Centro Nacional de Comunicación Social AC

Comunicación para la defensa de los derechos humanos

Difusión

En este espacio encontrarás información relacionada con la información que difunde la sociedad civil y los movimientos sociales en México

Acciones personales de guerrilla anticorrupción


 

Conflictos sociales amenazan proyectos de energía

Por Redacción/ El Economista

 

Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales; de éstos, al menos 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma energética, de acuerdo con una investigación de El Economista.

 

En los últimos cinco años, los estados en los que se han presentado más conflictos sociales por la realización de proyectos de energía son Oaxaca, con 14, seguido de Puebla, con ocho, y Veracruz y Quintana Roo, con cuatro cada uno. Las razones más importantes de los conflictos han sido la falta de consulta a las comunidades y los posibles impactos ambientales.

 

La falta de normatividad secundaria en la reforma energética para realizar las Evaluaciones de Impacto Social (Evis) y la falta de una Ley de Consulta Indígena han generado un vacío legal aprovechado por diversas organizaciones para frenar proyectos, poniendo en riesgo la efectividad de la reforma.

 

La investigación realizada tomó como base las consultas públicas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a cada proyecto, así como los informes presentados por las organizaciones civiles que se verían afectadas en caso de que se realice.

 

Conforme a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, es requisito presentar una Evis para realizar cualquier proyecto de energía. Sin embargo, la falta de capacitación de algunas empresas consultoras para identificar los conflictos sociales potenciales en las comunidades ha llevado a que los proyectos se encuentren empantanados dentro de conflictos con éstas.

 

Un ejemplo es el Gasoducto 
El Encino-Topolobampo a cargo de la empresa TransCanada que fue cuestionado por las comunidades rarámuris en el estado de Chihuahua por no haberse realizado la consulta indígena antes de la asignación del proyecto por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

 

A finales del año pasado hubo un enfrentamiento entre grupos yaquis por diferencias sobre la construcción del gasoducto Guaymas–El Oro, en Sonora, a cargo de la empresa IEnova, lo cual ocasionó un oficial muerto y ocho heridos, según la Procuraduría General de la República.

 

Al igual que los ductos, alrededor de 18 proyectos hidroeléctricos, parques eólicos y fotovoltaicos y líneas de alta tensión en todo el país se encuentran detenidos por problemas con las comunidades.

 

Faltan reglas

 

Para María de las Nieves García-Manzano, directora de GMI Consulting, los trámites de Evis no deben ser un mero trámite a presentar en la Secretaría de Energía, sino que deben proveer información certera a las empresas de los posibles conflictos sociales que se derivan de los proyectos, para que las empresas puedan tomar medidas a tiempo antes de que participen actores externos y los conflictos se vuelvan inmanejables.

 

“Si revisamos la reforma energética, existen sólo unos cuantos artículos en la Ley de Hidrocarburos y de la Energía Eléctrica que hablan de la Evis y de la consulta indígena”, dijo.

 

Por lo tanto, es urgente que se emitan las Disposiciones Secundarias de la Evis y una Ley de Consulta Indígena para que brinden certeza jurídica no solamente al inversionista de que los proyectos serán viables, sino a las comunidades de que sus opiniones serán tomadas en cuenta de acuerdo con un formato establecido, añadió.

 

“En el caso del sector energético, las empresas consultoras deben sensibilizar a sus clientes de que más allá del cumplimiento de una legislación incipiente en materia social, es necesario realizar una gestión social profunda que les permita tener una relación cordial con la comunidad desde la planeación del proyecto y durante toda su operación”.

 

“Actualmente, gran parte del éxito de un proyecto depende de que cuente con el apoyo de la comunidad local como aliada natural y principal interesada en la consolidación y operación del mismo”, agregó García-Manzano.

 

Consulta indígena, insoslayable

 

A las evaluaciones de impacto social y manifestaciones de impacto ambiental que la ley prevé como requisitos para que los nuevos proyectos energéticos que sean sustentables, se impone un requisito de mayor rango: la aprobación de las comunidades indígenas ubicadas dentro de los potenciales terrenos que, de oponerse a los proyectos, no podrán ser expropiados, lo que constituirá un enorme reto para los inversionistas y autoridades en materia de justicia social para el desarrollo energético nacional en el nuevo marco legal.

 

Dado que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía jurídica que la Constitución en nuestro país, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de protección de derechos de comunidades originarias al que está suscrito México determina que antes de que arranque cualquier proyecto energético debe realizarse una consulta “libre e informada” si existen comunidades indígenas en el terreno donde se pretende llevar a cabo las actividades.

 

Si bien, la Ley de Hidrocarburos determina que las actividades energéticas estarán por encima de cualquier otra y prevé la figura de servidumbre legal mediante decreto de expropiación para los terrenos, la falta de planeación en la implementación de los aspectos sociales, ambientales y con respecto a los pueblos originarios, junto con la invasión de facultades estatales, municipales y agrarias por parte de la federación para permisos y usos de suelo, pone también en riesgo la certidumbre jurídica de los proyectos, aseveró la experta. (Karol García).


 

Acción por la Paz, la Vida y el Agua México-Estados Unidos

Difusión, conferencia de prensa:

 

 

  • Viene a México Cheryl Angel, que es una mujer líder indígena, y venerable (de la Tribu Sioux), procedente de Dakota del Norte, y llega a la ciudad de México, en solidaridad con los pueblos indígenas y trascendiendo fronteras, con la intención de apoyar y promover la unión de organizaciones y movimientos para proteger el agua, la vida y la tierra en todo el Planeta
  •  
  • La indígena de la tribu Sioux, ha sido una integrante fundamental de la lucha que se dio para detener hace un par de años el oleoducto de Keystone XL y, ahora, de la lucha noviolenta que está dando el pueblo lakota en Standing Rock en contra del Dakota Access Pipeline, oleoducto del corporativo texano Energy Transfer Partners que pretende atravesar territorio sagrado de las lakota, y penetrar el río Missouri y pasar por debajo del lago Oahe en la reserva sioux de Standing Rock.
  •  
  • Cheryl Angel ha viajado a México para incorporarse a una Caravana por la Paz y la Vida convocada por integrantes del Plantón por los 43 Detenidos-Desaparecidos y Presos y Procesados Políticos del País, integrada por Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes de diversas normales rurales y representantes de distintos pueblos en lucha por la defensa de la tierra y del agua.
  •  
  • Además el objetivo que tiene esta acción es que mientras hay políticos hablando de la construcción de muros, lo que se busca es construir puentes para traspasar las fronteras, mientras se busca imponer proyectos para explotar nuestra madre tierra, nosotras construimos proyectos de vida desde la soberanía de los pueblos.

 

 

Participan:

  • Integrantes de las Organizaciones Convocantes

 

 

Convoca:

  • OraWorldMandala, Programa de Extensión en México de la Gujarat Vidyapith (Universidad fundada por Mahatma Gandhi en 1920), la Unión de Cooperativas Tosepan 

 

La cita: Lunes 20 de Febrero de 2017 a las 12:00 horas, frente al Monolito de Tláloc en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México

 

Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels.

55336475 / 76, ext. 104

Proceso de selección de la persona titular de la CEAV


Enrique Peña Nieto

Presidente de la República Mexicana

 

Senadores y Senadoras

Senado de la República

 

P R E S E N T E

Ref.: Proceso de selección de la persona titular de la CEAV



Por este medio nos dirigimos a ustedes en relación con el proceso de selección de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En tal sentido, queremos hacerles llegar una serie de inquietudes y preocupaciones en relación a este tema.

 

 

Por la importancia tanto del proceso como del cargo, las organizaciones firmantes consideramos fundamental que se respete lo establecido en el artículo 85 y el transitorio quinto de la Ley General de Víctimas, y que también se retomen las mejores prácticas relacionadas con procesos transparentes, incluyentes, participativos y certeros. Por ello, de manera inicial hemos participado de forma activa en el proceso de selección del o la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, haciendo llegar nuestra propuesta a través de las vías establecidas.

 

 

La Ley General de Víctimas vigente prevé que en el proceso de selección se garantice “el respeto a los principios que dan marco a [la] Ley [General de Víctimas], especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.”1 Asimismo, la Ley señala que debe realizarse una consulta pública, al menos, con tres sectores: con víctimas, expertos/as y organizaciones de la sociedad civil.El primer párrafo del quinto transitorio de la última reforma a esta legislación, prevé lo siguiente:

 

 

Quinto. Por única ocasión, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien durará en el cargo tres años. [Resaltado fuera del original]

 

 

En virtud de que a la fecha no tenemos conocimiento del curso que ha tomado el proceso de selección, con fundamento en los artículos 1º, 6º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Ley General de Víctimas, le solicitamos respetuosamente lo siguiente:

 


    1. 1.  Que se nos informe la lista de personas que fueron propuestas para ocupar la titularidad de la CEAV y quiénes fueron los colectivos de víctimas, organizaciones y/o expertos/as que les propusieron.

 

  1. 2.  Que se nos explique –independientemente de lo que está establecido en las bases de la convocatoria publicadas en el Diario Oficial de la Federación que contiene las reglas generales del proceso- cuáles son los pasos, tiempos y criterios que se están siguiendo para elegir la propuesta de candidato/a que será enviada por el ejecutivo al poder legislativo y que de la misma manera el Senado informe el proceso que seguirá para concluir la elección del o la próximo/a titular de la CEAV.

 


  1. 2.  Que se nos explique de qué manera tanto el Ejecutivo como el Legislativo van a garantizar un proceso transparente, inclusivo y participativo que implique la consulta y participación de colectivos de víctimas, expertos/as y organizaciones de la sociedad civil.

 

Para las y los firmantes, es fundamental que el proceso de selección de la persona titular de la CEAV, sea transparente, inclusivo y que se nos permita participar en el mismo. De igual manera, resulta fundamental que la persona propuesta cumpla con el perfil idóneo para ejercer tan alta responsabilidad. Consideramos que la consulta no se agota con proponer a una persona, sino estar al tanto del proceso de selección, participar del mismo y que tal participación sea efectivamente tomada en cuenta en la decisión final.

 

 

En este sentido, solicitamos al Ejecutivo que antes de someter la propuesta al Senado, se haga un escrutinio público del perfil de la persona en el que participen organizaciones, colectivos y personas expertas. Ello podría hacerse, al menos, a través de la revisión de los documentos y trayectorias de la misma así como a partir de entrevistas públicas. De la misma manera solicitamos al Senado que una vez recibida esta propuesta, se lleve a cabo un escrutinio público con las mismas características.

 

Consideramos que el perfil de la persona a elegir debe cumplir no solamente con los requisitos establecidos en la convocatoria, sino que se debe buscar a la persona, cuya trayectoria, experiencia y honorabilidad en el trabajo con las víctimas, garantice un mejor ejercicio al frente de la CEAV.

 

 

Finalmente, no obsta señalar que la excepcionalidad de este proceso podría dar lugar a acciones discrecionales, si no se garantiza de manera fehaciente el cumplimiento de los requisitos y supuestos mencionados previamente.

 

 

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta y aprovechamos la oportunidad para enviarle un saludo cordial.

 


Atentamente,

 

 

Consuelo Morales Elizondo; Irma Rosa Martínez Arellano; Julieta Patricia Tello Alfonso; Laura Elena Gutiérrez Robledo; Nicomedes Fuentes García; Pilar Noriega García.

 

 

Artículo 19; Bowerasa, A.C. Haciendo Camino; Casa del Migrante Saltillo Frontera con Justicia, A.C.; Casa Xitla;Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C.; Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan". A. C.; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.; Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A. C.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.; Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C;Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.; Derechos de la Infancia y la Adolescencia A.C.; El Barzón Chihuahua; Ecos de Mirabal; EQUIS Justicia para la Mujeres, A.C.; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) Región Laguna; FUNDEM Región Sureste; FUNDEM Región Centro; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL); Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) con el apoyo de Washington Office onLatinAmerica (WOLA); Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE); Grupo Feminista Ocho de Marzo de Chihuahua, A.C.;I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., de la Universidad Iberoamericana campus Puebla; Mexicanos en el Exilio (MexEnEx); Movimiento Insurgencia Magisterial de la ciudad de Chihuahua; Mujeres Barzonistas; Observatorio Designaciones Públicas;Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.; Red por la Participación Ciudadana, A.C.: Red por los Derechos de la Infancia en México; ScalabrinasMisión con Migrantes y Refugiados; Tierra Nativa, A.C.; Transforma, A.C.; Uno de Siete Migrando, A.C.

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos“Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab.); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab.); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

6 Municipios del Estado de México reprobados en transparencia de acuerdo con evaluación del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes CIMTRA

 


 

 

  • * La evaluación se aplicó a seis municipios: Chalco, Ecatepec de Morelos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco y Toluca. Con una calificación promedio de 23 puntos, en una escala del 0 al 100. La evaluación más alta fue de 31 puntos y la más baja de 13.9.
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  • * Preocupa la opacidad en aspectos como Gastos, Bienes y usos y Urbanidad en donde gran parte de los municipios obtuvieron 0.
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Ciudad de México 16 de febrero de 2017. El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, CIMTRA, es una red de ciudadanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil civiles surgido en 2002 y que actualmente tiene presencia en 15 estados del país, dedicado a realizar acciones para la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos municipales. Una de las estrategias utilizadas es la aplicación de evaluaciones de transparencia a los municipios, que verifica que se coloquen la vista de la ciudadanía en sus portales web de transparencia (sin que medie solicitud alguna) una serie de información relevante sobre las actividades de los órganos municipales y los recursos que manejan, asignando evaluaciones del 0 al 100 de acuerdo al cumplimiento de distintos rubros. Estas evaluaciones forman parte de un ranking nacional. (se anexa).

 

En el mes de enero del presente año, las y los integrantes del Capítulo Estado de México del Colectivo, llevaron a cabo una evaluación a los municipios de Chalco, Ecatepec de Morelos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco y Toluca, los cuales por sus características cuentan con especial importancia para el contexto social, económico, político y demográfico de la entidad. En esta muestra se encuentran dos de los municipios más poblados del país y la capital de la entidad, además de que actualmente se encuentran gobernados por cuatro distintas agrupaciones políticas.

 

Con una calificación promedio de 23 puntos sobre 100, los seis municipios resultaron reprobados en la evaluación, lo que demuestra una situación generalizada de opacidad y ausencia de información pública accesible y útil al alcance de la ciudadanía, que imposibilita el escrutinio de los recursos públicos, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

 

Preocupa la ausencia de información relevante sobre el manejo presupuestario de los municipios, pues en rubro Gasto fue uno de los peor evaluados con una calificación promedio de 7.3 puntos sobre 100, y el rubro “Bienes y Usos” con evaluación promedio de 6.8 sobre 100, lo que indica que los organismos municipales manejan los recursos públicos materiales y financieros de espaldas al escrutinio ciudadano. Además de la información sobre Urbanismo, en donde 5 de los 6 municipios evaluados obtuvieron 0 de calificación, una muestra de la opacidad sobre los usos de suelo y permisos de construcción, aspectos indispensables para el desarrollo ordenado de la Zona Metropolitana del Valle de México.

 

Otros datos relevantes son:

 

  • * Sólo 1 de los 6 municipios (Nezahualcóyotl,) presenta información sobre comunicación social.

     

     

  • * Sólo 1 de los 6 municipios (Nezahualcóyotl), reporta sobre gastos de viáticos.

     

     

  • * Ninguno de los 6 municipios reporta lista actualizada de proveedores.

     

     

  • * Ninguno de los seis publica propuesta de obra de Coplademun

     

     

  • * Ninguno publica lista de obra con ramo 33.

     

     

  • * Sobre el tema de bienes muebles e inmuebles del municipio hay nula la información.

     

     

  • * Sobre el comité de adquisiciones se tiene también poca información

     

     

  • * Solo 1 de los 6 municipios (Nezahualcóyotl), publica listado de programas sociales.

     

     

  • * Solo 1 de los 6 (Toluca) publica los cambios de uso de suelo
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La evaluación además permite observar que si bien existen algunas prácticas interesantes en cuanto a mecanismos de atención ciudadana en las páginas web municipales, la mayor parte de ellas presentan listados de Obligaciones de Transparencia en lenguaje burocrático que no resulta accesible para gran parte de la ciudadanía, en formatos que no facilitan el análisis y la reutilización de la información para fomentar el debate público en torno a la toma de decisiones, además de que no consideran temáticas de especial interés para la ciudadanía mexiquense y de la Zona Metropolitana del Valle de México, como la inseguridad y la movilidad.

 

Las y los ciudadanos que integran el Colectivo CIMTRA Capítulo Estado de México así como organizaciones como Frente México, Bajo La Lupa, Observatorio Regional Ciudadano Sustentable, Comuna Axolotl A.C, Enlace Acolhua y Arkemetría Social, reafirman su disposición para colaborar con el sector académico, los órganos garantes, las servidoras y servidores públicos municipales y la ciudadanía interesada para fortalecer la transparencia de los gobiernos municipales y lograr canales de interacción que propicien la participación ciudadana, limiten la corrupción y mejoren el desempeño de la gestión pública municipal. Más información en www.cimtra.org.mx

 


 

 

La resolución de PGR sobre irregularidades en caso Ayotzinapa alienta la impunidad




Ciudad de México a 16 de febrero de 2017.- El pasado 9 de enero de 2017 la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a los padres y a las madres de las víctimas del caso Iguala los resultados de la investigación interna iniciada por las irregularidades en la indagatoria que detectó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica en la indagatoria. La resolución entregada a las familias es limitada y parcial, lo que desde nuestra perspectiva constituye un alarmante mensaje de impunidad que debilita al Estado de Derecho.

 

Entre las irregularidades detectadas por el GIEI estuvo el señalamiento de que existieron actuaciones en la investigación que no fueron reportadas dentro del expediente. En su Segundo Informe presentado el 24 de abril de 2016, el GIEI reveló un video donde se aprecia que el 28 de octubre de 2014 el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, trasladó ilegalmente a un detenido al Río San Juan, le interrogó en ausencia de su defensor y no levantó constancia de dicha diligencia, además de que no solicitó formalmente que el sitio quedara bajo custodia. Dicho detenido presentó posteriormente huellas de maltrato. Esto resulta sumamente relevante puesto que es una base en la que se ha pretendido sostener la hipótesis oficial: en el lugar escenario de las actuaciones irregulares se habría encontrado un día después la bolsa de donde se extrajo el único resto óseo hasta hoy identificado como perteneciente a uno de los jóvenes desaparecidos.

 

Después de la revelación del GIEI, la PGR se comprometió a realizar una investigación interna exhaustiva y expedita a cargo del entonces Visitador General de la institución, César Alejandro Chávez. Dicha investigación no fue concluida en los tiempos anunciados a las familias, lo que incluso derivó en la suspensión de la interlocución entre éstas y las instancias federales. Posteriormente, diversos trabajos periodísticos -Reforma, Aristegui Noticias, Proceso, Anabel Hernández y The New York Times- revelaron que el Visitador había realizado un proyecto de resolución que de manera inédita señalaba las graves responsabilidades de los funcionarios implicados en las diligencias del Río, encontrando al menos 13 irregularidades y ordenando el inicio de una investigación penal por la “posible trascendencia penal” de dichas actuaciones ilegales. Los reportes de la prensa indicaron también que justamente fue por el contenido crítico del trabajo de la propia institución que el proyecto no fue aprobado, lo que derivó incluso en la salida del Visitador Chávez de la PGR.

 

Hoy, a casi 10 meses de las revelaciones del GIEI se ha hecho pública la resolución final de la PGR, es claro que el proyecto avanzado por el anterior Visitador fue recortado en sus principales alcances para generar una conclusión que de forma inaceptable convalida graves violaciones al debido proceso y con ello fomenta la ilegalidad. Al omitir toda referencia al derecho internacional de los derechos humanos, al considerar legales detenciones que fueron arbitrarias, al no responsabilizar a Tomás Zerón de violar el derecho a la verdad por no informar de las diligencias en el Río San Juan y al no pronunciarse sobre el derecho a la defensa del detenido que fue llevado al río, sin duda la resolución encubre severas ilicitudes. La relevancia que pudiera tener esta resolución se diluye al sólo proponer el inicio de procedimientos administrativos por responsabilidades leves, dejando de lado el inicio de investigaciones penales; de esta manera también se alienta la arbitrariedad de las policías de investigación, pues se les permite situarse al margen de las obligaciones básicas de respeto al debido proceso y de su sujeción al ministerio público.

 

En suma, la resolución realizada por la Visitadora Adriana Campos, ya dentro de la administración del Procurador Raúl Cervantes Andrade, abona a la impunidad y violenta al Estado de Derecho. No sólo constituye un nuevo agravio a las familias que aún demandan justicia y verdad, sino que también muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR, en la medida en que evidencia cómo los controles internos constituidos por instancias como la Visitaduría General, carecen de independencia, firmeza y capacidad técnica. Estas deficiencias deberán ser tomadas en cuenta en las discusiones sobre el diseño de la nueva Fiscalía General de la República.

 

En este mismo sentido, no debe pasarse por alto que al quedar algunos de los procedimientos administrativos por iniciarse en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, hoy encabezada por Arely Gómez -quien como Procuradora de la República tuvo a su cargo tanto a César Chávez como a Tomás Zerón- su desenlace pondrá a prueba las recientes reformas al Sistema Nacional Anticorrupción.

 

La decepcionante resolución de PGR por las irregularidades registradas en el caso Ayotzinapa es un pésimo precedente para quienes trabajamos para erradicar la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho desde la sociedad civil y la academia. Esperamos que esta decisión pueda ser revisada en las instancias judiciales correspondientes y que se transparenten todos los procedimientos administrativos y sus resoluciones, de modo que esta determinación no constituya un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia y verdad para este importante caso. Recordamos que la cabal resolución del caso Ayotzinapa sigue siendo no sólo del interés de las víctimas sino de todo México.

 

Firman a título personal:

 

Aleida Calleja

Carolina Pimentel

Daniel Gershenson

Guadalupe Barrena

Jacobo Dayán

Layda Negrete

Luis Daniel Vázquez

Maite Azuela

Margarita Griesbach

Organizaciones:

 

Alarbo, AC

Causa en Común, A. C.

Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi

Centro Diocesanos para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Centro Nacional De Comunicación Social (CENCOS)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)

Fray Juan de Larios

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Fundem/Fuundec

I(dh)eas Litigio Estratégico, A. C.

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S. J., Puebla

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Justicia Pro Persona, A.C.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI)

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana

Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Iberoamericana, Torreón

Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO, Guadalajara

R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).


 

 

Asamblea Nacional de Resistencia Ciudadana contra el gasolinazo, hablará sobre las acciones que llevarán a cabo

 

 

  • La Asamblea Nacional de Resistencia Ciudadana contra el gasolinazo llevará a cabo su segunda asamblea el 18 de febrero en Ixmiquilpan Hidalgo. Se dialogará sobre las acciones que se llevarán a cabo contra el gasolinazo, la carestía, las reformas estructurales y para hacer realidad el ¡Fuera Peña Nieto!

  • Es importante recordar que en la primera asamblea, celebrada el 21 de enero, en el Monumento a la Revolución, se acordó iniciar un proceso de coordinación nacional, contra el gasolinazo, y reformas estructurales. En dicha ocasión participaron representaciones de 17 estados del país.

 

Participan:

 

 

  • Integrantes de la Asamblea Nacional de Resistencia Ciudadanas

 

 

Convocan:

 

  • Asamblea Nacional de Resistencia Ciudadanas
  •  

La cita: Jueves 16 de Febrero de 2017 a las 12:30 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

 

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

 

Municipios del Edomex reprobados en transparencia de acuerdo con evaluación del CIMTRA

 


 

  • El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) es una red de ciudadanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, surgido en 2002 y que actualmente tiene presencia en 15 estados del país. CIMTRA realiza acciones para promover la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos municipales.

  • La evaluación que realizó el CIMTRA se aplicó en seis municipios: Chalco, Ecatepec de Morelos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco y Toluca. La calificación promedio fue de 23 puntos, en una escala del 0 al 100. El puntaje más alto obtenido fue de 31 puntos y el más bajo de 13.9.
  • Preocupa la opacidad en aspectos como gastos, bienes, usos y urbanidad, temas en los cuales gran parte de los municipios obtuvieron 0.

 

 

Participan:

 

  • Integrantes del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA)

 

Convoca:

 

  • Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA)
  •  

La cita: Jueves 16 de Febrero de 2017 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.

 

 

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo, a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

RELATORÍA DE HECHOS. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA


 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FEBRERO 13, 2017

 

El día lunes 13 de febrero alrededor de las 6 de la mañana, en protesta por la falta de compromiso político e incongruencia de valores por parte del alcalde de la ciudad, Gustavo Sánchez (PAN), miembros de los Campamentos Ciudadanos de Mexicali comenzaron a ocupar parte de las entradas del Ayuntamiento.

 

Los manifestantes, acampados desde hace un mes en el centro cívico del Estado, habían comunicado dichas intenciones desde el viernes 10 de febrero, al salir de su quinta mesa de diálogo con el cabildo de Mexicali y Gustavo Sánchez. La intención de volver a bloquear la Casa Municipal se debió a una percibida falta de cooperación de parte de la Institución, pues en cinco mesas de diálogo, cada una de 4 a 5 horas de duración, el alcalde aún no completaba, por escrito, ninguno de los puntos en el pliego petitorio original.

 

Para tal efecto, los ciudadanos manifestantes convocaron a una toma simbólica de la Casa Municipal el domingo 12 de febrero, que serviría para reforzar al bloqueo real programado para el día lunes 13.

 

Horas antes del mitin del 12 de febrero, alrededor de las 11 de la mañana, dos camiones escolares llenos de efectivos policiales y dos unidades k9 entraron al estacionamiento subterráneo de la Casa Municipal. También hubo un despliegue de al menos 20 unidades policiales (patrullas, pick-ups y camionetas sin ventanas), incluida una unidad de inteligencia con cámara, una ambulancia y un camión de bomberos, los cuales se posicionaron sobre la Calle Mar Adriático, casi esquina con Ave. De los Pioneros.

 

Durante la mañana temprana del 13 de febrero hubo tres transmisiones en vivo por Internet vía Facebook, todas hechas por miembros de los campamentos, y la relación con los agentes de policía que guardaban el perímetro era, como en ocasiones similares, distanciada pero cordial.

A las 7 de la mañana del mismo día, trabajadores del Ayuntamiento empezaron a ocupar la esquina de la Calle Mar Adriático y Ave. De los Pioneros. Al mismo tiempo, parte de los manifestantes se ubicaron alrededor de las vallas metálicas que la policía había colocado el día anterior. A partir de esta hora, los medios de comunicación locales, tanto tradicionales como independientes, comenzaron a transmitir en vivo.

 

Entre 7:00 y 7:30 de la mañana los manifestantes corearon consignas reivindicando nociones de justicia y democracia, y exponían, a otros manifestantes como a trabajadores del Ayuntamiento, las razones por las cuales se consideraba necesario cerrar las oficinas municipales.

 

En medio de una clase universitaria de sociología frente a los escalones de la Casa municipal, y mientras se leía en voz alta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), decenas de pisadas marchando irrumpieron la calma y, desde el edificio municipal, fueron saliendo cerca de 45 agentes policiales —sumándose al medio centenar ya desplegado— e hicieron una formación militar de tres filas mirando al este desde la plaza, misma que habían hecho el día anterior con el perímetro de vallas.

 

Inmediatamente después de esta marcha, una figura que sería clave para el desarrollo de los eventos resaltaba entre los policías uniformados. Era un hombre de pasados 40 años, moreno, delgado, no muy alto, con corte de pelo militar, lentes de sol, un traje de dos piezas café, tenis blancos desgastados y un celular que revisaba constantemente. Se movía con completa soltura dentro de la plaza, su caminar siendo una mezcla entre militar retirado y un free-lancer medieval.

 

Cuando salieron los policías a formación algunos manifestantes se alarmaron y les pidieron a gritos que no hicieran nada, que sus hijos los verían, que el país y el futuro los juzgaría. El que esto escribe se acercó a dos policías mujeres que cuidaban uno de los perímetros y les preguntó su opinión sobre Mexicali Resiste, a lo cual ambas respondieron que estaban “del lado del movimiento”, pero que su trabajo no les permitía estar del otro lado de la valla y se disculparon por limitarse a ser “sólo” policías.

 

Cerca de las 8 de la mañana comienza a formarse un cuello de botella en la parte más cercana a la banqueta de Ave. De los Pioneros, cuya parte central estaba ocupada por manifestantes. Hasta aquí, la policía había mantenido su distancia de los manifestantes, sin embargo, sin previo aviso ni consenso, agentes de la policía municipal comenzaron a quitar parte de la valla diseñada para proteger al edificio y salieron a presionar a los manifestantes.

 

Al mismo tiempo, José Pablo Angulo abre el cuello de botella de manifestantes a gritos y empujones. Su odio no se compara con la calma del resto de los trabajadores del Estado, quienes siguen observando las acciones desde el otro lado de la calle. El hombre tiene cerca de 60 años y encara a José Fierro en un encendido debate frente a los medios. Los manifestantes gritan y repiten: “¡No violencia!” El hombre de apariencia burócrata cada vez grita más fuerte, pero los manifestantes lo superan en coro y en número, lo cual hace rabiar al hombre.

 

Para las 8:10 de la mañana los policías se van acercando cada vez más a los manifestantes sin que éstos se den cuenta (los manifestantes ven hacia “fuera” de la plaza, mientras los policías van “saliendo” de la plaza), hasta que el sujeto de aspecto militar, con un par de movimientos, hace que cerca de 30 policías municipales formen dos líneas rectas con dirección a la calle, formando un pasillo de dos metros de ancho que separa y divide a la masa de manifestantes que segundos antes controlaba el centro del espacio. Así, una vez controlado el espacio afuera de la valla, los policías comienzan a reprimir.

 

Durante los primeros minutos de la represión, las fuerzas policiales someten a cinco manifestantes por medio de la fuerza. Los manifestantes se forcejean con los policías para no ser presas de los explosivos ataques que el hombre de figura militar ejecuta: rompe la fila de policías desde atrás para sorprender a objetivos fijos (esto es, a manifestantes específicos) que forcejean ya sea para proteger a alguien o por su propia integridad; el hombre de apariencia militar intenta sus propios sometimientos, de tal forma que entra y sale de las discordias, pero si él no logra someter a una persona, el resto de los policías ya saben por quién deben ir.

 

Cuando un grupo de policías levanta a cuatro manifestantes que ya tenían sometidos en el piso, un reportero de Canal 3 Televisa intenta acompañar a uno de los detenidos dentro del edificio municipal. Al percatarse de esto, un oficial vestido de civil y dos uniformados lo interceptan antes de que pueda entrar al edificio con el detenido. El reportero se sienta en el suelo inmediatamente y logra no ser aprehendido, pero lo sacan inmediatamente de la plaza vacía que controlaba la policía.

 

Minutos después, en medio de un caos que se interrumpe y avanza por secciones, un vocero de la Comisión Interestatal de los Derechos Humanos decide entrar al edificio del Ayuntamiento, mientras manifestantes, hombres y mujeres, gritan con voz desesperada: “¡Queremos ver a nuestros compañeros!” “¡Sáquenlos!” “¿¡Por qué se los están llevando!?” Al hombre de la CIDH lo acompañan dos mujeres uniformadas con los mismos colores del organismo.

 

Cerca de las 8:15 de la mañana hay confusión en ambos bandos. Los manifestantes se mueven de un lado a otro, como péndulos afuera de un perímetro vallado, pero los rostros de los policías también muestran desfiguros: es obvio que no están entrenados para estos choques, no saben cómo enfrentar a grandes cantidades de gente: rompen formaciones, usan fuerza excesiva, golpean a las costillas, dan patadas, sujetan a manifestantes pero no tienen forma de hacerlos mover uno-contra-uno, por lo cual se unen tres, cuatro o cinco y entre todos tratan de levantar al siguiente desafortunado. Los policías sudan, también gritan, bufan, miran hacia ambos lados, están confundidos.

 

Finalmente logran formar el pasillo completo hacia la calle. Los manifestantes responden formando un perímetro justo fuera de las barreras humanas de los policías y vuelven a intentar bloquear el acceso. La mayoría de los manifestantes en la cadena humana son mujeres, señoras de alrededor 50 años.

 

Al otro lado de la calle, observando la confusión y el ruido, empleados del municipio parecen esperar a que todo se resuelva por sí solo. Disimuladamente, agentes ministeriales con pantalón kahki y camisa azul marino, también observan, armados con pistola al cinto y esposas colgando bajo la camisa.

 

Pasadas las 8:20 de la mañana y para estos momentos la policía se ha llevado a 7 manifestantes más. Los nombres de los 12 miembros de los Campamentos Ciudadanos son: Arturo Ramírez, Francisco Javier Pérez, Benjamín Zavala Méndez, Filiberto Sánchez Gurrola, Jorge Hugo Bravo, Jorge Benítez López, Ignacio Gastélum Ruiz, Santa Cecilia Hernández Osorio, Dr. Mario Sotelo Rodríguez, María Guadalupe Mora Quiñonez, Verónica Jiménez Orta, Jorge Hugo Brambila Valdés.

 

El licenciado Salinas toma un megáfono y afirma alzando la voz que se ha violentado la Constitución, específicamente los artículos 1 y 9. Lo repite una y otra vez y en algún momento también él se ve envuelto en un forcejeo con dos policías. José Fierro y León Fierro también toman el megáfono y tratan de evidenciar aún más los maltratos de la policía y del Ayuntamiento, las provocaciones de los personajes que ya no están en la escena, los arrestos predeterminados de miembros de Mesas de Diálogo y, detrás de todo esto, la administración del recién jurado alcalde Gustavo Sánchez.

 

A las 8:40 de la mañana se escuchan sonidos de una patrulla desde la rampa que lleva al subterráneo del edificio municipal. Veinte policías que cuidan esa entrada se movilizan y comienzan a empujar a manifestantes y periodistas por igual. Vuelve el forcejeo y los gritos: “¡Suéltame!” “¡No me toques!” “¡Asesinos!” “¡Cómplices!”

 

Mientras algunas personas caen al piso, manifestantes y policías, de la rampa emerge a toda velocidad una patrulla-camioneta sin vidrios. Un manifestante se para frente a ella y la obliga a detenerse. “¡Se los están llevando!” “¡No dejen que se los lleven!” “¡Póngase enfrente!” Pero hay demasiados policías y por un momento logran despejar suficiente espacio para que pase la camioneta y ésta arranca a toda velocidad y se va.

 

A las 9:08 de la mañana Abril Rodríguez tiene una llamada con Carmen Aristegui, en la cual relata parte de lo sucedido para el programa en directo. Sobre las personas sometidas y arrestadas, dijo: “Casualmente los eligieron bien, porque son aquellas personas que forman parte de la mesa de trabajo con el palacio municipal”.

 

Ahora mismo, gracias a la presión ciudadana y los rápidos amparos de los abogados, están saliendo los 12 manifestantes que se llevaron a la comandancia. Los manifestantes fueron privados de su libertad por 10 horas. Da la casualidad que Gustavo Sánchez acaba de terminar de dar un discurso transmitido por radio FM, en donde apenas y menciona los eventos de hoy.

 

Las doce personas que hoy han perdido y recuperado su libertad han sido los primeros presos políticos de este movimiento. Tengamos cuidado entonces, porque sabemos de qué son capaces nuestros adversarios. Pero tengamos, igualmente, confianza, porque les hemos tumbado su máscara, y tras ella no hay nada.

Posicionamiento a favor de la libertad de expresión y en contra de la represión del mal gobierno

 


 

Hoy lunes 13 de febrero, lo que era una manifestación pacífica terminó en un evento de violencia, dolor e incertidumbre para todos los cachanillas.

 

El pasado viernes 10 del mes en curso, el movimiento Mexicali Resiste anunció el bloqueo de los accesos del edificio del ayuntamiento municipal ante la negativa del alcalde, Gustavo Sánchez, y su cabildo para eliminar el injusto aumento al impuesto predial, la supresión del cobro por derecho al alumbrado público (DAP), entre otras demandas.

 

Desde el primer día que se bloqueo la ahora Casa Municipal, se solicitó una mesa de diálogo y de trabajo, después de 5 mesas de trabajo, no había disposición por parte del Cabildo o del Alcalde, su colaboración fue solo de compartir el monto y nombre de los principales deudores del Impuesto Predial; empresas locales, nacionales y extranjeras que por años han omitido el pago, mismo pago que subsanara la deuda pública y demás.

 

El día de ayer domingo, Gustavo Sánchez tuvo la oportunidad de hacer acto de presencia y dialogar para el beneficio de los mexicalenses, en su lugar junto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal arribaron esta mañana con más de 100 elementos municipales ejerciendo actos de violencia contra los manifestantes, donde 13 de ellos terminaron en detención, violatoria al derecho humano para la libre expresión, protesta de las y los manifestantes; Jorge Benítez, Jorge Brambila, Ignacio Gastelum, José Guadalupe Montoya, María Guadalupe Mora, Benjamín Gutiérrez, Mario Sotelo, Verónica Jiménez, Santa Cecilia Hernández, Filiberto Sánchez, Benjamín Zavala, Jorge Hugo Bravo, Arturo Ramírez y Francisco Pérez.

 

Acto seguido el Presidente Municipal, a través de medios de comunicación local, enfatizó la necesidad de realizar el pago del Impuesto Predial, dejando de lado los actos violentos que suscitaron esta mañana.

 

En este sentido la declaración del Alcalde de la ciudad, y de Francisco Vega dela Madrid, reiteran que sus gobiernos hasta la fecha jamás han visto por el bien común, al contrario la corrupción, tráfico de influencias y la falta de rendición de cuentas sobresalen en el gobierno actual y los pasados. De nada sirve que se bajen el salario si seguirán protegiendo a los altos mandos de corrupción del municipio y del Estado.

 

El movimiento Mexicali Resiste se originó a inicios de enero tras la aprobación de la Ley de Aguas, el aumento a los combustibles producto del gasolinazo, la instalación de varios megaproyectos, como lo son la planta cervecera Constellation Brands y el basurero tóxico EcoZoneMx (ahora Mexicali Incluyente), así como el incremento a diversos impuestos locales. A lo largo de más de un mes el movimiento ha realizado bloqueos a edificios públicos, asambleas populares, mesas de diálogo con autoridades y cuatro marchas masivas, tras las cuales se logró la abrogación de la Ley de Aguas y el reemplacamiento obligatorio.

Las acciones de detección de las y los manifestantes se suman a la campaña de represión y criminalización que han emprendido los gobiernos estatal y municipal en contra del movimiento social en Mexicali.

 

Ante este clima de represión, es preocupante que en días recientes el gobernador Kiko Vega anunció la llegada de cuerpos del Ejército para “reforzar la seguridad” en Baja California, esto ante la supuesta ola de violencia que se ha registrado en la entidad. El despliegue de elementos castrenses en otros estados ha significado el incremento de la violencia y la represión “colateral” de la protesta social.

 

Repudiamos los actos de violencia ejercidos por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal hacia nuestros compañeros y compañeras y exigimos el esclarecimiento de los lineamientos utilizados el día de hoy por parte del Municipio así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos quienes dieron testimonios falsos y en lugar de representar al pueblo, vieron por los intereses ajenos.

 

¡Alto a la represión del movimiento social en Mexicali y en todo Baja California!

 


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