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En los medios

Tribunal Federal ordena a PGR reparar el daño de la indígena Teresa González


 

Por Rocío Méndez

 

Después de casi 10 años de que Teresa González Cornelio, indígena hñähñú fuera condenada injustamente a prisión por un delito que no cometió, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA) reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño integralmente.

 

Dicha resolución es de carácter inapelable y ordena a la citada dependencia a difundir ante la opinión pública la inocencia de Teresa.

 

Cabe destacar, que el caso de la señora Teresa González, es el segundo acompañado por el Centro Prodh donde el TFJFyA ordena que una persona injustamente encarcelada reciba una reparación del daño por parte de la PGR.

 

Como se recordará, en mayo de este año, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la decisión del TFJFyA que ordenaba otorgar la reparación del daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial. Esta sentencia ya fue notificada a la PGR por lo que el plazo de 4 meses para que sea cumplida está en curso.

 

Teresa González permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, acusada por el presunto secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de

 

Investigación (AFI), quienes supuestamente realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro. La indígena fue liberada tras la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al atraer y resolver el recurso de apelación interpuesto por la queretana con el acompañamiento legal del Centro Prodh. No obstante, la Procuraduría se negó a reconocer su inocencia.

 

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Periodista demanda a Diputado del PRI en SLP por amenaza; “una disculpa si sintió que lo agravié”, dice el legislador

 

Por Redacción / Sin Embargo

 

El Diputado José Luis Romero Calzada dijo estar dispuesto a presentarse a declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR) en caso de ser citado, luego de que un periodista lo denunciara por amenazas.

 

El día de ayer se dio a conocer que el periodista Samuel Roa Botello interpuso una demanda en contra del legislador ante la FEADLE, dependiente de la PGR, pues asegura haber sido amenazado por el legislador.

 

La primera de las presuntas agresiones señaladas por Roa Botello habrían ocurrido el pasado 5 de julio de este año en un restaurante del municipio de Aquismón, en San

 

Luis Potosí, donde según su relato “el legislador Romero Calzada, se me acercó y me dijo ‘te va a cargar la chingada, vividor, reporterito de quinta, bájale de huevos, deja de meterte con mi vieja’, refiriéndose con esto a la Diputada local XII distrito del Partido Acción nacional (PAN), Xitlalic Sánchez Servín.

 

El periodista agrega en su denuncia que tal altercado sería consecuencia de una publicación hecha días antes en la que daba cuenta del viaje de la legisladora panista a un partido de la final del futbol americano de la NFL.

 

Durante los hechos, asegura, estuvieron la citada Xitlalic Sánchez y la también Diputada Rebeca Terán Guevara, así como el legislador Jorge Luis Díaz Salinas.

 

La segunda supuesta agresión habría tenido lugar el 13 de julio en la sede del Congreso del Estado, en la capital potosina, cuando Samuel Roa platicaba con el legislador

Juan Manuel Segovia, momento en que se habría acercado el Diputado José Luis Romero, quien de nueva cuenta lo habría amenazado prácticamente de la misma forma que días antes.

 

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A un año del multihomicidio en Narvarte aún no hay un móvil claro, acusa madre de Nadia Vera

 

Por Redacción Animal Político

 

En una carta pública Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de Nadia Vera -asesinada junto con otras cuatro personas el 26 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la CDMX-, acusa que las autoridades que están dando seguimiento al caso “no tienen un móvil claro, no quieren hacer una investigación justa y no se le ha permitido declarar a los amigos, familiares y vecinos que han querido aportar información”.

 

Las cinco personas encontradas muertas en el interior del departamento, entre quienes estaba el fotoperiodista Rubén Espinosa, recibieron disparos y presentaban golpes en diversas partes del cuerpo.

 

En la misiva Pérez Robledo señala que “no hay autoridad alguna que quiera hacer una investigación seria, justa, sin intereses políticos ni personales, sin dinero de por medio; una investigación clara, diligente, exhaustiva, eficaz y científica”.

 

 

“¡Asesinos, asesinos!”, gritan los padres de los 43 en la CIDH a los enviados del Gobierno mexicano

 

 

Por Redacción /Sin Embargo

 

Una representación de padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a 22 meses de los ataques en Iguala no hay indicio del paradero de sus hijos, y que la investigación del caso está empantanada.

 

En un comunicado, el comité estudiantil de Ayotzinapa informó de la primera reunión con los comisionados del organismo para el seguimiento de las medidas cautelares, otorgadas el 3 de mayo de 2014 para los desaparecidos y los heridos en los ataques de policías la noche del 26 y 27 de septiembre de ese año en Iguala.

 

Los comisionados se reunieron por separado con enviados del Gobierno federal, y a la llegada de la delegación mexicana, activistas que acompañaron a los padres protestaron contra las autoridades.

 

En redes sociales difundieron un video donde gritan: “¡Asesinos, asesinos!”.

 

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa entregaron cientos de firmas que apoyan su demanda de la conformación del mecanismo de seguimiento.

 

FIRMAS EN LA CIDH

 

Las alrededor de mil firmas, provenientes de estudiantes de universidades de Latinoamérica y Estados Unidos fueron recibidas por el presidente de la CIDH, James Cavallaro, en presencia del secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza y los otros comisionados.

 

 

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Imperativo, acabar con la violencia hacia la mujer


Por  Redacción La Jornada

 

Prácticamente no hay en todo el territorio nacional un espacio en el cual no se ejerza alguna forma de agresión contra la mujer. A diario, testimonios procedentes de diferentes ámbitos documentan con fría objetividad hechos puntuales que a fuerza de repetirse parecen uno mismo, y arrojan una desoladora cifra de víctimas de una violencia que en unos casos es invisibilizada deliberadamente y en otros –y esto es aún peor– considerada práctica corriente.

 

Hay, sin embargo, una especie de malsana escala en esa forma de la violencia, que permite dibujar un mapa que contiene zonas rojasdonde el fenómeno se manifiesta con especial magnitud. Una de esas zonas es, precisamente, el estado de Sinaloa, donde en lo que va de este año 41 mujeres han sido asesinadas, engrosando así la macabra estadística sobre ese particular en la entidad.

 

La intensidad que alcanzan las agresiones es variable, y va desde el acoso –que a su vez tiene una amplia gama de manifestaciones– hasta la privación brutal de la vida, pasando por una extensa serie de ofensas intermedias, todas inadmisibles. Los sucesos más escandalosos y truculentos reciben una atención mediática que los pone en conocimiento de la opinión pública; la gran mayoría, en cambio, son cometidos y permanecen confinados en una especie de gris penumbra informativa, que relativiza la saña de los atacantes, el padecimiento de las afectadas, la indiferencia del entorno, la inoperancia de las autoridades y –cuando llegan a intervenir– la insensibilidad de los jueces.

 

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Gobierno de Guanajuato no ha frenado feminicidios: ONG; en 2016 se registran 56 casos

 

Por Redacción / Sin Embargo

 

Las acciones realizadas por el Gobierno de Guanajuato para prevenir y erradicar la violencia feminicida en Guanajuato no han sido suficientes para frenar el fenómeno, anotó la académica Rosalba Vázquez Valenzuela.

 

En entrevista, señaló que si las acciones de prevención estuvieran dando resultado se vería reflejado en el decremento de feminicidios; sin embargo, los casos van a la alza colocando el 2016 como el año más violento contra las mujeres.

 

La académica de la Universidad de Guanajuato y especialista en materia de género fue una de las integrantes del grupo de trabajo que analizó la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y envío 13 recomendaciones para frenar la violencia contra las mujeres en Guanajuato.

 

La especialista en materia de género consideró que aunque hubo acciones extraordinarias por parte del gobierno estatal no se han cumplido a cabalidad con las recomendaciones.

 

Expuso, como ejemplo, que el Banco Estatal de Datos de la Procuraduría de Justicia del Estado en el tema de violencia de género está desactualizado, aunque fue una de las recomendaciones enviadas por el grupo de trabajo.

 

Señaló que al hacerse la revisión de cada una de las 13 recomendaciones se tiene que evaluar que cada uno de los puntos iba enfocado a la prevención.

 

 

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Busca Peña acotar mecanismo de seguimiento a caso Iguala: padres de los 43

 

Por Gloria Leticia Díaz

 

El gobierno de Enrique Peña Nieto pretende “acotar” el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de las víctimas.

 

En vísperas de que representantes de los padres de los 43 desaparecidos y del gobierno mexicano acudan a Washington a una reunión de trabajo con el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas sostuvieron la cuarta y última reunión previa al encuentro en la sede del organismo con padres y abogados del Centro Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

 

Campa aseguró que “se consiguieron las bases del acuerdo a un cien por ciento”, y que las diferencias que subsisten serán puestas a consideración del pleno de la CIDH, órgano al que corresponderá definirlas por tratarse de “asuntos operativos”.

 

En contraste, en rueda de prensa al término del encuentro, Rosales Sierra, en representación de los padres de familia, señaló que las partes de este conflicto, que ha tenido a México en la mirada internacional desde septiembre de 2014, irán a Washington sin cumplir con el objetivo de llegar a la mesa de negociaciones de la CIDH con un acuerdo previamente pactado.

 

El abogado de Tlachinollan explicó que de ocho puntos a negociar, tres no lograron concretarse, mismos que “son fundamentales” para establecer el paradero de los estudiantes.

 

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Que cese el hostigamiento y se garantice libre ejercicio periodístico: Amedi y Artículo 19 sobre caso Aristegui

 

Por Redacción AN

 

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y la organización Artículo 19fijaron su postura sobre la nueva demanda y el acoso judicial denunciado por la periodista Carmen Aristegui.

 

La Amedi señaló que “se une y respalda la denuncia de Aristegui y llama a que cese de inmediato cualquier tipo de hostigamiento jurídico o de otra índole desde el gobierno o las empresas, con la intención de intimidar, perseguir y/o coartar la libertad de expresión de cualquier periodista, comunicador o empresa editorial”.

 

“Carmen Aristegui y la casa editorial fueron notificadas de una demanda por daño moral que pide un resarcimiento económico no determinado. También exige la supresión omutilación del prólogo del libro escrito por Carmen Aristegui, y que no se hable de dicha introducción en la radio, la televisión o en conferencias”, expuso.

 

“Pretendiendo suprimir ese prólogo a través de la vía judicial, la denuncia de Aristegui ha logrado que se difunda y conozca aún más, pero queda patente el intento por censurar una investigación de indiscutible interés público nacional e internacional”, apuntó.

 

“La Amedi les recuerda a todos quienes ocupan un cargo público o explotan bienes de la nación que su desempeño se encuentra bajo escrutinio, que están obligados a rendir cuentas y a transparentar sus actividades, propiedades y el uso que hagan de los recursos públicos”, indicó.

 

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INEGI contabiliza 20,525 homicidios en México en 2015; Guerrero, la entidad con la tasa más alta


 

Por Redacción Animal Político

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó este lunes 25 de julio que durante 2015 contabilizó 20 mil 525 homicidios en México.

 

Durante ese año, detalló el Instituto en un comunicado, se dio “una proporción de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional,tasa que es igual a la registrada en 2014″.

Los datos, precisó el INEGI, son preliminares, “con corte al 13 de julio del 2016, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones generales”.

 

En diciembre del 2015, contabilizando de enero a noviembre de ese año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicó que se habían iniciado 15 mil 544 averiguaciones previas por homicidio doloso en México.

 

La estadística del INEGI se realiza con la información obtenida de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, generados por las entidades federativas.

 

“Contiene registros de mil 243 Oficialías del Registro Civil, 308 Agencias del Ministerio Público y de 106 Servicios Médicos Forenses, que mensualmente proporcionaron información al INEGI”, explicó la institución.

 

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Conagua permite consumo de agua contaminada en Hermosillo; presenta altas concentraciones de metales pesados

 


 

 

 

 

Por Redaccioón/ Revolución 

 

La presa El Molinito en Hermosillo, Sonora, presenta altas concentraciones de metales pesados y otros elementos que contaminan el agua que abastece el norte de la ciudad sonorense, informó el estudio del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

El agua de la presa es consumida por más de 800 mil pobladores de Hermosillo, tiene como función principal almacenar el líquido del río Sonora y transportarla a la presa Abelardo L. Rodríguez para abastecer a la capital, sin embargo, se ha visto afectada desde agosto de 2014 por el derrame de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México.

 

Por su parte la Comisión Nacional de Agua (Conagua) permitió enviar alrededor de 605 mil metros cúbicos de agua contaminada, sin tomar en cuenta las quejas de los alcaldes y activistas de la zona que denunciaron posibles daños a la salud de las personas por la presencia de metales pesados como aluminio, arsénico, bario, cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plomo y zinc que exceden normas internacionales y nacionales.

 

En un estudio realizado el pasado mes de abril por especialistas de Geología de la UNAM se encontró en El Molinito concentraciones de 80 miligramos de aluminio y 100 de hierro por litro; mientras que en el área profunda llega a 100 milgramos de manganeso.

Como se ha denunciado el consumo del agua puede causar desde enfermedades en la piel o en los ojos, así como cáncer o insuficiencia renal.

 

Por su parte Grupo México, empresa responsable de la contaminación de 40 mil metros cúbicos del Río de Sonora, meses después del derrame aseguró que las zonas habían sido saneadas.

 

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