedad civil.

Adolfo Miranda, presidente del CESP, presentó dos escenarios posibles bajo los cuales se podría privatizar la seguridad publica en México. El primero supone la llegada de las compañías contratistas en su mayoría estadounidenses (Blakwater, Kellogh, Brown and Roth, Globlal Risk, Skycoleman, Dincorp, también llamadas de mercenarios) para asumir la protección de infraestructura estratégica vinculada al petróleo de aprobarse la reforma energética actualmente en discusión, para después ocupar otros ámbitos de la seguridad publica mexicana; el segundo y menos probable, es que se implantará un modelo como el que actualmente opera en Ecuador donde la trasnacional española Repsol contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano para que asumiera la función de vigilar sus instalaciones desvirtuando así el propósito de la institución militar en aquel país debido a que responden a las órdenes de la empresa petrolera extranjera y no a los intereses de su nación.

Ninguno de estos escenarios “son compatibles con el estado democrático de derecho”, aclaró Miranda, “por que no es legítimo que un ciudadano de un país interfiera militarmente en otro país sin el control del gobierno, es decir, hay una discusión en el escenario público de qué se hace con la fuerza civil, la fuerza la usa y la utiliza quien la puede pagar y así se protegen los intereses privados sin respetar la ley”.

Bajo ese escenario ya se pueden identificar casos de actividades de este tipo de empresas en nuestro país. Este mes se expuso en medios de comunicación el entrenamiento en tortura que recibían cuerpos de la policía de León, Guanajuato, por parte de la empresa Global Risk, y en agosto de 2007 un diputado veracruzano filtró que se pretendía contratar a las empresas Skycoleman Co. y Blakwater para vigilar infraestructura en el puerto de Veracruz. Además, este último grupo de seguridad militar privada inició el mes pasado operaciones de adiestramiento de un equipo Swat en San Diego, Estados Unidos, a sólo 500 metros de la frontera con México.

A estos casos se suman la contratación para la vigilancia de algunos ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por parte de la Compañía Logística de Hidrocarburos, cuya casa matriz se localiza en España, sin importar que según la Ley de Seguridad Nacional se designe esta función a los cuerpos de seguridad nacional y que de hecho la Gerencia de Seguridad Física de la paraestatal esté a cargo tradicionalmente del Ejercito Mexicano.

Esto resulta preocupante además por que México tampoco cuenta con leyes que puedan regular esta actividad mercenaria internacional “está mucho menos regulada de lo que está en EU. En México no tenemos absolutamente ninguna disposición en materia de compañías privadas de seguridad militar […], no hay ningún control o mecanismo con respecto a estas empresas”, aclaró Victoria Unzueta, asesora del CESP y coautora del primer informe de este centro.

Alfonso Miranda recordó que sí “hay un consenso internacional para inhibir y frenar esta acción” de empresas privadas de seguridad militar, pero México no lo ha adoptado. Se trata del establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1989 en la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

En el convenio se cataloga como delito las actividades de mercenarios y también prohíbe a los Estados Parte a contratar este tipo de servicios y los obliga a tomar medidas factibles para que se eviten este tipo de actividades dentro de sus fronteras, esto debido a “que se utilizan, reclutan, financian y entrenan mercenarios para actividades que quebrantan principios de derecho internacional tales como los de la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos”, como lo establece la declaración de la Convención que nuestro país no ha ratificado y por tanto desprotegido.

“Estas empresas están avanzando de forma importante hacia México” y el petróleo es sólo la punta de la madeja, advirtieron los integrantes del CESP.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos