Inútiles los recursos para seguridad pública sin evaluación que exija cumplimiento: CESP

Medidas como el Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad no sirven de nada por su falta de implementación práctica en la ley, señaló Adolfo Miranda, presidente del Centro de Estudios en Seguridad Publica (CESP). “Los acuerdos sirven pero es mejor que sean obligaciones de ley”, sostuvo al presentar una iniciativa ciudadana para reformar el Sistema Nacional de Seguridad Publica (SNSP).

La problemática más urgente a atender en el ámbito de la seguridad pública en México es la necesidad de crear un vinculo legal entre la asignación de presupuesto a los distintos organismos encargados de la seguridad publica y el cumplimiento de las metas que a cada uno se le asigne. “Los programas estatales de seguridad publica no tienen metas, tienen buenas intenciones, discurso. Una meta es cuantificable y evaluable, tiene un plazo y tiene un responsable. Si no tienes metas entonces no mereces que te den dinero, no estas diciendo que vas a hacer con los recursos públicos”, expuso Miranda.

Subrayó que actualmente se observa más que los objetivos de los programas hayan sido realizados mas no que estos objetivos sean eficaces para conseguir la meta, “lo que hay que medir son los resultados […] hay que medir que haya un impacto en la incidencia […] el cumplimiento de metas y las reglas de operación de los cambios federales deben ser enviadas a la cámara de diputados para su evaluación y ponderación en el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal”.

Como parte de esta urgencia, por tanto, es necesaria la creación de un consejo nacional de seguridad pública que incluya a los poderes Legislativo y Judicial; la ausencia de éste último “significa que la responsabilidad de los procesos penales no se discuten. Tampoco esta el poder Legislativo y debe de estar por que tiene dos tareas fundamentales: autoriza presupuestos, reparte dinero para el sistema, y es quien tiene la capacidad para modificar el marco legal. Si tenemos una discusión sin el poder judicial y el legislativo pues la verdad es que tenemos una discusión de autoconsumo”.

La inclusión de los otros poderes permitirá que se creen leyes y “la única forma de que se cumpla lo que se demanda es que quede como obligación de ley y nosotros como ciudadanos podamos decirle al gobierno cumpliste o no cumpliste con la ley, y ese sea nuestro primer referente”.

La iniciativa ciudadana de reforma surge porque el actual sistema de seguridad pública se mantiene desde hace 14 años. En 1997 el SNSP gastó 2 mil 200 millones de pesos y tan sólo 10 años después el presupuesto llega a 27 mil millones de pesos sin que esto haya significado en lo absoluto una disminución de los ataques a la seguridad publica.

Otra de las críticas que esta propuesta del CESP lanza al actual SNSP, además de su carácter de compromiso en vez de obligación legal, es que en los presupuestos se debe destinar al menos 15 por ciento para la prevención social del delito, y que la forma más eficaz de atacarlo es evitar su existencia.

Respecto a la transparencia, la reforma democrática al sistema de Seguridad debe entregar cuentas a la sociedad de manera constante. Se propone que haya un censo mensual, que no anual como lo propone Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo federal, con el registro de personal, equipo y armamento de los cuerpos de seguridad y en caso de no actualizarse y ser de libre acceso, que se castigue el incumplimiento. Además todos los sistemas de evaluación deben ser publicados con sus respectivas metodologías para que la sociedad civil pueda analizar la validez de dicho trabajo.

Destacó que el papel de la Secretaria de la Defensa Nacional así como de la Marina al interior del Consejo Nacional de Seguridad Pública debe ser de invitados “para que, sin desconocer su colaboración de seguridad pública, se aclare que su apoyo es de carácter excepcional y no permanente”.

El grueso de la iniciativa ciudadana para una reforma al SNSP contempla los temas de transparencia, rendición de cuentas, legislación y reglamentación de los mecanismos de operación de los cuerpos de seguridad para que sólo la comprobación de su eficacia pueda ser la base de las ampliaciones de programas y la clave de la permanencia de los servidores públicos en sus cargos.

Centro Nacional de comunicación Social AC