La Seguridad que queremos: Organizaciones Civiles de D.H.

Difusión Cencos México D.F., 28 de agosto de 2008

Boletín de Prensa

La Seguridad que queremos

Las últimas semanas han estado marcadas por la difusión de la inseguridad existente en el país y por la exigencia hacia los gobiernos para que tomen medidas al respecto; aunque debemos reconocer que la situación de violencia que vive nuestro país viene de bastante tiempo atrás.

Frente a esta coyuntura las organizaciones civiles dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos manifestamos lo siguiente:

Nuestras organizaciones apoyan la protesta social como una forma legítima de reclamo de derechos y hemos denunciado que en muchos casos se criminaliza la protesta social cuando ésta ha sido utilizada para reivindicar o exigir el cumplimiento de derechos. Al respecto llevamos a cabo diversas acciones, por ejemplo, la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” lleva adelante la campaña Protestar es un derecho, reprimir un delito, y en su fundamentación sostiene que “la protesta social es la expresión del descontento social ciudadano frente a decisiones en las que no han estado involucradas y/o que les desfavorecen o perjudican”.

Por tanto las movilizaciones convocadas para el 30 y 31 de agosto las entendemos como expresiones necesarias que llaman la atención respecto de un problema para el que no se han planteado soluciones que trasciendan las coyunturas de la emergencia.

La relevancia del tema se debe, en buena medida, a la atención y difusión que le han prestado los medios de comunicación. Lamentablemente el enfoque que se ha impuesto no es suficientemente plural ni garantiza que la ciudadanía disponga de información objetiva y de esa manera pueda participar realmente en este debate.

El tema de la seguridad pública ha dado lugar a la percepción de que las organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos son contrarias a los intereses de las víctimas de delitos. Lo anterior es totalmente falso, pues los derechos de las víctimas de delitos forman parte de los derechos humanos, en concreto el derecho de acceso a la justicia. En 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, en la que se “afirma la necesidad de que se adopten medidas nacionales e internacionales a fin de garantizar el reconocimiento y el respeto universales y efectivos de los derechos de las víctimas de delitos y del abuso de poder”.

Los derechos humanos de las víctimas de delitos siempre han sido parte de la agenda de los organismos civiles de protección de derechos humanos, por tanto ese debe ser el punto a partir del cual proponemos abrir un diálogo entre las organizaciones convocantes a las marchas y las organizaciones que suscribimos este documento.

Reconocemos que la participación de las víctimas de delitos y sus familiares es central, pero no puede ser la única; es indispensable que en el debate sobre seguridad pública y justicia se incorporen otras perspectivas, como la de las organizaciones civiles de derechos humanos, la de los académicos y especialistas.

Para la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los organismos civiles de derechos humanos no fuimos convocados, y en el Acuerdo ahí aprobado la perspectiva de derechos humanos estuvo ausente casi por completo, ya que sólo se mencionan un par de veces. Una como el último compromiso del Ejecutivo Federal: “XXVIII.

Incluir en los programas de estudio la cultura de la legalidad, el combate a las adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia.”; la segunda como parte de los compromisos de las Asociaciones Religiosas: “LXVI. Fomentar en sus programas de difusión, en sus edificios, en sus iglesias y en sus lugares de oración, la cultura de la legalidad y la seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia.”

Para las organizaciones civiles de derechos humanos es motivo de preocupación que el tema haya sido relegado a tal grado, y que no sea un componente central de todas y cada una de las medidas enumeradas, más aún cuando una seguridad efectiva para las ciudadanas y ciudadanos sólo puede construirse con absoluto respeto a los derechos humanos.

Este marcado desdén, creemos que manifiesta la concepción de seguridad que prevalece en el documento y en el debate dominante, que es la de la seguridad como un instrumento de limitación de derechos, algo de eso ya aparece en la reforma constitucional penal publicada en el Diario Oficial el 18 de junio pasado.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad establece un significativo número de compromisos, determina responsables y tiempos de ejecución; pero la totalidad de ellos adolece de precisiones en cuanto a cómo se van a realizar y ahí radica el punto nodal del debate, ya que cada medida puede servir para restringir o garantizar derechos humanos. ¿Cómo nos aseguramos que suceda esto último?

Las organizaciones de derechos humanos no queremos conformarnos con medidas coyunturales como el incremento de las penas, cambio de nombre a las policías o pedir mayor presupuesto. Hacemos un llamado para que la sociedad y las autoridades realmente empecemos a fundar las nuevas instituciones que necesitamos y que los gobiernos de alternancia se han negado a construir.

Desde nuestra perspectiva es indispensable generar un debate plural e informado de cómo construir una seguridad efectiva para las y los ciudadanos. Estos son algunos aspectos fundamentales que se deben desarrollar como parte del debate.

¿Cuál es el diagnóstico actual que tiene el gobierno federal sobre la inseguridad, la delincuencia organizada y la delincuencia común? Mientras el gobierno no tenga un buen diagnóstico del problema es imposible construir una política criminal efectiva. ¿Por qué razones fracasó la estrategia de usar al ejército para enfrentar “su guerra” contra el narcotráfico? ¿Por qué luego de más de una década de incremento constante de recursos del presupuesto federal para el tema de seguridad pública, éstos no han sido suficientes?

Por supuesto que queremos unas policías distintas, pero para eso se necesita clarificar los modelos de policías (policía comunitaria, policía investigadora u otras) que vamos a crear, cómo formar policías profesionales, con qué criterios y dónde se van a reclutar cómo se asegurará un salario para un policía profesional y cómo se les garantizarán sus derechos humanos?

En otros momentos hemos señalado que el principal problema para lograr la seguridad y justicia en el país es la impunidad; en el caso de la investigación de delitos ésta raya en el 98 por ciento. Entonces, ¿cómo enfocar el debate más allá del secuestro y ampliarlo a todos aquellos delitos que lastiman a la sociedad?, como por ejemplo las numerosas ejecuciones que siguen sucediendo en el país y que han hecho “que se abarate la vida” y ante las cuáles las autoridades se han lavado las manos diciendo que son ajustes entre bandas de delincuentes y de esa manera nadie investiga y se perpetúa la impunidad.

Rafael Ruiz Harrell, periodista e investigador, escribió: “la seguridad pública no es propiamente una, función del gobierno del Estado, sino una consecuencia que se alcanza cuando éste cumple bien sus funciones”. Por tanto la solución no son discursos sino la transformación necesaria del Estado para que pueda asegurarnos el derecho humano de la seguridad.

Es necesario recordar, que el Estado mexicano ha suscrito numerosos compromisos internacionales de derechos humanos y todos estos deben ser tomados en cuenta en los temas de seguridad ciudadana y acceso a la justicia. Desde los derechos humanos también debemos insistir que, para lograr la seguridad que queremos, se debe trabajar para garantizar la satisfacción de otros derechos humanos como son el derecho a un nivel de vida adecuado, la salud, el trabajo, la vivienda, educación y acceso a la cultura, entre otros.

Las organizaciones que suscribimos este documento manifestamos nuestro respeto al dolor de las familias que han padecido secuestro, y expresamos a sus organizaciones que estamos dispuestas, en términos de la corresponsabilidad ciudadana, a participar en la discusión y aportar la perspectiva de derechos humanos, para que ésta sea la piedra angular de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal)

Ciudad de México
28 de agosto de 2008

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