Centro Nacional de Comunicación Social AC

Comunicación para la defensa de los derechos humanos

En los medios

PGR acepta recomendaciones de CNDH pero no las atiende: en 5 años solo ha resuelto 1 de 19


Por Redacción / Animal Político

 

Entre el 2011 y 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió y aceptó 19 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves cometidas por sus funcionarios. De todas ellas solamente una recomendación ha sido resuelta.

 

Los resultados de un análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los derechos humanos en el proceso penal en México arrojó que casi el 95 por ciento de las recomendaciones dirigidas a la Procuraduría continúan estando en trámite, con múltiples puntos recomendatorios que no se han atendido.

 

Esto pese a que las recomendaciones están relacionadas con violaciones graves de los derechos humanos de al menos 212 personas, y que van desde casos de desaparición forzada, hasta tortura y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y trata de personas.

 

Los reportes a los que tuvieron acceso los auditores revelan que, entre 2011 y 2015, se dirigieron ocho mil 525 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos a la PGR que dieron paso a 19 recomendaciones.

 

Ver nota completa

Segundo Dreamer es detenido en California; abogados argumentan violación constitucional


Por Redacción / Sin embargo

 

Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a un segundo beneficiario del programa para jóvenes migrantes, a quien se ha negado acceso a un abogado, denunció la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés).

 

Sin dar a conocer su nombre, la organización convocó a una rueda de prensa para hoy en sus instalaciones en Los Ángeles para dar detalles del arresto, ocurrido hace diez días sin que se conozcan las causas, y realizado por agentes de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (ICE).

La primera detención de un beneficiario del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) ocurrió hace unos días en el estado de Washington, cuando agentes de migración detenían a un padre de familia y arrestaron también a su hijo, a quien acusaron de vínculos con pandillas.

 

Ver nota completa

Ordenan a SEIDO entregar averiguación previa abierta por delito de homicidio a manos de elementos de SEDENA


Por Redacción / Revolución Tres Punto Cero

 

Luego de un año de litigio, la familia Parral Rabadán ganó el recurso de revisión 252/2016, dentro del juicio de amparo 195/2016 en contra de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), para obtener las copias certificadas y sin testar del expediente de la averiguación previa del homicidio de Jorge Antonio Parral Rabadán.

 

Quien, ha informado la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), fue asesinado a manos de integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas “en el contexto de la fallida política de seguridad interior”. La sentencia fue emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

 

“Después de casi siete años de la ejecución de Jorge Antonio Parral Rabadán, ningún servidor público ha sido llevado a la justicia por la PGR, por el contrario la familia Parral Rabadán se ha enfrentado con obstáculos que han garantizado la impunidad.

 

Ver nota completa

México está sumergido en la peor crisis de DH de América; existe violencia generalizada e impunidad casi absoluta: AI


Por Redacción / Revolución Tres Punto Cero

 

“Sumergido en la peor crisis de derechos humanos de América, México cumple 10 años de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado’ con una ‘violencia generalizada’ e impunidad casi absoluta”, señala Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2016/17.

 

De acuerdo al apartado sobre México, la organización destaca no sólo la repetición persistente y sistemática de violaciones a los derechos humanos, como la práctica de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y abusos de poder, sino también la gravedad y el aumento de los mismos delitos respecto de años pasados.

 

Durante la presentación del reporte, Erika Guevara-Rosas, directora de las Américas de AI, señaló que 2017 “no pinta nada bien” en materia de derechos humanos. “Estamos empezando y vemos una debacle en el respeto y protección a derechos humanos que está llegando a niveles catastróficos”, afirmó la activista, en referencia a la política de odio y antimigratoria de Estados Unidos.

 

Ver nota completa

4 años de autodefensas minadas


Por Redacción / Reporte Índigo

 

A cuatro años del surgimiento, los grupos de autodefensa en Michoacán están minados; la infiltración, el encarcelamiento y la institucionalización, prácticamente los han desarticulado. De los 32 grupos de civiles que atendieron el llamado del doctor José Manuel Mireles Valverde, para alzarse contra las células del narco, solo cinco se mantienen activos.

 

Ahora se cumplen dos y ocho de meses de que Mireles Valverde fue encarcelado, a decir de su abogado, Ignacio Mendoza, Mireles se encuentra afectado por la diabetes y mantiene problemas de hipertensión arterial.

 

Su ejemplo de lucha contra los cárteles de las drogas ha permeado por todo el territorio nacional: a la fecha son siete los estados que ya registran movimientos civiles armados contra la delincuencia organizada. Algunos de ellos, como los de Guanajuato y Puebla, han tenido el respaldo directo de las autodefensas michoacanas para su integración y organización.

 

Ver nota completa

Con EPN, Sedena ha realizado más de 12 mil detenciones; documentan casos de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada


 

Por redacción/ Revolución 3.0

 

“Con el inicio de la guerra contra el narcotráfico por Felipe Calderón se le asignó a las fuerzas armadas un papel central en la estrategia de seguridad pública. Esta política superpuso las premisas de la seguridad nacional por encima de la vigencia de los derechos humanos, incluso de aquellos que no pueden ser suspendidos”, ha dado a conocer Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

 

Además ha destacado que en el sexenio pasado 96 mil elementos militares estuvieron involucrados en tareas de seguridad nacional; mientras que en el primer mes del sexenio de Enrique Peña Nieto se tenía una cifra de 49 mil efectivos militares.

 

“Tal ha sido la magnitud de la intervención del ejército en operaciones que corresponden a la policía que del 2006 al 2012 se registraron 50 mil 915 civiles detenidos por militares. En lo que va del sexenio de Peña Nieto (hasta enero de 2015) se han registrado 12 mil 840 civiles detenidos por la Sedena.

 

Por su parte, se han registrado 6 mil 254 personas civiles detenidas por parte de la Secretaría de Marina (Semar) del 2006 al 2014; institución que ha realizado mil 770 operativos conjuntos con otras instituciones estatales, municipales y federales tan solo del 2012 al 2014”, agrega.

 

Cabe señalar que por la experiencia del trabajo de acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos, la CMDPDH ha documentado casos que involucran a víctimas civiles, en los que se tiene probada la participación de elementos militares en violaciones graves a derechos humanos, tales como tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, cometidas, no sólo a partir del 2006 en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, sino en diferentes contextos de la historia reciente de México, como lo son la Guerra Sucia y el conflicto armado en Chiapas (1994-1997).

 

Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir tanto la Comisión (CIDH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), han podido constatar que la jurisdicción militar, tal como está reglamentada en México, no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

De las principales violaciones a Derechos Humanos, señaladas por distintas organizaciones, incluyendo la CMDPDH, se encuentran las ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo a la ONG, en el país, el único registro sobre homicidios que existe es llevado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Este registro proporciona información sobre muertes en el país, especificando la muerte por homicidio o alguna otra causa violenta. No obstante, “no incluye información sobre las particularidades del crimen, impidiendo conocer si son casos de violaciones a derechos humanos”.

 

Ver nota completa

“Hoy nos chingamos al Estado”, dicen indígenas agraviadas ante la solicitud de perdón de la PGR


Por Redacción/ Desinformémonos

 

“Preguntarán si es suficiente la disculpa pública y la aclaración de inocencia de Jacinta, pero jamás lo será”, declaró durante un acto público de la Procuraduría General de la República (PGR), Estela Hernández, hija de Jacinta, la indígena encarcelada hace diez años junto con Alberta y Teresa por un delito fabricado en Querétaro.

 

Este martes, la PGR pidió públicamente perdón a las tres mujeres hñähñú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, por su detención ilegal y encarcelamiento en el 2006 bajo el supuesto delito de privación ilegal de la libertad. “Ella (Jacinta) fue la que fue secuestrada ilegalmente el jueves 3 de agosto del 2006, acusada de privación ilegal de la libertad de seis agentes federales de investigación”, aseguró Estela en el evento.

 

Cuando se dictó sentencia, Jacinta, junto con Alberta y Teresa, fue condenada a 21 años de cárcel y a pagar una multa de 2 mil días de salario mínimo, un equivalente de 90 mil pesos. Hasta hoy, casi once años después de la arbitrariedad de la policía, la PGR reconoció “de manera forzada, no voluntaria”, que el caso de las tres mujeres fue un error.

 

“La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente, la evidenciaron en los diarios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal que no alcanzaba fianza, la investigaron los mismos policías demandantes, la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor”, denunció la hija de la mujer indígena.

 

Las tres mujeres aseguraron que mientras estuvieron presas, fueron humilladas por custodias y compañera por ser indígenas y pobres. “Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena, no es motivo de vergüenza. Vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como hermanos”, pronunció Estela.

 

El acto público de hoy representa la primera disculpa que pide la PGR en acatamiento de una sentencia emitida por tribunales nacionales, a pesar de que “no basta la reparación de daños para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas ocasionadas”, en palabras de Hernández.

 

Ver nota completa



Familias desplazadas de Banavil retornan para conmemorar la muerte de la niña Antonia


Por Redacción/ Desinformamémonos

 

Antonia de 11 años murió el 21 de febrero de 2015 por falta de atención médica adecuada en el hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hoy, dos años después, las familias desplazadas de Banavil retornan para recordar la memoria de Antonia.

 

Han pasado más de cinco años que la familias de Banavil fueron desplazadas de su comunidad. El 4 de diciembre de 2011 fueron agredidos y desplazados por gente identificada con el PRI que los obligó a salir del paraje de Banavil, municipio de Tenejapa en el estado de Chiapas, todo por “creer en la autonomía zapatista” denunciaron en ese momento. Desde entones Alonso López Luna está desaparecido y las familias desplazadas en San Cristóbal de las Casas reiteran su denuncia y la exigencia de justicia, la aparición de don Alonso y el retorno a su comunidad.

 

Ver nota completa

 

Con una bolsa en la cabeza y signos de violencia encuentran el cuerpo de una mujer en Puebla; van 13 feminicidios en 2017


 

Por Redacción/ Revolución 3.0

 

En Puebla, el asesinato de una mujer de unos 35 años de edad, hallada con una bolsa en la cabeza y signos de violencia en la comunidad de Tehuixpango, ubicado en el municipio de Atlixco, se convirtió en el feminicidio número 13 en lo que va del año en el estado, y el caso 268 de 2013 a la fecha, a partir que en la entidad se tipificó el delito.

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) indaga la posibilidad “que se trate de un caso de feminicidio y espera que la víctima sea identificada para continuar con las indagatorias para la captura del asesino”.

 

Se informó que el cuerpo fue encontrado debido al olor nauseabundo que desprendía, y que podía percibirse a distancia como reportaron los propios vecinos. Al lugar arribó la policía de Atlixco que halló el cadáver, en avanzado estado de descomposición, al interior del domicilio ubicado en la carretera Atlixco-Puebla, a la altura del kilómetro 25+500.

 

Al ingresar al inmueble, se informó que “encontraron desnuda a la mujer, tirada en el suelo junto a la cama, cubierta con una cobija y con la cabeza envuelta en plástico, lo que le habría provocado la muerte por asfixia”.

 

Ver nota completa

En Chiapas, “nos disparan, degüellan, golpean, machetean, y después de muertas siguen lastimando nuestros cuerpos”: ONG’S


 

Por Redacción/ Revolución 3.0

 

Un hombre que en dos ocasiones había intentado asesinar a su esposa, este 15 de febrero pasado, cumplió sus amenazas y tras una discusión, presuntamente estranguló a la víctima hasta privarla de la vida.

 

Los hechos violentos se perpetraron en la cabecera municipal de Chicomuselo, en Chiapas, al interior de su domicilio. Cabe señalar que el matrimonio tenía cuatro hijos, de uno, tres, nueve y 12 años, quienes fueron testigos del abuso que sufría su madre.

 

Tras una fuerte discusión, el hombre aumentó su grado de violencia y agredió físicamente a su esposa hasta asesinarla. Finalmente los vecinos lograron detener al agresor, quien fue entregado a las autoridades. El 18 de noviembre de 2017, se declaró la Alerta de Violencia de Género para 23 municipios del estado de Chiapas, 17 de ellos corresponden a la región Altos.

 

“La razón fue la existencia de un marcado contexto feminicida que perturba la paz social, es decir a las mujeres nos matan, nos violan, nos golpean y las autoridades no accionan para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

 

En su momento hemos hecho saber a las autoridades competentes la importancia de garantizar la seguridad de mujeres y niñas, así como nuestra preocupación ante la liberación de violadores, agresores y feminicidas como resultado de la incompetencia de Fiscales, peritos, policías, jueces, magistrados y demás servidores públicos, en el nuevo sistema de justicia penal, porque su irresponsabilidad, falta de conocimientos, capacitación y perspectiva de género, está creando en la sociedad un mensaje de impunidad y a la vez coloca en riesgo la vida de las mujeres sobrevivientes que tienen que convivir en sus comunidades con quienes fueron sus agresores”, da cuenta la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, conformada por más de una veintena de organizaciones.

 

Ver nota completa

 



MÁS DE NOSOTROS

Derechos Humanos

Licencia Creative Commons, atribución-licenciamiento recíproco 2.5 México