Centro Nacional de Comunicación Social AC

Comunicación para la defensa de los derechos humanos

Derechos Humanos

Violencia de género en México: la crisis invisible

 


 

Por Uriel Reyes

 

En México, las cifras cuando se habla sobre violencia de género sorprenden, alarman y preocupan. Entre 2013 y 2014, diariamente fueron asesinados 7 mujeres en el país. Estudios señalan que 63% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, 47% por parte de sus parejas. 

 

Se registran alrededor de 15 mil denuncias por abuso sexual al año, es decir, 40 mujeres por día; sólo en una de cada cinco ocasiones el agresor recibe una sentencia. Cuando entre 1997 y 2004 se lograba un sentencia condenatoria en el 80% de los casos, en 2012 (en el último estudio disponible) el porcentaje se redujo al 15.4%. Las cifras no pueden ser más contundentes: en México, 85% de los agresores sexuales no reciben castigo; en México, 85% de las mujeres abusadas sexualmente ven como su caso permanece impune.

 

Preocupa, incluso más, que a pesar de estadísticas tan abrumadoras, la violencia de género continúe siendo un problema permanentemente minimizado en el país. Desde las acciones gubernamentales hasta la percepción de una gran parte de la población. Los altos índices de impunidad, la revictimización hacia las denunciantes, la renuencia de autoridades a utilizar la clasificación de feminicidio, el acoso y agresión a quienes deciden hacer públicas sus denuncias. El sistema no ayudar a resolver la problemática.

Podemos tomar casos en específico, que ejemplifican de forma precisa este tipo de conductas.

 

El 8 de marzo de este año, Andrea Noel, periodista norteamericana, sufrió una agresión sexual a plena luz del día en la colonia Condesa, precisamente en el Día Internacional de la Mujer. Poco después de hacerlo público a través de sus redes sociales, recibió apoyo y solidaridad, pero también incontables ataques tanto por parte de hombres como de mujeres. Fue culpada de la agresión y llamada “puta” por utilizar un vestido, acusada de fabricar un montaje en busca de fama, amenazada en redes sociales e incluso acosada en su domicilio.

 

Los ataques continuaron también a través de algunos medios, como SDP Noticias, que en una editorial firmada por Einer Juárez, insinuara que la periodista había planeado su propia agresión y cerrará con frases como “Algo seguro es que, con una actitud como el feminismo, que es el equivalente en mujer al machismo, y pretender exigir que incluso hasta los piropos sean criminalizados (…) es simplemente ponerse en una postura peor que los machistas”. 

 

Aunque poco después el director de ese medio, Federico Arreola, anunciara el término de la relación laboral con Einer Juárez, el columnista continuó con ataques desde sus redes sociales, calificando a la periodista como “machorra feminazi”. Las palabras de un columnista poco leído con apenas unos cuantos seguidores en Twitter no resultarían relevantes sino fueran un reflejo de la postura adoptada por un amplio sector de la sociedad -más amplio del que nos gustaría pensar-.

 

Este año, también, ha sido ampliamente cubierto por medios de comunicación nacionales e internacionales el caso de Daphne Fernández, víctima de abuso sexual por parte de 4 jóvenes hijos de empresarios y políticos del estado de Veracruz, Enrique Capitaine, Diego Cruz Alonso, Jorge Cotaita y Gerardo Rodríguez, mejor conocidos como los “Porkys”.

 

A pesar de que Jorge Fernández, padre de la menor, grabó una confesión en video de los involucrados, éstos comenzaron una campaña de desprestigio en contra de la chica, lo que llevó a la familia de Daphne a hacer pública la grabación.

 

La denuncia pública dio inicio a una campaña de apoyo hacia la víctima y exigencia de justicia, pero también otra de cuestionamiento, de descalificación. “Si sales a esos lugares a tomar tú te lo buscas”, “Si una chica se va con jóvenes borrachos sabe a qué atenerse”, o “Si se subió a al coche con ellos no puede quejarse de lo que le pasó”, fueron tan sólo algunos de los comentarios que se podían leer en las notas al respecto.

Al día de hoy, sólo Enrique Capitaine y Diego Cruz han sido capturados, y el caso nuevamente pone de manifiesto la problemática para quién se atreve a denunciar: vergüenza, escarnio público, poca efectividad de las autoridades.

 

El 24 de abril se llevó a cabo una movilización en 30 estados de la república mexicana exigiendo un alto a la violencia de género y la criminalización de las víctimas, además de un protocolo adecuado para el tratamiento de estos casos. En su mayoría mujeres, marcharon con las consignas “Ni una más” y “Vivas nos queremos”. La más concurrida fue la de la Ciudad de México, reportada con saldo blanco por la Secretaría de Seguridad Pública, pero no por ello libre de controversia.

Aunque desde su origen estuvo contemplada como una movilización de mujeres y para las mujeres, hubo contingentes mixtos. Algunos reporteros, sin embargo, denunciaron haber sido agredidos con empujones y bofetadas. Tal es el caso de Carlos Mendoza, reportero gráfico, que a través de un texto titulado “La vez que fui agredido por feministas extremistas” dio cuenta se vio invadido por el miedo al verse rodeado de seis mujeres. “Mi error…”, señala en su texto, “tener pene”.

Más allá de reportes de provocación de su parte, y sin excusar algún tipo de agresión, lo cuestionable es por qué invadir un contingente cerrado en esta ocasión, si es algo que no ocurre, por ejemplo, con el continente de padres de los normalistas de Ayotzinapa, que cada 26 marchan por las calles de la ciudad. ¿Por qué cubrir de forma distinta una marcha feminista?

 

La movilización no tuvo respuesta alguna en el Estado de México, particularmente en Ecatepec, el que mayor índice de feminicidios registra en el país. Por parte del gobierno de la Ciudad de México, semanas después se anunció como medida la distribución de silbatos, para que fueran utilizados por las mujeres que sufrieran de acoso en el transporte público.

 

Y es que más allá de los problemas de fondo que desembocan en esta problemática, digamos de educación, civilidad o incluso sentido común, la respuesta de las autoridades continúa siendo ineficiente.

 

Melissa Soto, activista por los derechos de la mujer, apunta a una omisión de la problemática por parte de las autoridades. Más allá de los altos índices de impunidad en denuncias sobre violencia de género, apunta la falta de transparencia en los datos y protocolos de atención, vacíos en estadísticas e información, en las legislaciones locales de los estados y
políticas formuladas de forma parcial y unilateral por parte de las instituciones, sin perspectiva de género, sin ir a las causas y a las raíces del problema.

 

“Las formas de operar de las autoridades que muchas veces también transfiere la responsabilidad del delito a la víctima, se traducen en desconfianza por parte de la población vulnerable,que ha sido históricamente discriminada institucionalmente, lo que mantiene un bajo índice de denuncias de violencia de género”, señala.

 

El 28 de julio del 2015, la Secretaría de Gobernación emitió por primera vez una alerta de género; fue en 11 municipios del Estado de México: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Sin embargo, a pesar de la medida, organizaciones como Crimen en México y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, indican que no ha habido avances en la entidad.

 

Diversas organizaciones civiles han exigido que la alerta se extienda a los 125 municipios de la entidad, se informe sobre las acciones emprendidas desde que se decretó en los primeros 11 y lleve a cabo una evaluación de los resultados.

 

A pesar de la poca eficacia evidenciada hasta ahora, el golpe político que representa y la utilización del término feminicidio, siguen siendo un motivo para que autoridades busquen minimizar la crisis de violencia de género.

 

A finales del año pasado, incluso cuando 7 mujeres fueron asesinadas en Quintana Roo en un periodo de 3 semanas, el gobernador Roberto Borge rechazó emitir una alerta de género; por el contrario, minimizó las cifras y pidió no politizar las muertes. “Los que hablan de feminicidios y promueven que se emita esta alerta sólo buscan atentar contra el éxito de Quintana Roo, frenar el desarrollo y crecimiento sostenido en turismo”, señalaría en un comunicado desde Londres, Inglaterra.

 

​Sentencia por Guardería ABC llega tarde y deficiente, a 7 años de la tragedia

 



 

* La sentencia no analiza las causas estructurales del incendio y no brinda acceso a la verdad, ni tampoco de todas las posibles responsabilidades

 

Hermosillo, Sonora, 22 de mayo de 2016.- Luego de la sentencia dictada por el juez federal Raúl Martínez Martínez, con fecha del 13 de mayo de 2016, por los delitos de homicidio culposo y otros en relación al expediente 126/2009 integrado a raíz de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, donde murieron 25 niñas, 24 niños y resultaron con diferentes grados de lesiones más de 70 niñas y niños; el Movimiento Ciudadano señala que la misma llega tarde y deficiente.

 

Dicha sentencia es deficiente en cuanto no esclarece las causas estructurales de las condiciones de inseguridad en la Guardería, subrogada por el IMSS, y tampoco deslinda claramente las responsabilidades de las diferentes personas procesadas en la causa penal de referencia, mientras no aborda las posibles responsabilidades de otras personas no procesadas.

 

Cabe destacar que ninguna persona de las sentenciadas ira a la cárcel inmediatamente, ya que el juez dictó sentencia por delito de homicidio y lesiones culposas, considerados “delitos no grave”, por lo que las siguientes etapas del proceso, como la apelación a esta sentencia, misma que ya ha sido interpuesta por los procesados, así como en el caso de un posible trámite de amparo directo, las seguirán llevando en libertad, hasta que finalicen las siguientes etapas legales y la sentencia quede firme.

 

Resulta importante recordar que 2 de los 4 socios de ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella (prima de Margarita Zavala) y Gildardo Urquidez Serrano, no se encuentran dentro de los sentenciados por haber sido beneficiados con una resolución absolutoria anticipada (sobreseimiento), por un magistrado de nombre Pablo Ibarra. De ahí que solo 2 de los 4 dueños de ABC, hayan sido sentenciados con a 28 años de prisión.

 

Aunado a lo anterior la sentencia no toca a funcionarios federales de medio y alto nivel, en relación a la cadena de mando y responsabilidades, por mencionar algunos nombres Eduardo Bours, Daniel Karam, Karla Rochin, respecto de los cuales la Procuraduría General de la Republica (PGR), no presentó consignación ante ninguna autoridad jurisdiccional, decidiendo tampoco ejercer acción penal contra las cuidadoras de nuestros bebés. Todo ello entraña la denegación de la investigación y procuración de justicia integral, favoreciendo a las y los responsables del homicidio y lesiones de nuestros hijos e hijas.

 

Con respecto a la demanda que se interpuso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misma se encuentra en proceso de admisión. Recordamos que acudimos a este organismo internacional porque en México las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia no han cumplido su trabajo.

 

En relación a la reunión que tuvieron algunos padres y la comisión especial integrada para seguimiento de caso ABC de la cámara de diputados (la tercera) con PGR, el pasado martes 17 de mayo, se notificó que se llevará a cabo en el lugar de los hechos nuevo peritaje; el objetivo es encontrar el origen del incendio. Una vez más manifestamos los padres, madres y ciudadanos aglutinados al Movimiento 5 de Junio, que el origen del incendio resulta irrelevante para determinar responsabilidades de diversas personas, ya que si se hubiera contado con las instalaciones, elementos de seguridad, y las autoridades del IMSS así como los dueños de la guardería ABC hubiesen cumplido con su responsabilidad, ese incendio no habría producido las consecuencias devastadoras. A PGR le exigimos se amplié la acción penal a involucrados como Eduardo Bours, Daniel Karam, Ernesto Gándara entre otros, y no estas acciones que a 7 años nos parecen una ofensa a nuestra inteligencia.

 

www.movimiento5dejunio.org

A 83 MESES DE LUCHA POR 49 RAZONES

Estudios científicos evidencian que la fractura hidráulica daña la salud y el medio ambiente

 

 

 

México DF, 17 de mayo de 2016

 

Compilación elaborada por profesionales de la salud de Estados Unidos pone de manifiesto que los daños causados por la fractura hidráulica no pueden ser evitados con regulación

 

Con base en esta evidencia sobre el impacto social, económico y ambiental, el estado de Nueva York prohibió la fractura hidráulica en diciembre de 2014

 

Pese a la existencia de estos datos, el Estado mexicano sigue apostando de manera irresponsable a la explotación de los hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica

 

En diciembre de 2014, el estado de Nueva York declaró prohibida la fractura hidráulica para extracción de gas y petróleo no convencional en su territorio. Sus principales argumentos fueron las investigaciones médicas y científicas publicadas en un compendio elaborado por el grupo de Concerned Health Professionals y Physicians for Social Responsability de Nueva York. Este documento, traducido al español y presentado este 17 de mayo, “tiene el potencial para ser una herramienta en las luchas contra la fractura hidráulica en América Latina”, expresó Annette von Schoenfeld, representante de la Fundación Heinrich Böll.

 

El compendio reúne más de 500 publicaciones académicas, artículos de investigación periodística y reportes del gobierno norteamericano sobre los impactos del fracking. Los principales riesgos y daños identificados son “los impactos en la salud pública con afectaciones, entre otros, como disrupciones endócrinas, malformaciones, problemas respiratorios y cáncer dada la contaminación del aire, el uso excesivo y alarmante contaminación del agua, las emisiones radioactivas; además sismos inducidos por la disposición de las aguas de retorno, impactos de la infraestructura asociada, así como los riesgos en la seguridad y el aceleramiento del cambio climático”, explicó Sandra Steingrabe, coautora del compendio.

 

Basados en la experiencia de Estados Unidos, donde la fractura hidráulica se ha utilizado más de una década, “todos estos estudios evidencian que las regulaciones no pueden evitar ni mitigar los daños causados por esta técnica. La única vía para que los daños no se produzcan es prohibir el fracking, como se hizo el estado de Nueva York”, señaló Colleen Boland, fundadora del grupo We Are Seneca Lake y Friends Against Fracking de Nueva York.

 

Julián Ramírez de la Alianza Mexicana contra el Fracking y de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) manifestó que “el compendio es una herramienta clave para la lucha contra la fractura hidráulica en México, puesto que el gobierno está impulsando de manera irresponsable esta técnica para extraer hidrocarburos no convencionales”. Según la Alianza, conformada por más de 40 organizaciones de 10 estados de la República, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya ha fracturado hidráulicamente numerosos pozos en nuestro país, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Tabasco, con la consecuente violación a los derechos fundamentales de las poblaciones.

 

“Esta actividad ya ha dejado daños en las comunidades de Papantla en Veracruz, con afectaciones a la salud de las personas, así como sus fuentes de agua y actividades

productivas y poniendo en peligro culturas y modos de vida milenarios. Ni las comunidades indígenas o campesinas, ni la población en su conjunto fueron informadas sobre el uso de esta técnica y mucho menos consultadas ni incorporadas en las decisiones, lo que pone en grave riesgo sus vidas y supervivencia”, denunció Alejandra Jiménez de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), parte de la Alianza.

 

Los daños ocasionados por la fractura hidráulica no se limitan a los pozos, sino que se extienden a la infraestructura para llevarla a cabo esta. Es el caso de los gasoductos que se construyen en el norte del país. Numerosas organizaciones y comunidades de Chihuahua se oponen a estos proyectos, por sus impactos negativos sobre los territorios, el medio ambiente, la salud y supervivencia de las poblaciones indígenas y campesinas. Exigen a las y los candidatos a la gubernatura que se posicionen en relación con la fractura hidráulica. También existe oposición en Sonora y en el sur de Texas donde, igual que con los pozos, los gasoductos están siendo impuestos sin garantizar los derechos de acceso a la información, consulta y consentimiento libre, previo e informado.

 

Situación similar se vive con el acueducto Monterrey VI, proyectado para llevar agua del río Panúco a Nuevo León, afectando a los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas por el despojo de su río a las comunidades. Este proyecto ha generado un fuerte rechazo social tanto por sus afectaciones ambientales, que implicarían la violación de tres tratados internacionales y dañarían profundamente la biodiversidad, como por la posible entrega y acaparamiento del agua para la industria de la fractura hidráulica. Esta técnica requiere de grandes volúmenes que quedan contaminados e inutilizados por la alta toxicidad de los productos químicos que se le añaden.

 

La intensificación de la explotación de los hidrocarburos no convencionales por fractura hidráulica está en la mira de la Secretaría de Energía (Sener) en el marco de la Reforma Energética, como se muestra en su “Plan quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019”. En él se contempla la entrega para este fin, durante los próximos cinco años, de áreas a empresas privadas y públicas como parte de las Rondas 1, 2, 3 y 4, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla. A esto se suman las áreas ya entregadas a Pemex en la Ronda 0 en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Puebla, dentro de las cuales la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA) autorizaron en febrero tres pozos exploratorios: Dos, Maxochitl 1 y Kaneni 1, en Veracruz y el tercero, Semillal 1, en Tamaulipas. Estos permisos se entregaron sin ningún proceso previo de información ni consulta a las comunidades afectadas, ni a la sociedad en su conjunto.

 

El compendio y las evidencias que en él se presentan sobre las nocivas consecuencias que la explotación de gas y petróleo no convencional tienen sobre la salud y bienes fundamentales para la vida como el agua y el aire, brindan elementos suficientes para que el gobierno prohíba la fractura hidráulica en el país, para caminar en línea con los compromisos de México en materia de derechos humanos, sustentabilidad y cambio climático. No hacerlo y continuar con los planes actuales supone una flagrante violación a sus obligaciones y pone en riesgo el desarrollo económico, la vida y el agua de miles de personas en México.

 

Contactos: Caroline Schroeder, Fundación Heinrich Böll, Tel. 55 5264 1514/2894, caroline.Schroeder@mx.boell.org

Aroa de la Fuente, Alianza Mexicana contra el Fracking, Cel. (044) 55 2894 2814, aroa@fundar.org.mx

Para bajar el compendio gratuitamente: http://mx.boell.org/es/compendio-fracking

Invitan al 1er. Encuentro Popular Contra la Ley Eruviel

 


Por todo aquello que sus y nuestros corazones aman de estas buenas tierras mexiquenses, los llamamos a luchar.

 

1er. Encuentro Popular Contra la Ley Eruviel

Toluca, Estado de México

 

Domingo 29 de mayo de 2016

12:00 a 1:00 pm. Actividades Culturales Infantiles

1:00 a 2:00 pm. Conferencia de Prensa

2:00 pm a 3:00 pm. Actividades Político Culturales

3:00 a 6:00 pm. Mesas de Trabajo: Discutamos de Derechos Humanos en el estado de México.

 

a) Alerta de Genero, Feminicidio y Mujeres Defensoras
b) Tierra y Territorios
c) Pueblos Indígenas y Nuevas Autonomías
d) Derecho Humano al Agua
e) Vivienda Digna

f) Energía Eléctrica es un Derecho Humano
g) Medio Ambiente Sano
h) Educación Pública y Gratuita y otros DESCAS
i) Tortura, abusos policiacos, presos políticos y de conciencia.

6:00 a 8:00 pm. Plenaria y Toma de Acuerdos para la siguiente etapa en la lucha por la abrogación de la ley Eruviel.

8:00 pm en adelante Actividades Político Culturales.

 

Lunes 30 de mayo de 2016

10:00 am. Emplazamos a un Diálogo Público de cara a la Nación a Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Edomex, en la Plaza de los Mártires (frente a Palacio Estatal de Gobierno)

 

Nota: Ambos días se estarán recibiendo firmas para los amparos que se promoverán contra la Ley Eruviel. Inclúyete y participa, tu firma es valiosa.

¡Desafía a la Tiranía! ‪#‎NoALaLeyEruviel

 

El Fuego de la Digna Resistencia/ dignofuego@gmail.com

 

Organizaciones y Pueblos Convocantes

Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracias; Acuexcomac Unido FDR; Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec A. C. FDR; Alianza Única del Valle FDR; Apaxco Comunidades por la Vida FDR; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero FDR; Consejo Estatal del Pueblo del Estado de México; Consejo Municipal del pueblo de Coyotepec; Consejo Nacional del Pueblo Mexicano; Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica FDR; Delegación Indígena Otomí San Francisco Magú FDR; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Acuexcomac FDR; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Atenco FDR; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Tocuila FDR; Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Francisco Xochicuautla FDR; Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Huitzizilapan FDR; Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra Santa Cruz Ayotuxco FDR; Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C.; Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales de Coyotepec A. C. FDR; Fuerza Cívica Naucalpense; Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa – CNTE FDR; Sistema de Agua Potable de Tecámac A. C. FDR; Temascalapa FDR; Vecinos Unidos del Poniente FDR

A un año de las desapariciones forzadas en Chilapa, ineficacia en investigación y persistencia de impunidad

 


 

 

  • Existen evidencias de que personas armadas que se autodenominaron Policías Comunitarias "por la paz y la justicia" detuvieron a las 16 personas cuyos familiares pertenecen al grupo de familiares de Chilapa "Siempre Vivos".
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  • Las desapariciones se dieron en presencia y/o con aquiescencia del ejército, gendarmería, policías federales y policías estatales.
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  • La PGR ineficiente en la investigación de los desaparecidos de Chilapa.

 

A un año de la desaparición forzada de por lo menos 16 personas en la ciudad de Chilapa de Álvarez, Gro., en manos de personas armadas que se autodenominaron como Policías Comunitarias "por la paz y la justicia" , las Organizaciones firmantes exigimos verdad, justicia y reparación del daño a las familias de los desaparecidos Alexander Nava Reyes, Arturo Gutiérrez Jaimes, Carlos Emanuel Meza Nava, Crispino Carreto Gonzales, Daniel Velázquez Romero, Gemino Neri Agustín, Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, Jorge Abarca Jaimes, Jorge Luis Salmerón Hernández, Josefino Jesús Cruz, Juan Carreto Cuevas, Miguel Carreto Cuevas, Samuel Carreto Vázquez, Sebastián Ulises Alonzo Jaimes, Sergio Derramona Abarca y Víctor Carreto Cuevas. De igual forma, condenamos energéticamente la falta de voluntad política de las distintas autoridades de todos los niveles de Gobierno, para dar con el paradero de estas personas y apoyar a las familias a través de sus Instituciones.

 

Es importante recordar que ante la denuncia de los familiares de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron entre el 9 y el 14 de mayo de 2015, autoridades de todos los niveles han simulado atender el caso de los desparecidos de Chilapa, ejemplo de ello fue la presencia en el municipio del Secretario de Gobernación, Osorio Chong; la Procuradora General de la Republica, Arely Gómez; el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo, entre otros, además del anuncio de la presencia de 3,000 elementos del Ejército Mexicano y la creación de un cuartel militar; sin que esto haya ofrecido una respuesta a la violencia generalizada en Chilapa y sus alrededores, ni haya dado con indicios o respuestas sobre el paradero de alguno de los desaparecidos de aquellos terribles 6 días.

 

De igual forma, es necesario apuntar que al día de hoy no existe ningún resultado en la investigación, radicada en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/306/2015, sobre lo que pasó en esos días, ni sobre la participación u omisión de las fuerzas de seguridad estatales, federales y castrenses. Es grave que en México se desaparezcan personas en presencia y con la aquiescencia de las fuerzas policiales y que las instancias encargadas de investigar delitos, no tengan la capacidad de dar con el paradero de los desaparecidos a pesar de que existen pruebas fehacientes que indican quienes son los presuntos responsables; quiénes además continúan incursionando armados impunemente en las cabeceras municipales de Zitlala y Chilapa, como ha sido evidenciado en días recientes.

 

Por otro lado, la respuesta de atención a las víctimas ha sido el desdén y el olvido como en otros casos registrados a lo largo del país. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaria de Gobernación Federal, durante los primeros meses estuvo apoyando a las familias con el pago de sus pasajes para asistir a las reuniones que todos los miércoles hacen en exigencia de la presentación de sus familiares; sin embargo desde el mes de enero de este año ese apoyo se les suspendió argumentando cambios en las políticas instituciones para el otorgamiento de apoyo, no sin antes exigirles la firma de formatos de entrega de apoyo, los cuáles serían supuestamente reembolsados cuando tuvieran los recursos disponibles. Al día de hoy, los apoyos no han sido reanudados, no se han recibido los reembolsos de los apoyos firmados y constantemente ponen obstáculos para que las familias obtengan el Registro Nacional de Victimas, lo cual ha mermado la presencia de las familias en la búsqueda de sus familiares, ante la pobreza en que viven, pues en su mayoría pertenecen a pueblos indígenas de esta región.

 

Ante la falta de resultados de las autoridades, las familias de "Siempre Vivos" hacemos un llamamiento a los grupos de familiares de desaparecidos del Estado de Guerrero a hacer un frente común para realizar acciones coordinadas; de igual forma las organizaciones firmantes nos unimos a las siguientes exigencias:

 

1.- Búsquedas serias, inmediatas y con resultados claros, que no abonen a la simulación, por parte de las autoridades competentes.

 

2.- La creación de una Fiscalía Especial de Desaparición de Personas dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, integrada por personal interdisciplinario, autónomo y capacitado para atender estos casos.

 

3.- Se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y reparación del daño a los familiares de las víctimas de desaparición forzada.

 

4.- La legislación en materia de declaración de ausencia, de acuerdo a estándares internacionales, para los casos de personas desaparecidas.

 

5.- El apoyo puntual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las familias de los desparecidos, sin trabas burocráticos.

 

 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos
"José María Morelos y Pavón"

Colectivo contra la tortura y la impunidad

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"

Organización de familiares de desaparecidos de Chilapa "Siempre Vivos"

Red Nacional De Organismos Civiles De Derechos Humanos
"Todos Los Derechos Para Todas Y Todos"
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

 

 

Información Adicional | Los hechos referidos

A mediados del mes de mayo de 2015, más de trecientas personas provenientes de comunidades de Chilapa de Álvarez, entre ellos mujeres, niños y adultos mayores, irrumpieron en la cabecera municipal fuertemente armados, en presencia de la policías estatal, federal, la gendarmería y el ejército, exigiendo la captura y procesamiento del líder de grupo de la delincuencia organizada "Los Rojos" en Chilapa. Los supuestos policías comunitarios desarmaron a los policías municipales y se apoderaron del Palacio Municipal. Esto publicado en la prensa local.

 

Patrullaban toda la ciudad, amenazando, deteniendo gente que consideraban sospechosa de pertenecer al mencionado grupo de la delincuencia organizada, quienes posteriormente eran torturados, interrogados y desaparecidos.

 

Según testimonios, "los hombres armados ataban de manos y pies a los detenidos (sin ninguna orden de aprehensión) y los tenían varias horas tirados en el asfalto en torno a la glorieta".

 

Durante los actos de violencia, la Gendarmería yacía resguardada en el hotel "las brisas" en el que se hospedaban, ubicada justo en frente de los hechos. En la comandancia donde se encontraban el resto de agentes de seguridad, tampoco procedieron en defensa de la ciudadanía.

Durante esos días familiares de las personas desaparecidas se manifestaron en presencia de los hombres armados y exigieron a las autoridades estatales y federales tomar medidas ante los delitos que se estaban cometiendo, sin recibir respuesta alguna.

 

El 14 de mayo, después de que se dio a conocer que uno de los comisarios, líder de la supuesta policía comunitaria, mantuvo comunicación vía celular con el líder de los Rojos, se retiraron amenazando con regresar si los cuerpos policiacos del Estado y la Federación no lo detenían a la brevedad.

 

Posterior a esos días los familiares de los desaparecidos formaron una organización en la que se integraron personas que tienen familia desaparecida desde el 2011 y que no había sido escuchadas, están ahora aglutinadas en el movimiento "Siempre Vivos", exigieron la atracción del caso por parte de la PGR, quien inició la Averiguación

 

Previa numero PGR/SEIDO/UEIDMS/306/2015, y quien prometió darles resultados en dos meses, lo que al día de hoy no ha sucedido.

 

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Comunicado/ PGR colaborará en la exhumación de cuerpos en fosas de Tetelcingo

 

 

 


El 9 de mayo de 2016, a las 12 horas, en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), nos reunimos la Procuradora General de la República Arely Gómez González; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; el Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón; el Segundo Visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama López; el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Eber Omar Betanzos Torres; el Secretario Técnico de la CNDH, Joaquín Narro Lobo; el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez; el Secretario de Comunicación Universitaria de la UAEM, Javier Sicilia Zardain; el Coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, Roberto Villanueva Guzmán y representantes de los colectivos de víctimas de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, de la Red Enlaces Nacionales, de la Red Retoño, de Cauce Ciudadano y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

 

En dicha reunión se abordó el caso de las fosas ubicadas en el predio El Maguey, de la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos. Los acuerdos de la reunión fueron los siguientes:

 

A solicitud de colaboración de la Fiscalía General del Estado de Morelos, dirigida a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estas instancias manifestaron que, en el marco de sus atribuciones legales, colaborarán con la Fiscalía General del Estado de Morelos en la exhumación de los cuerpos de las personas que se encuentran en las fosas y la toma de sus perfiles genéticos, misma que se realizará en la fecha que se acuerde entre las partes considerando la mecánica técnica de intervención acorde con los protocolos internacionales en la materia.

 

A petición de los familiares de las víctimas de personas desaparecidas, las instituciones presentes en la reunión reconocen la participación de la UAEM, en el proceso de acompañamiento respecto de las fosas de Tetelcingo, tanto en las diligencias que se realicen y en las mesas de trabajo.

 

Las instituciones y las organizaciones de familiares participantes acordaron establecer un equipo de trabajo respecto de las fosas de Tetelcingo que comenzó a sesionar al término de la reunión.

 

Las instituciones reconocen el derecho de las familias de las víctimas de personas desaparecidas para ejercer todos sus derechos en el ámbito de la procuración de justicia federal, la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas.

 

Atentamente

Procuradora General de la República Arely Gómez González; presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón; Segundo Visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama López; Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Eber Omar Betanzos Torres; Secretario Técnico de la CNDH, Joaquín Narro Lobo; Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez; Secretario de Comunicación Universitaria de la UAEM, Javier Sicilia Zardain; Coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, Roberto Villanueva Guzmán y representantes de los colectivos de víctimas de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, de la Red Enlaces Nacionales, de la Red Retoño, de Cauce Ciudadano y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

Greenpeace y Prodh saludan nombramiento como preso de conciencia del defensor Ildefonso Zamora

 


 

 

En manos del magistrado Vicente Antonio Bermúdez la libertad de ambientalista

 

Confirma Amnistía Internacional inocencia de líder indígena

 

Ciudad de México, 9 de mayo.- El nombramiento del defensor de bosques Ildefonso Zamora como preso de conciencia por parte de Amnistía Internacional confirma que las autoridades mexicanas estatales y federales mantienen en prisión por razones políticas y con una acusación sin fundamentos al ambientalista tlahuica, quien por casi 20 años ha luchado pacíficamente contra la tala ilegal en el Estado de México.

 

La determinación adoptada por la organización de derechos humanos más grande del mundo debe ser considerada por el Gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, así como por el Juez Vicente Antonio Bermúdez, del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien próximamente resolverá el juicio de amparo promovido por la defensa del líder indígena tlahuica.

 

Greenpeace México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organizaciones que acompañan a la familia Zamora desde 2004, confían en que el Juez Bermúdez otorgue en breve el amparo de la Justicia Federal a Ildefonso Zamora, reconociendo que la acusación sin fundamentos en su contra, busca inhibir la labor que ha ejercido como defensor de los bosques de San Juan Atzingo luchando de forma pacífica en contra de los talamontes, una actividad por la cual estos grupos criminales asesinaron a su hijo Aldo Zamora en 2007.

 

Desde que el Centro Prodh y Greenpeace México documentaron el injusto encarcelamiento del ambientalista, lanzaron la campaña #IldefonsoLibre que incluye una petición en línea dirigida al Gobernador, Eruviel Ávila; al Procurador de Justicia Estatal, Alejandro Gómez; y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sergio Medina; para exigirles desechar los falsos cargos que se le imputan a Zamora. Hasta el día de hoy, ninguna de las autoridades ha respondido a las más de 22 mil personas que ya firmaron la carta para exigir la liberación de Ildefonso.

 

Frente a la inacción de las autoridades del Estado de México, el Juez Federal de Amparo Vicente Antonio Bermúdez tiene en sus manos la oportunidad de finalmente hacer justicia, atendiendo así el llamado de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y de miles de personas que saben que Ildefonso Zamora fue detenido en represalia por defender el medio ambiente y los derechos humanos.

 

Información adicional

Greenpeace y el CentroProdh cuentan con material audiovisual sobre las zonas taladas y recuperadas de los bosques de San Juan Atzingo. También se encuentran imágenes del defensor de los bosques don Ildefonso Zamora. Todas las fotos y videos de la campaña #IldefonsoLibre pueden ser descargados del siguiente enlace: https://drive.google.com/folderview?id=0B-FztwBmRXttY3RtRmVBTmJISE0&usp=sharing

 

Contactos:

Miguel Soto Treviño

Vocero #IldefonsoLibre, Greenpeace México

Oficina.56 87 95 95

04455 55 14 85 35 78

miguel.soto@greenpeace.org

www.greenpeace.org/mexico/es/

 

Narce Santibañez Alejandre

Centro Prodh

Oficina. 55466559

04455 8531 2218

comunicacion@centroprodh.org.mx

www.centroprodh.org.mx

 

MPJD, colectivos y familiares de víctimas exigen exhumación de cuerpos localizados en fosa de Tetelcingo

 

Foto: Archivo

 

 

Cuernavaca, Morelos a 5 de mayo de 2016

 

C. Arely Gómez González

Procuradora General de la República

 

C. Renato Sales Heredia

Comisionado Nacional de Seguridad

 

C. Graco Ramírez Garrido Abreu

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos

 

C. Matías Quiroz Medina

Secretario de Gobierno del Estado de Morelos

 

C. Javier Pérez Durón

Fiscal General del Estado de Morelos

 

 

P R E S E N T E

 

El 28 de marzo de 2014, la Fiscalía General de Morelos (FGEM) ordenó la inhumación de más de 100 cuerpos que se encontraban en las cámaras frigoríficas de los servicios médicos forenses de las ciudades de Cuernavaca y Cuautla. Dentro de estos cuerpos, enterrados como basura en una fosa de 3 metros de ancho, por 6 de largo y 4 de profundidad y, por lo mismo, carente de cualquier protocolo forense, se encontraba el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, que estaba identificado desde 2013 a través de la prueba de ADN.

 

El lugar elegido para trasladar y depositar los cuerpos fue el predio El Maguey, ubicado en la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, un panteón ilegal, es decir, que no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento.

 

Ante las denuncias de la familia de Oliver Wenceslao y la presión de varias decenas de familiares y organizaciones de víctimas de desaparecidos, la FGE fincó responsabilidades por el delito de mal procedimiento en inhumación y exhumación de cuerpos, al Coordinador Regional de Servicios Periciales en la Fiscalía Oriente y a la ex directora de Servicios Periciales, y a través del Fiscal, ha comparecido en dos ocasiones ante el Congreso del Estado de Morelos.

 

En esas comparecencias, el Fiscal ha aceptado que, de los más de 100 cuerpos inhumados, 11 no cuentan con ningún tipo de documentación ni averiguaciones previas, que “41 (…) se identificaron por muestras genéticas, 13 por medio de los registros AFIS y siete con ayuda de testigos; la suma de ellos da 61 cadáveres identificados”[1], cabe mencionar que la identificación testimonial carece de rigor científico. Posteriormente, la FGEM informó que cuenta con 102 perfiles genéticos, de 116 que, según la propia FGEM se encuentran en las fosas, pero nunca ha especificado ni cómo ni cuándo tomó las muestras. Además, en el caso de que realmente hubiera en ellas sólo 116 cuerpos –cuestión que sólo puede aclararse exhumando los cuerpos—hay 14 de ellos sin perfiles genéticos.

 

Debido a estas negligencias y actuaciones criminales, consideramos que la actuación y la información de la Fiscalía General del Estado de Morelos carece de toda confiabilidad y, basándonos en los Artículo 4 y 21 de la Ley General de Víctimas --que nos concede, como víctimas indirectas o representantes de víctimas de desaparición forzada, un interés jurídico y la posibilidad de participar en la investigación de casos de personas desaparecidas--, exigimos:

 

Se realice a la brevedad la exhumación de los cuerpos localizados en la fosa de Tetelcingo, Cuautla, permitiendo la participación de la Procuraduría General de la República, Policía Federal y sobre todo del personal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, institución que ha sido designada como nuestro equipo de peritos independientes. Lo anterior con el fin de garantizar adecuadamente nuestro derecho a la verdad y a la participación en las investigaciones, y asegurar las condiciones para una investigación seria, independiente, imparcial y rigurosa.

 

ATENTAMENTE

 

Familiares de víctimas que han comparecido ante ministerios públicos de PGR solicitando lo mismo:

 

Nombre de familiar Nombre de la víctima
Yolanda Natalia Navarro Escobedo Luis Alberto Navarro Escobedo
María del Socorro González Verá José Roberto Mendoza Gonzalez
Norma Nora González Contreras Candelario Rodríguez Gonzalez
Reyna Velazquez Luna Omar Yair Velazquez Luna
Olga Lidia Quiroga Rodriguez César Reyes Quiroga
Lorena RamosRodriguez Juan Antonio Cortinas Lopez
Elizama Hernández Sánchez Gamaliel López Candanoza
María Concepción Rodríguez Santillán Felipe Cabrera Hernandez
Claudia Verónica González Juarez Agnolo Pável Medina Flores
Martha Patricia Morales Leonardo Daniel Rodríguez Morales
Claudia Camila Vargas Garcia Nadia Miroslava Reyes Vargas
Ana Francisca Reyes Guevara Ana Lariza García Rayas
Roberta Dalila Rodríguez González Alejandra Amairami TameZ Rodríguez
Cecilia Martínez Varela Cecilia Yolotsi Macias Martinez

 

Colectivos de víctimas indirectas o representantes de víctimas indirectas de desaparición forzada:

 

Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Colectivo Colibrí (Distrito Federal); Colectivo por la Paz, Xalapa (Veracruz); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); El Solecito de Veracruz (Veracruz); Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal, Michoacán, Morelos, Michoacán y Veracruz); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Frente de Víctimas del Estado de Morelos (Morelos); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Coahuila); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Nuevo León); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Red de Enlaces Nacionales; Red de Eslabones por los Derechos Humanos; Voces Unidas por la Vida (Sinaloa); Grupo Vida; GAREM Internacional; Grupo de Búsqueda Independiente Águilas; Siempre VIVOS; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.; Desaparecidos Justicia de Querétaro; Red Retoño; Cauce Ciudadano; Familias Unidas Piedras Negras; Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C.; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Torreón Coahuila; Huasteca Potosina Buscando a sus Desaparecidos; La Alameda Morelos; Red de Madres Buscando a sus Hijos (Estado de México) ; Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz; Red de Madres, Veracruz; Comité de Familiares de Personas Detenidas, Desaparecidas en México “Alzando Voces”.

 

Araceli Rodríguez Nava, madre del joven desaparecido Luis Ángel León Rodríguez; Carlos Cruz Santiago, Cauce Ciudadano; Dra. Carolina Robledo Silvestre, Catedrática CONACYT-CIESAS; Clara Jusidman, INCIDE Social; Eliana García Laguna, defensora de derechos humanos; Fray Raúl Vera López; Hna. Consuelo Morales, Premio Nacional de Derechos Humanos; Javier Sicilia Zardain, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Dra. Laura Carlsen, CIP Porgrama de las Américas; Mtra. Alejandra González Marín, defensora de derechos humanos; Mtra. Ximena Andión Ibáñez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Mtro. Pablo Romo Cedano, Presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Dr. Sergio Aguayo, Colegio de México; Mtro. Silvano Cantú Martínez, defensor de derechos humanos; Pbro. Alejandro Solalinde, Hermanos en el Camino; Roberto Villanueva Guzmán, Programa de Atención a Víctimas UAEM

 


[1]Boletín 07/2016, Fiscalía General del Estado de Morelos.

Invitan a la Jornada Nacional de Lucha: "Por Cada Detenido Desaparecido, Indignación y una Razón para Luchar"

 

 

 

 

Ciudad de México, a 04 de mayo de 2016

A los medios de comunicación nacional y del extranjero

A las víctimas del terrorismo de Estado

A los organismos defensores de los derechos humanos

A las organizaciones populares, democráticas e independientes

Al pueblo en general

 

JORNADA NACIONAL DE LUCHA: “POR CADA DETENIDO DESAPARECIDO INDIGNACIÓN Y UNA RAZÓN PARA LUCHAR”

 

La desaparición forzada es un fenómeno real y vigente en el país, crimen de lesa humanidad consumada por los cuerpos represivos del Estado mexicano y sus instituciones. No hay estructura gubernamental que no sea cuestionada por el pueblo, organizaciones populares, familiares, defensores de los derechos humanos, que exigen la presentación de sus seres queridos más juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen tan aberrante.

 

Es un fenómeno tangible que no se puede evadir con simples argumentos efímeros de que son producto de la violencia delincuencial. La realidad no hace más que confirmar en cada hecho y en cada momento que la responsabilidad de cometer estos crímenes tiene patente en las estructuras mismas del Estado mexicano, independientemente de la corporación policiaca o mando que las ejecute.

 

Mayo es una fecha conmemorativa para todas las víctimas de la desaparición forzada, porque a base de la lucha que emprendieron familiares y organizaciones se logra establecer la última semana como la semana internacional del detenido desaparecido, no sólo para recordar a las víctimas sino para exigir su presentación con vida y la erradicación de este crimen de lesa humanidad.

 

Esta fecha la reivindicamos para exigir al Estado mexicano la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales de ayer y hoy, y en particular para exigir la de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; el activista político y militante del FNLS, Fidencio Gómez Sántiz; las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz; el activista Teodulfo Torres Soriano; los militantes del FPR Lauro Juárez y Gabriel Gómez Caña; el defensor de los derechos humanos Francisco Paredes Ruiz; los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

La respuesta del Estado mexicano ante la exigencia de familiares, organizaciones y defensores de derechos humanos es y ha sido la impunidad, el burocratismo, la dilación, difamación, demagogia y la negación de ser el responsable en el cometido de la desaparición forzada, además, de negar la participación del ejército, la marina, policía federal, estatal, municipal y grupos paramilitares en la comisión de este crimen, lo que nos refleja la total protección a los cuerpos policíaco-militares.

 

Es tanto el cinismo que se valen de argumentos políticos y cientifistas para hacer pasar una mentira por “verdad histórica” con la intención de eludir la responsabilidad del Estado en los miles de crímenes de lesa humanidad, como lo ha hecho con los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, los familiares de Veracruz, los familiares de Gabriel y Edmundo, casos que ejemplifican la respuesta del Estado mexicano ante la exigencia de juicio y castigo.

 

Cuando los familiares se organizan y deciden exigir vía jurídica y política la presentación con vida de sus seres queridos, la respuesta del Estado ha sido la ejecución de más crímenes: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, para que se deje de denunciar y señalar a los cuerpos represivos como los responsables.

 

Un ejemplo claro es lo que ha pasado con los militantes del FNLS, que por desarrollar diversas jornadas de lucha para exigir la presentación con vida de los dos luchadores sociales Gabriel Alberto y Edmundo y la de todos los detenidos desaparecidos por el régimen, se ha sido objeto de hostigamiento, ejecuciones extrajudiciales en Chiapas, intentos de ejecución extrajudicial en la Ciudad de México, y la reciente desaparición forzada del compañero Fidencio Gómez Sántiz, ocurrida el 5 de marzo en de 2016 en Ocosingo, Chiapas.

 

Ante el extranjero el gobierno de Enrique Peña Nieto se jacta ser respetuoso de los derechos humanos y que México es un país “democrático”, cuando la realidad es otra; en el caso del GIEI se ha encargado de difamar a los expertos y señalar como inverisímiles las conclusiones que presentan, esto refleja la política de desgaste y difamación ante organismos internacionales de derechos humanos con tal de no evidenciar la verdad oculta y evitar una sentencia internacional por el cometido de crímenes de lesa humanidad.

 

Asimismo, a pesar del compromiso asumido, de contar con una Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, hasta el momento, esta no ha sido aprobada, esto debido a la falta de voluntad política por parte del Estado de contar con una ley general de acuerdo a los tratados internacionales en la materia que no permita diluir más su responsabilidad en la comisión de este crimen.

 

Por lo anterior mencionado vamos a realizar las organizaciones firmantes y las que integran la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA: “POR CADA DETENIDO-DESAPARECIDO INDIGNACIÓN Y UNA RAZÓN PARA LUCHAR”, del 01 al 30 de mayo, en los varios estados de la república mexicana, entre ellos Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Guadalajara, Michoacán y la Ciudad de México.

 

Jornada que contempla mítines en plazas públicas, volanteo, denuncia, difusión y un encuentro nacional de juristas con familiares, defensores de los derechos humanos, organizaciones populares y personalidades.

 

Responsabilizamos al gobierno de Enrique Peña Nieto y a los gobiernos de las distintas entidades federativas, donde se va a realizar la jornada nacional de lucha, de la integridad física y psicológica de cada uno de los integrantes de las organizaciones aquí presentes durante el desarrollo de la actividad.

 

Señalamos que no vamos a dejar de exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, podrán reprimirnos, hostigarnos, cometer crímenes de lesa humanidad contra nuestras personas, pero no van evitar que denunciemos y exijamos juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de estas aberrantes prácticas.

 

Invitamos al pueblo en general, a los familiares y a las organizaciones a sumarse a las distintas actividades que vamos a desarrollar durante esta jornada y no esperemos a ser víctimas para denunciar esta política represiva de Estado. Que el silencio se torne en denuncia y combatividad y en las calles consignemos ¡PRESENTACIÓN CON VIDA! ¡YA! ¡HASTA ENCONTRARLOS!

¡Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, Fidencio Gómez Sántiz, Daniela y Virginia Ortiz y Teodulfo Torres Soriano!

¡Presentación con vida todos los detenidos desaparecidos por el régimen de ayer y hoy!

¡Alto al terrorismo de Estado!

¡Alto a la militarización y paramilitarización en el país!

 

Atentamente

Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada

Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comité Cerezo Mexico, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo(FNLS), Comité Independiente de Chihuhua-FEDEFAM, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (CDHHSO), Brigada Multidisciplinaria de la UNAM, Comité Moseñor Romero, Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP)

 

Programa de Actividades en la Jornada Nacional: “Por cada Detenido- Desaparecido, Indignación y una razón para luchar”

7 de mayo

Mitin a lado de la Catedral. Ciudad de México

11:00 hrs

 

12 de Mayo

Mitin en la CEAV en exigencia de los compromisos asumidos en el caso de Rubicel Hernández. (Intento de Ejecución extrajudicial)

10: 00 hrs

 

16 de Mayo

Conferencia de Prensa por el Caso de la Desaparición Forzada de Fidencio Gómez Sántiz desaparecido el 5 de marzo del 2016 en Ocosingo Chiapas.

Cencos. 11:00 hrs

 

24 de Mayo

Conferencia de Prensa. 9 Aniversario de la Desaparición Forzada de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes.

11:00 hrs Cencos

Presentación del libro: Gira Nacional. Desaparición Forzada en México, caso: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad.

16: 30 hrs Facultad de Economía de IPN

 

25 de Mayo

Mitin en el Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal en Exigencia del cumplimiento de la resolución judicial 29/2014 por el caso de la Desaparición forzada de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

10:00 hrs

Presentación del Informe: “10 años de Desaparición Forzada por motivos políticos en México 2006-2016”. Presentado por el Comité Hasta Encontrarlos.

Participan:

Padre Miguel Concha

Alan García, encargado del Área jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU

Escritor Federico Mastrogiovanni

Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos

5:00 pm Lugar: por confirmar

 

26 de Mayo

Foro: ¿Estado de Derecho? Sentencias, Resoluciones y Recomendaciones en casos de Desaparición forzada en México.

Casos: Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

Rosendo Radilla Pacheco

Desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

10:00hrs Lugar: por confirmar.

 

27 de Mayo

Foro: Desaparición Forzada en México: Experiencia de los familiares en la lucha por la presentación con vida.

10: 00hrs

 

28 de Mayo

Conversatorio: Recursos Jurídicos contra la Desaparición Forzada

10: 00hrs Lugar por confirmar

 

29 de Mayo

Evento Político Cultural. Monumento a la Revolución.

11:00 hrs

 

30 de Mayo

Marcha del Gobierno del Distrito Federal a la Secretaría de Gobernación

11:00 hrs

Corte IDH llama a Estado mexicano a informar sobre las sentencias en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo

 

 

 

 

La CorteInteramericana de Derechos Humanos celebra el 114 Período Ordinario de Cesiones del 25 de abril al 4 de mayo.

Audiencias Privadas de Supervisión de Cumplimiento

 

Conjunta para los Casos Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra, ambos en contra de México

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado mexicano a informar en audiencia privada sobre avances en el cumplimiento de las sentencias en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo

 

San José, Costa Rica y Guerrero, México a 3 de mayo del 2016. El día de hoy se celebró en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en San José de Costa Rica una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencias conjunta en los casos de Inés Fernández Ortega y Otros vs. México y de Valentina Rosendo Cantú y Otra vs. México.

 

A seis años de la emisión de las sentencias y a más de 14 años de los hechos, esta es la primera vez que la Corte IDH sostiene una audiencia de supervisión de cumplimiento de ambos casos, si bien ya ha emitido 3 resoluciones al respecto[1]. Cabe recordar que en octubre del 2010, la Corte IDH publicó dos sentencias en contra del Estado mexicano y a favor de ambas mujeres indígenas[2] En dichos fallos determinó que -en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente- ambas mujeres habían sido objeto de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano y de autoridades estatales y federales en el estado de Guerrero, México, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó "violencia institucional castrense".

 

Durante la audiencia, se presentó un video en el que ambas mujeres enviaron un mensaje al Tribunal regional sobre el estado en el que se encuentra el cumplimento de ambas sentencias y sus preocupaciones al respecto: los procesos de justicia, su participación en medidas de reparación comunitarias, así como la garantía de la implementación de medidas de no repetición. El video está disponible en:

 

En ese marco, sus representantes el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Tlachinollan, dieron cuenta de los avances en el cumplimiento de algunas reparaciones ordenadas por el Tribunal, los cuáles son resultado de la participación activa de las Sras. Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y sus representantes para impulsar el diálogo con el Estado mexicano. Ejemplo de ello son los procesos judiciales en el fuero ordinario contra cuatro elementos del ejército por los crímenes cometidos en contra de ambas mujeres, hecho inédito en el país. No obstante, también se expresó la preoucpación por los obstáculos a que las mujeres puedan acceder plenamente a la justicia, como se deriva del asesinato de uno de los inculpados en el caso de Inés Fernández Ortega en una prisión militar, sin que hasta ahora se conozca el contexto en el que esto sucedió.

 

 

No sobra mencionar que tanto para Inés Fernández, como para Valentina Rosendo, los procesos penales contra los perpetradores son clave para su acceso a la justicia, por lo que no será hasta que se cuente con sentencias firmes que las reparaciones en materia de justicia se consideren como cumplidas.

 

De igual forma, durante la audiencia se informó a la Corte sobre aquellas medidas que aún no son cumplimentadas y que demuestran paradigmáticamente las dificultadas para alcanzar pleno cumplimiento en las medidas de no repetición, por vía de medidas legilslativas y de políticas públicas, incluyendo entre otras, estandarización de protocolos de actuación respecto a la atención e investigación de violaciones sexuales; los programas y cursos de capacitación en relación a la investigación diligente de casos de violencia sexual contra las mujeres; las capacitación y formación en derechos humanos a integrantes de las Fuerzas Armadas; servicios de atención en Guerrero a víctimas de violencia sexual en instituciones de procuración de justicia; entre otras.

 

Finalmente, durante la audiencia se reiteró que las obligaciones respecto de las modificaciones a la jurisdicción militar no han sido completamente cumplidas. En este contexto se resaltó que el Congreso volvió a pasar una serie de reformas al Código de Justicia Militar y al Código de Procedimientos Penales de Justicia Militar. Además de que las reformas adoptadas contrajeron diversas críticas de organismos de derechos humanos por sus repercusiones en posibles violaciones de derechos humanos; resalta que en este paquete de reformas, el Legislativo no haya decidido concluir con las reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar, perdiendo así una oportunidad de dar cumplimiento total a lo ordenado por la Corte.


[1] Las resoluciones de cumplimiento de fecha 25 de noviembre del 2010, 21 de noviembre de 2014 y 17 de abril del 2015, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden consultarse en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm

[2] Las sentencias a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 y 31 de agosto del 2010, respectivamente y notificadas el 1 de octubre a las partes. Las sentencias pueden consultarse en: http://www.corteidh.or.cr/

 

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Christian Campos

Área de Comunicación

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