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Comunicación para la defensa de los derechos humanos

En los medios

La inhumación de cuerpos en Tetelcingo ¿se hizo en una fosa común o una fosa clandestina?

 

Por: Paris Martínez

 

El 28 de marzo de 2014, la Fiscalía General del Estado de Morelos trasladó más de cien cadáveres que permanecían en su servicio forense desde 2011, hacia un panteón sin permiso de operación, ubicado en el poblado de Tetelcingo.

 

Las irregularidades relacionadas con esta inhumación no se limitan a la falta de permisos del panteón: las autoridades han dado distintas versiones sobre el número de cadáveres depositados (primero se dijo que 150, luego 118); además, al menos ocho de estos cuerpos no cuentan con un expediente que señale cómo murieron estas personas ni cómo llegaron sus cadáveres a manos de la Fiscalía; y en al menos un caso se ha demostrado que existió falsificación del acta de defunción.

 

La existencia de esta fosa, y de las irregularidades que la rodeaban, fue revelada en diciembre de 2014 por la madre de un joven ahí enterrado, lo que llevó a distintos grupos de familiares de personas desaparecidas a exigir la recuperación de todos esos cuerpos, al considerar que fueron ocultados en lo que, en términos prácticos, es una “fosa clandestina”, es decir, un punto de enterramientos ilegales.

 

Casi un año después, el 26 de noviembre de 2015, la polémica por este caso obligó al fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, a rendir un informe ante el Congreso de Morelos, en el cual destacó que ya se inició una averiguación previa en contra de los funcionarios implicados en este caso, aunque, inmediantamente después, aseguró que la de Tetelcino no es una “fosa clandestina”, tal como la perciben las víctimas.

 

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El SAT ya investiga a empresas fantasma en Veracruz; detecta a 5 nuevas


 

Por: Arturo Ángel

 

El SAT investiga desde el martes 24 de mayo, apenas se publicó la primera parte del reportaje de Animal Político, una investigación sobre la red de empresas fantasma que opera en Veracruz y luego de una primera indagatoria decidió extender su revisión a 26 compañías con operaciones presuntamente irregulares. 

 

De estas 26 empresas, informó el Servicio de Administración Tributaria, una tiene operaciones por más de mil millones de pesos y otras 18 hicieron negocios por más de 100 millones de pesos, lo que podría multiplicar al menos por 5 el monto de 645 millones de pesos detectado en la investigación periodística, si llegara a confirmarse que son operaciones fraudulentas.

 
Por si fuera poco, 24 de estas empresas no tienen registrado ni un solo empleado.

 

El Servicio de Administración Tributaria respondió un cuestionario de una decena de preguntas enviado por Animal Político sobre el reportaje publicado en cuatro partes (que pueden leerse aquí), en el que se da cuenta de operaciones irregulares de empresas con domicilios fiscales falsos y socios que declararon haber sido engañados.

 

Esas mismas empresas obtuvieron contratos por bienes, mercancías y servicios a pesar de que estaban recién constituidas. Esto fue posible gracias a adjudicaciones directas o licitaciones simplificadas, en las que siempre competían las mismas. No se tiene constancia que se hayan entregado los productos supuestamente adquiridos.

En este reportaje se informó de 21 empresas en estas condiciones y de cuatro dependencias involucradas.

 

Sin embargo, el SAT precisó que una primera indagatoria se extendió ya a 26 compañías y a 11 dependencias públicas, si bien no pudo dar los nombres por la secrecía a la que lo obliga la ley. También dijo que no son 12 los fedatarios involucrados, sino 16.

 

Aún sí, informó que tan solo una de estas empresas reporta ingresos por más de mil millones de pesos y 20 de ellas hicieron negocios por más de 100 millones de pesos cada una. Confirmó que sus domicilios fiscales están en“zonas económicas populares”.

 

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Anuncia CNTE más protestas en la Ciudad de México

 


 

Por redacción / Proceso

 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que realizará una serie de protestas en esta ciudad desde mañana lunes.

 

En conferencia de prensa desde el plantón que mantienen en la Ciudadela, indicaron que harán movilizaciones en el Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Bolsa Mexicana de Valores y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

 

Los maestros anunciaron además que caravanas de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero saldrán rumbo a la Ciudad de México como parte de “una de las movilizaciones más amplias de su historia”.

 

Los inconformes buscan una mesa de diálogo con el gobierno federal para dar marcha atrás a la reforma educativa, y esperan ser atendidos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

 

Precisaron que el próximo miércoles informarán a las comunidades sobre el conflicto magisterial y la reforma educativa, además de que marcharán a las 10:00 horas de la Ciudadela al Senado de la República y el viernes acudirán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

 

Juan Melchor, integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE, consideró que el conflicto magisterial ya escaló en un conflicto social.

El pasado viernes, luego de que maestros disidentes informaron que la Presidencia aceptó una mesa de negociación para atender sus reclamos, el gobierno federal desmintió la versión y dijo que el diálogo se realizará únicamente si los docentes aceptan la instrumentación de la reforma educativa.



Violencia por la disputa del gobierno en Chenalhó desplaza a familias en Chiapas


 

Por Redacción Animal Político

 

Cerca de 80 familias de Chenalhó, Chiapas han sido desplazadas por la violencia generada entre los opositores de la exalcaldesa, Rosa Pérez Pérez, quien fue orillada a renunciar el pasado 26 de Mayo, y sus simpatizantes.

 

Tras la renuncia de la alcaldesa, y la presentación de la nueva administración, encabezada por el entonces síndico Miguel Sántiz Álvarez, vecinos de la colonia Puebla fueron atacados con “armas de fuego, palos, piedras y machetes, en una emboscada orquestada por gente simpatizante a la ex presidenta”, según un comunicado del autodenominado Movimiento Pedrano Chenalhó.

 

“Ante estos hechos violentos un aproximado de 80 familias de la Colonia Puebla se desplazaron a la cabecera municipal, lo que representa un 80% de la población de esa localidad“, explica la publicación, por lo que solicitaron ropa, comida, zapatos, medicamentos para los heridos y donaciones para las familias desplazadas.

 

De acuerdo con el mensaje de esta comunidad, en este ataque murió Guadalupe Cruz Hernández de 54 años y una menor de edad, quien antes fuera internada de gravedad en el hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas.

 

La niña fue herida por una bala perdida la tarde de este jueves,cuando dos grupos que fueron identificados como simpatizantes de la ex alcaldesa Rosa Pérez y del edil sustituto Miguel Sántiz, protagonizaron una riña, informó la procuraduría en un comunicado.

 

Testigos indicaron a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena que tras el evento de toma de protesta del nuevo presidente municipal, sus simpatizantes llegaron a la comunidad Puebla y se enfrentaron con seguidores de la ex presidenta.

 

“Uno de ellos accionó al aire un arma de fuego para amedrentar a los contrarios, cuando momentos después una bala perdida alcanzó a la menor”, informó la Procuraduría de Chiapas.

 

Este jueves 26 de mayo Rosa Pérez pidió licencia al cargo este Jueves para evitar confrontaciones en la comunidad, luego de que un día antes pobladores inconformes con su nombramiento retuvieran a dos legisladores, el presidente del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez y al coordinador del Partido Verde, Carlos Penagos.

 

Habitantes de la comunidad pedían que Rosa Pérez dejara el cargo porque por usos y costumbres una mujer no puede ser alcaldesa. Tras su dimisión, los habitantes de Chenalhó designaron como su presidente municipal a Miguel Sántiz.

 
 

 

Guerrero: Forman policía civil y pagan su “osadía”: emboscan y fusilan a la familia completa

 

Por Zacarías Cervantes / Sin embargo
 

 Un menor de 14 años, un comandante de la recién creada Policía Ciudadana, su hijo y dos de sus sobrinos, fueron emboscados y fusilados el 24 de mayo en el Crucero del Jilguero, entre las comunidades de Los Bajos y Vuelta del Sur, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Guerrero.

Las víctimas eran originarias de Vuelta del Sur y fueron atacadas por hombres con armas y uniformes tipo militar. De acuerdo con testigos, los criminales habían llegado a esa comunidad una noche antes a bordo de una camioneta de redilas.

 

Los familiares de las víctimas denunciaron los homicidios el sábado pasado en una reunión en Chicahuales, municipio de Leonardo Bravo, en donde más de 50 comunidades aprobaron su adhesión a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a su sistema de seguridad y justicia para conformar la Policía Ciudadana para que se encargue de la seguridad de los pueblos de la zona.

 

Las víctimas son Martín Ramírez Gregorio, conocido en la zona como el Comandante 4 de la Policía Ciudadana de Vuelta del Sur; su hijo Luis Alberto Ramírez Marcelo; sus sobrinos Rafael Trujillo Ramírez y Leonardo Guzmán Marcelo, así como un menor de 14 años de edad.

 

Los familiares denunciaron que ninguna autoridad acudió para tomar conocimiento de la masacre e iniciar la averiguación correspondiente y que mucho menos se está investigando ni haciendo nada para detener a los responsables que, dijeron, se refugian en la comunidad de Tecamazúchitl, del mismo municipio de Heliodoro Castillo.

Martín Ramírez Gregorio era hijo de Tomasa Gregorio Barragán, quien denunció que el 23 de abril del año pasado, al parecer el mismo grupo delictivo ejecutó también a su nieto José Luis Trujillo Ramírez y a su yerno Manuel Guzmán Ramírez.

 

Los familiares de las víctimas denunciaron que en esa ocasión los delincuentes asesinaron a otras cinco personas, entre ellas una mujer embarazada y a su hijo de aproximadamente 4 años, así como a otro hombre que no fue identificado.

La madre del comandante, su esposa Reyna Marcelo Oláis, y otros familiares de las víctimas, denunciaron que las dos masacres no se han investigado, ni las autoridades buscan a los responsables.

 

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México ha retrocedido en libertades civiles y hoy está “peor que con Salinas”, coinciden expertos

 

 

 

Por Sandra Rodríguez Nieto/ Sin embargo

 

 

 

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– La académica Emma Consuelo Maza Calviño dice recordar cómo en 2001, cuando desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elaboraba informes sobre la situación de desapariciones en México, reportar tres decenas de víctimas les parecía entonces un escándalo.

Eran los años en los que la problemática se concentraba en el Estado de Guerrero, recuerda, donde desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se había intensificado la operación militar en búsqueda de probables integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

 

 

Uno de los objetivos de las organizaciones no gubernamentales entonces, dice, era mantener la atención internacional sobre el problema de violaciones a los derechos humanos en México –observación globalizada desde 1994– y esperar que la presión del exterior influyera para que hubiera cambios en las políticas internas.

Quince años después, considera, efectivamente ha habido cambios, como la Reforma que en 2011 incorporó al Artículo Primero Constitucional la obligación del Estado de proteger los derechos humanos y, “en consecuencia”, dice ahora la Carta Magna, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

 

Pero la transformación, agrega la autora de “México: retórica sin compromiso”, ha sido sólo en el papel y en el discurso. Porque en los hechos, explica, los casos de desapariciones y asesinatos se han multiplicado por miles; la tortura persiste y las Fuerzas Armadas, masivamente desplegadas por el territorio nacional a partir que el Presidente panista Felipe Calderón declaró una presunta “guerra frontal” al narcotráfico en 2006, han cobrado cada vez mayor relevancia en las tareas de seguridad pública. 

 

“Esta crisis jamás la vimos venir. Quienes trabajamos en derechos humanos siempre pensamos que la situación nunca puede ser peor, pero resulta que sí. Hubo un pequeña expectativa con Vicente Fox, al inicio, cuando se creó la Fiscalía Especial para la investigación de los crímenes del pasado, de que después de 71 años hubiera investigaciones serias, que se acabara la impunidad; pero no, lo que hizo fue negociar”, agrega.

 

 

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NYT: fuerzas armadas de México, expertas en matar

 


 

Por Redacción La Jornada

 

Las fuerzas militares mexicanas son ‘‘excepcionalmente eficientes’’ para matar, con ‘‘tasas extraordinarias’’ en el número de muertes en enfrentamientos con sus enemigos, lo que indica ‘‘algo más ominoso’’: un alto número de ejecuciones sumarias en un contexto donde prevalece la impunidad por abusos de derechos humanos, reportó hoy el diario The New York Times.

 

Expertos consultados por el rotativo dicen que la ‘‘tasa de matanza’’ en México es excepcional en el mundo. En diversos tipos de combate entre grupos armados aproximadamente cuatro personas resultan heridas por cada persona muerta, según una evaluación de guerras desde fines de los 70, realizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, ‘‘pero el conteo de cuerpos en México es lo opuesto, según cifras del propio gobierno.

 

‘‘El Ejército Mexicano mata ocho enemigos por cada uno que queda herido’’, reporta el Times. Por lo que hace a la Marina, el número es mucho mayor: aproximadamente 30 combatientes muertos por cada uno que queda herido.

 

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Padres de los 43 exigen al Gobierno que no limite a 6 meses el mecanismo de seguimiento internacional

Foto: Judith Flores

 

Por Shaila Rosagel/ Sin Embargo

 

Los familiares de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) exigieron que el mecanismo de seguimiento especial sea por tiempo indefinido y que la PGR destituya lo más pronto posible a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC), por sembrar y manipular evidencia.

 

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).-Los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace 20 meses en Iguala, Guerrero exigieron ayer durante su manifestación a las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) que se ponga en marcha el mecanismo de seguimiento internacional para el caso, pero sin límite de tiempo.

 

“Queremos decirles que como siempre están equivocados. Hoy sabemos que el mecanismo de seguimiento especial para el caso de Ayotzinapa nuevamente le quieren implementar a seis meses como maña que ya tienen, para que pase el tiempo y no se logre llegar a la verdad. No vamos aceptar los seis meses porque no resuelve el problema, hoy exigimos un mecanismo de seguimiento hasta que resuelva puntualmente las investigaciones y de esa manera los padres y el pueblo de México, podamos hacer justicia”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

 

Hace unos días el Gobierno mexicano confirmó que el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, será el coordinador del mecanismo de seguimiento especial para el caso Iguala.

 

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Detienen a dos civiles por su presunta participación en el caso Tierra Blanca

 

 

 

Tras la detención de los dos civiles, las autoridades han presentado a un total de 21 personas, 13 civiles y ocho policías estatales, como presuntos responsables de la desaparición de los cinco jóvenes.

 

Por Redacción Animal Político

 

Elementos de la Gendarmería y de la Policía Federal detuvieron a dos personas por su presunta responsabilidad en la desaparición de cinco jóvenes, ocurrida el 11 de enero pasado en Tierra Blanca, Veracruz.

 

Así lo dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien se reunió la tarde de este jueves 26 de mayo con padres de las víctimas en las instalaciones de la Comisión Nacional de Seguridad, en la Ciudad de México.

 

Tras la detención de los dos civiles, las autoridades indicaron que se ha presentado a un total de 21 personas, 13 civiles y ocho policías estatales, como presuntos responsables de la desaparición de los cinco jóvenes.

 

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​PRI y Verde abandonan el Congreso de Veracruz; evitan el tema de la red de empresas fantasma

 


 

Uno a uno, los legisladores priistas abandonaron la sesión del Congreso de Veracruz, con lo que impidieron que los legisladores del PAN se pronunciaran sobre la red de 21 empresas a las que funcionarios del gobierno de Veracruz, ligados al gobernador Javier Duarte, otorgaron contratos por más de 645 millones de pesos, entre 2012 y 2013.

 

Por Redacción Animal Político

 

Diputados del PRI y del Verde abandonaron la sesión de este jueves 26 de mayo en el Congreso de Veracruz para evitar que los legisladores del PAN se pronunciaran sobre la red de 21 empresas a las que funcionarios del gobierno de Veracruz, ligados al gobernador Javier Duarte, otorgaron contratos por más de 645 millones de pesos, entre 2012 y 2013.

 

Minutos antes de las 15:00 horas, los diputados del PRI y del Verde empezaron su desfile hacia la salida del recinto, mientras que Jesús Vázquez González, del PVEM, se manifestaba sobre la contaminación en el Río Chiquito y en el Arroyo Ocozoapan, localizados en la zona sur de Veracruz.

 

Uno a uno, los legisladores priistas José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, Marco Antonio del Ángel Arroyo, Marcela Aguilera Landeta, Tonatiuh Pola Estrada, Belén Fernández del Puerto, Gabriela Arango Gibb, Antonio Baxzi Mata, Ciro Félix Porras y Adolfo Jesús Ramírez Arana salieron del recinto legislativo.

 

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