Centro Nacional de Comunicación Social AC

Comunicación para la defensa de los derechos humanos

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Impotente ante los saqueos


 

Por Eduardo Espinosa

 

Soy uno de los 3 millones 300 mil residentes del Estado de México que diariamente viene a la Ciudad de México, pero el día de ayer, el traslado de regreso a casa fue muy diferente.

 

Después de salir de una reunión en Polanco, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, subí al metro y extrañamente lo encontré medianamente vacío y en silencio. Era casi irreal, por lo general, me topo con cientos de personas intentando entrar a los vagones y el bullicio no me permite ni pensar.

 

Mientras pasaban las estaciones, comencé a sentir un ambiente tenso. Algunas personas llamaban a familiares para saber si se encontraban bien o para preguntar si había transporte público. Siendo sincero, después de casi 11 años haciendo el recorrido, jamás había vivido algo similar, no tenía miedo pero algo me ponía la piel chinita.

 

Horas antes, en diferentes medios y en las redes sociales, informaban sobre hechos violentos, donde lejos de las protestas por el alza de la gasolina, personas ingresaban a centros comerciales a robar abusando del descontento social, la mayoría de ellos, ubicados en el Estado de México.

 

Al momento, creí que en efecto habría la posibilidad de algunos saqueos, pero que la mayoría eran rumores. Curiosamente, al llegar a la estación Rosario, revise Facebook y un amigo de confianza había publicado sobre el robo a varias tiendas departamentales en la plaza cercana a esa estación por lo que empecé a creer que no todo era inventado.

 

A los minutos, transborde para abordar el tren suburbano y el sentimiento era el mismo, la gente tenía miedo. Sonó mi celular y era mi papá preguntándome dónde estaba y cómo iba a completar mi camino a casa, pues según los rumores no había transporte en la terminal del tren. Decidí continuar como siempre, esperé 30 minutos en una línea de alrededor de 60 personas y por fin me subí a una de las pocas “combis” que estaban disponibles.

 

En mi último trayecto, observé las avenidas casi vacías, en un día normal y a esta hora -las 6:30 de la tarde- regularmente me enfrentaría a cientos de autos creando un gran caos.

 

Antes de llegar a casa, siempre paso por varios complejos comerciales, todos estaban cerrados, no tenían daños, no los habían saqueado ni vandalizado, pero tenían las cortinas y puertas de seguridad abajo.

 

Estando ya con mi familia, me puse a platicar con mi papá, pues yo seguía creyendo que eran los rumores de personas mal intencionadas los que habían provocado que los habitantes cerraran los comercios y se escondieran en sus hogares.

 

Como lectura personal, creía que detrás de los saqueos había una estrategia de mal informar a la sociedad para causar miedo y que las verdaderas protestas por el gasolinazo terminaran. Cosa que fue efectiva, ya que incluso el tema central en los medios dejó de ser los altos precios para enfocarse en la violencia.

 

Entrada la noche, empecé a comunicarme con algunos amigos, uno de ellos me comentó que el centro comercial más cercano a mi domicilio estaba siendo saqueado por lo que me puse alerta, y algunos minutos después empecé a ver por la ventana carros repletos de productos.

 

Vi a mis vecinos entrar a sus casas cargando cajas de electrodomésticos pero a quienes nunca vi fue a la policía, a los militares y fue así que concluí que los saqueos fueron permitidos por omisión de las autoridades, y algunos ciudadanos ajenos a los actos violentos aprovecharon para beneficiarse, he de confesar que los juzgué, después, me detuve un poco y reflexioné, estas personas llevan años buscando una “vida mejor”, que según los estándares está íntimamente relacionada con los bienes. De pronto, tuvieron la oportunidad de “ser mejores” y en unos minutos obtuvieron lo que probablemente no podrían adquirir en años.

 

Es un hecho ilegal con el que claramente no estoy de acuerdo, pero vivimos en un sistema que muchas veces nos orienta a la gestación de estos actos. Por lo pronto, yo creo que debemos mantenernos unidos y bien informados, las protestas pacíficas deben continuar.

 

Con Hillary o Trump, ¿qué viene para los inmigrantes latinoamericanos en EU?

Por: Daniela Eva Sweet-Coll

 

 

Obama ha deportado a más inmigrantes indocumentados que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Es verdad que implementó una política severamente anti-migrante, pero al mismo tiempo, firmó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), la cual protege a inmigrantes que nacieron después de 1981, llegaron a EU antes de cumplir 16 años y que han vivido continuamente en ese país después de 2007.

 

Para recibir protección bajo DACA, estos inmigrantes necesitan tener como mínimo su certificado de educación general (GED por sus siglas en inglés) o estar estudiando actualmente. Este tratado les proporciona autorización de empleo durante dos años, lo cual les permite la oportunidad de avanzar en sus carreras profesionales, en lugar de ser limitados a los trabajos que regularmente realizan los migrantes.

 

Desafortunadamente, no todos los jóvenes indocumentados fueron elegibles bajo el DACA y para muchos, la acción ejecutiva llegó demasiado tarde, fueron aprehendidos y devueltos a sus países de origen que para ellos son totalmente desconocidos.

 

Por ejemplo, en México, que cuenta con más personas deportadas que cualquier otro país en América Latina, estos jóvenes se encuentran con varios obstáculos que evitan su reintegración a la sociedad como la poca asistencia con sus necesidades básicas como son alimento y alojamiento.

 

Hay que tener en cuenta que muchos de estos ya no tienen familiares en sus países y se quedan varados en la indefensión en un territorio desconocido.

Aunque el gobierno mexicano y el estadounidense dan muy pocas alternativas para los migrantes retornados, varias organizaciones no gubernamentales se han establecido para apoyar a esta población, las ONGs adoptaron las responsabilidades de alimentarlos, ayudarlos a encontrar empleo y buscarles un alojamiento más permanente.

 

En los albergues, los deportados también encuentran ayuda sicológica pues necesitan dónde recuperarse de los traumas de su detención y expulsión y ahí les ofrecen apoyo emocional, ya que llegan a México “maltratados” y “emocionalmente agotados,” según el padre Francisco Gallardo, quien coordina un albergue en Matamoros.

 

Para empeorar esta situación, las autoridades con frecuencia separan a familias durante el proceso de deportación, dejando a cientos de mujeres sin el acompañamiento de sus parejas y en ciudades en la frontera donde existen altos índices de actividad criminal, esto puede ser muy peligroso para ellas y sus hijos.

 

Otro de los obstáculos más comunes para los jóvenes retornados, es la falta de documentos importantes, como la credencial para votar y el acta de nacimiento mexicana. Es decir, aunque son ciudadanos mexicanos, muchos migrantes no tienen su acta de nacimiento ni ninguna prueba de ciudadanía, elementales para conseguir trabajo.

 

Mientras en Estados Unidos es posible inscribirse en una escuela pública con muy poca documentación, las escuelas mexicanas requieren pruebas de residencia e identificación.

Incluso los migrantes que llegan al nivel universitario en Estados Unidos, encuentran dificultades al buscar empleo o tratar de estudiar en México ya que no les reconocen sus diplomas americanos.

 

En la antología Los otros dreamers, compilada por Jill Anderson y Nin Solis, un migrante deportado llamado Rufino menciona que se graduó de la preparatoria en Estados Unidos, pero para continuar sus estudios en Tuxtla necesitaba presentar sus certificados y para obtener estos papeles, necesitaba regresar al país norteamericano. “Es muy frustrante… no puedo estudiar aquí y no podía estudiar allá”, dice el joven.

 

Encima de los problemas burocráticos, los migrantes retornados se enfrentan con un choque social y cultural bastante severo ya que a muchos les falta fluidez al hablar, leer y escribir en español y las escuelas públicas no ofrecen clases para estos angloparlantes nativos.

 

Lamentablemente, el hecho es que no existe un proceso real de reintegración, estas personas en Estados Unidos son rechazados por la autoridad, y en México les rechaza la sociedad.

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The Obama administration has deported more undocumented immigrants than any other presidency in the history of the United States. At the same time as implementing harsh anti-immigrant policy, the president signed in Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) as an executive order. DACA exempts immigrants who came to the U.S. before their 16th birthday from deportation, provided they have lived continuously in the country since 2007 and were born after June 1981. To receive DACA, immigrants must at minimum have gotten their GED or be currently studying. DACA also grants these young people, known as Dreamers, a two-year work permit. This allows young immigrants to find employment, and enables thousands of college-educated undocumented immigrants to pursue the careers they studied for. However, not all young immigrants were eligible for DACA, and for many the executive action came too late. Many of these immigrants have been deported, picked up and sent back to countries they were not raised in and had no experience with. In countries like Mexico, which is home to the highest number of deportees, these Dreamers face a slew of obstacles in their path to reintegration into Mexican society.

 

Upon initial arrival in Mexico, deportees receive almost no assistance with basic necessities like food and shelter. Local organizations do not have the resources to attend the increasing amounts of individuals and families arriving in the country. In addition, U.S. immigration authorities consistently fail to cooperate with non-governmental and faith-based organizations that offer relief for deportees. They do not take into account the number of shelters available in the border towns immigrants are deported to, resulting in increased deportations to cities like Matamoros, which has only one shelter. In addition, many families are separated during deportation, leaving women without male accompaniment, which can be dangerous in border towns with high criminal activity. In Tijuana, thousands of deported immigrants have become vagrants because of a lack of work or government support with reintegration in Mexico.

 

One of the common obstacles deported young people face in Mexico is a lack of proper paperwork. Despite being Mexican citizens, many don’t have their Mexican birth certificates or proof of citizenship like a passport. Essentially, they are undocumented in their own country of birth. These documents are needed in order to apply for a voter identification card (INE), the most commonly used form of identification in the country. Without these vital documents, it is difficult for deportees to find employment that meets their level of education.

 

While in the United States it is possible to enroll in public schools with minimal documentation, Mexican schools require proof of residency and identification, often in the form of a birth certificate. This stands in the way of deported families who are often bussed out of the U.S. with only what they had on them at the time of detention. To make matters worse, even high school and college educated deportees struggle to have their school credits and diplomas validated by admissions offices and employers in Mexico. The Secretaría de Educación Pública (SEP), has increased efforts to support these U.S.-educated young people, but many are still struggling. In the anthology Los otros dreamers, compiled by Jill Anderson and Nin Solis, a deportee named Rufino outlined his experience with this. He graduated high school in the United States, but to go to college in Tuxtla he needed his high school transcript. In order to get that transcript, he needed to be in the U.S. to give his signature. Rufino says “it is frustrating.. I can’t study here and I couldn’t study over there.”

 

On top of paperwork and bureaucratic problems like these, these returned immigrants face a severe social and cultural clash upon their arrival. Having been raised in the United States, many speak broken Spanish or lack reading and writing skills in Spanish. Most public schools here do not offer support to these native English speakers, and there is little value placed on these skills in most professions. In other words, in the United States these young people are rejected by the authorities while in Mexico they are rejected by society.

 

Although neither the Mexican government nor the United States government offers sufficient resources to deported immigrants, various non-governmental organizations have established themselves as support systems for this marginalized population. From basic emergency services like temporary shelter food to longer-term help like employment assistance, NGOs take up the responsibilities neglected by our governments. Faith-based organizations like La Red de Casas del Migrante Scalabrini use the church’s ample resources to fund and operate short and long-term shelters for migrants. These hostels serve migrants both on their way to the U.S. and deported individuals on their way back to their hometowns in Mexico or Central America. In recent years, migrant shelters have reported that a growing majority of their guests are coming back from the U.S., either by force or by choice. Shelters are a vital resource for deported immigrants who are recovering from the trauma of detention and expulsion. They offer a place to stay as well as emotional and mental support for migrants who arrive in México “maltreated” and “emotionally drained,” according to Father Francisco Gallardo, who helps coordinate a shelter in Matamoros. Where the government fails to act, shelters step in to help traumatized migrants get back on their feet.


Violencia de género e impunidad: El caldo de cultivo para el feminicidio en Puebla


 

Aunque las autoridades poblanas insisten en que la entidad se encuentra entre los doce estados con menos casos según el INEGI, existen 224 mujeres que han sido asesinadas de noviembre de 2012 a la fecha y una sola sentencia en el Poder Judicial de Puebla.

 

Por: Edmundo Velázquez

 

El sábado 16 de febrero del 2013, Patricia Limón una mujer de 29 años de edad, salió a las seis de la tarde de su casa en Huejotzingo, Puebla.

Jamás volvió. Solamente sabían que había sido acompañada por “El Nico”, un amigo suyo.

 

Esa misma noche su familia pidió a la Policía Municipal que la buscaran. Los elementos se negaron debido a que la familia tenía que esperar entre 24 y 72 horas para poder denunciarla formalmente como desaparecida.

 

No pasó mucho tiempo cuando fue encontrado el cuerpo de Patricia. El domingo 17 por la mañana fue encontrado a unas cuadras de su casa. A Patricia la mataron dejándole caer una piedra en la cabeza y en el tórax. Antes de morir fue ultrajada.

 

Nicolás Pérez Pantoja, “El Nico”, fue el último en ver a Patricia y fue acusado del feminicidio.

 

El caso de Patricia, además de cruento y dramático, es simbólico. Es el único que se tiene registrado con una sentencia en contra del presunto responsable. El único que ha tenido “justicia”. “El Nico” es el único atacante que ha sido detenido, procesado y sentenciado en Puebla de los 224 asesinatos violentos de mujeres.

 

Esta cifra ha sido planteada desde que se aprobó en Puebla el tipo penal de feminicidio, en noviembre del 2012, y hasta la fecha, según el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), única organización de la sociedad civil que ha tomado entre sus manos hacer un seguimiento hemerográfico de los casos y su confrontación con el tipo penal.

 

Pero, pareciera que los casos van a la alza con la tipificación del delito. Según el seguimiento de Odesyr en 2013 se registraron 50 casos. En 2014 al menos 60. El año pasado cerró en aproximadamente 50 casos. Pero, el 2016 comienza a preocupar. Apenas inició octubre y ya la cifra asciende a 67 casos.

 

Claro, comparado con el Estado de México, Puebla no luciría alarmante.

 

Pero, para un estado que se presume como un polo de turismo en crecimiento y como nuevo destino de moda para los paseantes, la cifra debería de ser preocupante. Puebla capital se ha vendido como la ciudad perfecta, con calidad de vida y oportunidades, con una alta presencia de universidades y casas de estudios.

 

Sin embargo, los últimos cinco casos –ocurridos, todos, en una sola semana– se dieron en la capital del estado.

 

Incluso el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Ortiz Esparza, ubicado por tener una política de cero crítica hacia el gobierno de Rafael Moreno Valle, lanzó un reclamo porque del total de los casos de feminicidio al menos 4 jóvenes asesinadas han sido estudiantes de la máxima casa de estudios poblana.

 

La crítica, pronunciada en su Tercer Informe de Labores provocó que Rafael Moreno Valle girara los ojos durante el evento. La violencia de género se vive todos los días, pero en Puebla está alcanzando el extremo.

 

La situación del estado es un polvorín. La campaña presidencial de Moreno Valle lo despreocupó totalmente de una serie de problemas que se agravan.

 

La lucha que existe por el control de los ductos de hidrocarburo en la zona del Triángulo Rojo, la descarada tolerancia a la trata de personas en el corredor Puebla-Tlaxcala, el alza a delitos como secuestro, las constantes balaceras, enfrentamientos entre grupos delictivos. Y claro, la violencia de género.

Violencia que no está encontrando ni castigo, ni justicia.

 

De los cinco casos de feminicidio ocurridos entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre (Tania Verónica Luna, Karla Mireya García Paredes, Gizeh Castelán Castro, una mujer que se encuentra como desconocida y Areli Pacheco Narvarte) la Fiscalía General del Estado únicamente ha detenido a un presunto responsable.

 

Si el Nuevo Sistema de Justicia en verdad resulta efectivo, se tendrá una segunda sentencia a más tardar a inicios de enero del 2016. Pero, si corren con suerte, el resto de los casos tendrán avances mínimos. La impunidad que se mantiene en el sistema de justicia en Puebla lanza un mensaje de tolerancia a aquellos hombres violentos; se les está diciendo que pueden seguir actuando según sus instintos machistas y no tendrán castigo alguno. Se mantiene esa idea de que la mujer seguirá siendo un objeto al que pueden usar y tirar o ultrajar en caso de que no se someta a sus exigencias.

 

Por eso el caso de Patricia Limón, en 2013, es emblemático.

 

Es el único que no se mantiene impune.

 

El único de 244 casos.

Cambios en la dirección ejecutiva de Cencos



Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016




Por medio de la presente queremos compartirles que el Consejo designó a Ixchel Cisneros Soltero para que a partir del 1 de septiembre del año en curso como la nueva directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

 

Estamos muy contentos ya que Ixchel cuenta con una gran y sólida trayectoria en temas de comunicación y derechos humanos. Desde mayo de 2014 fungió como Coordinadora del Área de Comunicación logrando con éxito desarrollar e implementar un programa de gran impacto, siempre a favor de las víctimas y sus familiares además de los grupos en situación de vulnerabilidad.

 

También decirles que Omar deja la dirección ejecutiva después de que a principios de 2014 iniciará un proceso de fortalecimiento institucional. Seguirá siendo parte de la organización ahora como miembro del Consejo. Son ya más de 9 años en diferentes etapas en Cencos que sin duda continuará aportando desde sus nuevas funciones.

 

Cencos con estos cambios refrenda su compromiso y misión de fortalecer, promover y difundir los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, así como las normas y marcos legales necesarias para su ejercicio. Fortalecer las capacidades de comunicación estratégica de grupos y personas en situación de vulnerabilidad y facilitar su acceso a los medios de comunicación. Desarrollar y apoyar la investigación, difusión e incidencia de casos de violación de derechos humanos en México a nivel nacional e internacional.


Reciban un afectuoso saludo.



¿Alerta de violencia de género?


 

Por Eduardo Espinosa

 

 

En ocasiones damos por entendido muchos conceptos que utilizamos, pero cuando nos cuestionamos si en realidad sabemos lo que decimos viene una avalancha de dudas. No es malo desconocer, lo que resulta inadecuado es dar por sentado todo y no investigar.

 

En mi caso, el contexto en el que me desarrollo tiende a tener muchas especialidades y resulta complejo conocer, incluso lo básico en muchas materias. Y esto fue lo que me sucedió hace unos días con el término alerta de género. Sí bien no soy ajeno al tema desconocía como es que legalmente está planteada y que estructura tiene.

 

Después de revisar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, me parece importante exponer los siguientes puntos para comprender de manera conceptual las alteras:

 

¿Qué es la alerta de violencia de género? Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

 

¿Qué objetivo tiene? La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

 

Las vías de acción que plantea la ley para llegar al objetivo son las siguientes:

 

- Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo.

 

- Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida.

 

- Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres.

 

- Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres.

 

- Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

 

 

Un punto medular son las condiciones que deben existir para que declare la alerta de violencia de género contra las mujeres, la ley refiere lo siguiente:

 

- Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame.

 

- Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

- Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

 

Es importante subrayar que la dependencia responsable de declarar las alertas es la Secretaría de Gobernación, quien posteriormente entra en contacto con la entidad federativa que se declara en alerta.

 

¿En realidad este mecanismo de contingencia funciona?

 

 

Pues para muestra un botón. El 10 de julio de 2015 se declaró la primera alerta de género en once municipios del Estado de México (Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco). después de casi cinco años de litigio y exigencias de la sociedad civil. Lo que demostró que las autoridades estaban más preocupadas por la imagen de la entidad que por atender la crisis.

 

En 2015 la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) registró 59 feminicidios. En 2016 hasta el mes de abril, se habían iniciado 25 investigaciones por dicho delito lo que significa un aumento con respecto al año pasado.

 

ONU MUJERES (México) ha manifestado que requiere de más tiempo para empezar a ver los efectos de la alerta, sin embargo el incremento casos por feminicidios ha demostrado que no funcionado la estrategia implementado por las autoridades del Estado de México, esperamos que se atienda con urgencia esta crisis que parece agravarse cada día más.

 

¿Y si no avisamos?

 


 

Por Eduardo Espinosa

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que los ciudadanos que deseen manifestarse en la Ciudad de México necesitarán dar aviso por escrito a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), con por lo menos 48 horas de anticipación, es decir, declaró constitucional el artículo 212 de la Ley de Movilidad, el cual dice lo siguiente:

Artículo 212.- Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública, delos grupos o individuos den aviso.

Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humanada carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente licita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma…”.

 

Parece ser que a los ministros se les olvido que la constitución en su artículo sexto refiere:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”.

 

La redacción es clara, "no será objeto de ninguna inquisición judicial o ADMINISTRATIVA”. En este sentido la ley es omisa, ya que no contempla en qué sentido puede contestar el aviso (falta de un reglamento). Este enorme vacío podría generar violaciones a los derechos humanos.

 

En relación con lo anterior cabe recordar que cualquier autoridad tiene la obligación de contestar los escritos que recibe, por lo que la figura de aviso (bajo el concepto cotidiano) podría incluso modificarse a solicitud. Tal como lo comentó el Ministro Arturo Zaldívar, “El aviso es una obligación que da paso a la generación de arbitrariedades por parte de las autoridad”.

 

Si bien un gran número de habitantes de la ciudad se encuentra molesto por las diversas manifestaciones que se llevan en la ciudad, no debemos dejarnos llevar por ese sentimiento, pues nos puede llevar a perder un derecho fundamental, que en nuestro país por lo general es el último recurso de exigencia.

 

La confianza con las autoridades se ha quebrantado aún más en los últimos años, resulta imposible creer que este aviso previo no será utilizado para callar miles de voces que llegan a la ciudad buscando solución a sus conflictos.

 

La colusión de derechos es problema cada día más común, sin embargo la libertad de expresión y manifestación son ejes verticales para la existencia de la democracia. Las calles son nuestras, ejercitar nuestros derechos humanos no requiere aviso previo.


 

Error o corrupción

 

Por Eduardo Espinosa

 

 

Esta semana el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, en su discurso mencionó: “recordaremos este día como un nuevo inicio en la democracia y en el estado de derecho en México”. Estas palabras tan proféticas parecen ser más un auto perdón, que un deseo en la búsqueda de transparencia.

 

Lejos del discurso hay que recordar que el artículo 29 de la ley anticorrupción sufrió una modificación autoría del PRI-PVEM, que dice: las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. Cuestión que causó controversia por ser una redacción juguetona que permitirá a los funcionares excusarse de presentar sus declaraciones. ¿Y entonces la buena fe y la ganas de cambio?

 

En el evento en Palacio Nacional se repitieron hasta el cansancio tres términos claves, honestidad, integridad y rendición de cuentas, conceptos que suponen se encuentran inmersos en el catalogo de leyes, pero como en todo lo que se legisla en México, sólo se queda en el espíritu de la ley.

 

No hay ejemplo más claro que el mayor escándalo en materia de corrupción del sexenio, la casa blanca, que “terminó” con lo siguiente: “No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente, por eso, con toda humildad, les pido perdón”.

 

Tal parece que así inicia el cambio en la era de la administración convencional de control interno para dar paso a un etapa ciudadana, tal como lo dijo Virgilio Andrade a su salida de la Secretaria de la Función Pública.

 

Como ciudadano convencional me preocupa, cada vez que pago mis impuestos me pesa, nunca hay dinero que sobre, si al menos tuviera la certeza de que mis contribuciones tiene un impacto en mi entorno lo haría como más gusto. Para darnos un idea “la corrupción del país cuesta aproximadamente 146 mil 628 millones de pesos al año, más de seis veces el presupuesto de la UNAM para el año en curso (23 mil 410 millones de pesos); o bien, 11 mil 266 millones de dólares anuales, mismos que se traducirían en un incremento potencial del 1.675 por ciento del Producto Interno Bruto”.


 

No hay justicia en la ilegalidad


 

Por Eduardo Espinosa

 

Esta semana se realizó una conferencia de prensa en la que la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad dio a conocer un informe sobre su investigación respecto al caso Wallace.

En dicho informe se establecen diversas tesis que buscan desvirtuar la solidez de algunas pruebas que fueron consideradas en los proceso penales de los indiciados para dictar sentencia. Entre las más relevantes encontramos la referente a evidencias físicas encontradas en el departamento donde presuntamente fue asesinado Alberto Wallace.

 

De acuerdo con el informe, mediante un cateo a dicho departamento, encontraron un elemento piloso (cabello), una licencia de conducir a nombre de Alberto y otros objetos, los cuales vincularían directamente a los imputados con el ilícito; la asociación refiere que no hay certeza plena en estas pruebas ya que fueron encontradas 7 meses después del suceso, cuando el departamento había sido rentado por diversas personas, lo cual resulta violatorio de la cadena de custodia. Al respecto informaron que el inmueble permaneció sin vigilancia en diversos momentos y que el último inquilino desapareció de forma extraña y sin entregar las llaves.

 

De esta forma, la investigación cuestiona los distintos medios de prueba que componen la averiguación, sin embargo la piedra angular es la ilegalidad de las confesiones, ya que supuestamente todos los imputados confesaron libremente y espontáneamente su participación, pero según la investigación independiente fueron obtenidas bajo tortura física y psicológica.

 

En relación con la anterior informaron que Jacobo Tagle Dobín al ser analizado por peritos mediante el protocolo de Estambul, salió positivo como víctima de tortura, y siendo así su declaración carecería de validez. De igual manera manifestaron que las confesiones de los demás imputados fueron emitidas en ausencia de sus abogados.

 

Los familiares de los involucrados en el caso manifestaron que Isabel Miranda tiene el apoyo total de las autoridades, desde el Ministerio Público hasta los operadores del penal, ya que según relatos tenía encuentros con los presuntos culpables sin autorización al interior del penal, en los cuales les exigía se declararan culpables.

 

Sin duda el informe es una invitación a la reflexión, ya que hay recordar que vivimos en un Estado de derecho y no en el tiempo de las cavernas en donde las personas hacían justica por propia mano; pude sonar trillado, pero no se puede hacer justicia con base en la ilegalidad, ¿qué sentido tendría todos los avances en materia de derechos humanos?

 

Es importante conocer que existe algo llamado debido proceso, que es el “conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos …”.

 

Si el proceso está viciado es responsabilidad de las autoridades, puesto que ellas están encargadas de llevarlo acabó. Y de ser así, es necesario la reposición del mismo, dónde sólo las autoridades, respetando la ley, deben determinar la inocencia o culpabilidad de las personas.


 

¿Y los beneficios de la Reforma Energética?

 

Por Eduardo Espinosa

 

Con la aprobación de la reforma energética quedaron más dudas que certezas en la sociedad mexicana, sin embargo a través de declaraciones de diferentes sectores del gobierno federal y a través de diversas campañas de publicitarias, se informó que uno de los beneficios a corto plazo era la disminución del costo de la luz y la gasolina.

 

En un mensaje a la nación, el presidente Enrique Peña Nieto anunciaba que “Al iniciar el 2015 bajaron las tarifas de luz en todo el país tanto para los hogares como para los negocios. Gracias a la reforma energética, por primera vez comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias”. Así mismo, reiteró: “A partir de 2015 ya no habrá gasolinazos”.

 

Pero como en las letras chiquitas de los contratos, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) informaron que "en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional".

 

¿Y entonces?...

 

Si aún tenemos duda de las falsas promesas, debemos decir que durante esta administración la gasolina ha aumentado en un 24%, ya que al inició esta administración el precio era de $10.80 por litro y a la fecha aumentó a $13.40. Es necesario precisar que no todo es culpa del ejecutivo federal, pero tampoco podemos dejar de remarcar como es que juegan con las promesas.

 

Por cierto, otro detalle, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que las tarifas eléctricas para el sector comercial se elevarán entre un 5% y 7% y las de uso doméstico de alto consumo se incrementarán un 6.8%; digo, para afectar menos la economía del ciudadano común.

 

Es cierto que el precio de los energéticos está en constante movimiento por diversos factores económicos mundiales, pero el gobierno no puede dar mensajes de esperanza fundados en suposiciones, es mejor establecer un panorama real para tener a la sociedad enterada de los posibles escenarios. Pero al parecer la política en México no es el arte de gobernar sino el arte de engañar.

 

El dirigente del ejecutivo ha manifestado en fechas recientes que tengamos cuidado de personalidades en el mundo de la política que se aprovechan de las condiciones para prometer cosas irreales con el fin de generar desestabilidad. Cierro con una pregunta, ¿estas promesas no son populistas?


Nochixtlán: violencia inadmisible

 

Por Eduardo Espinosa

 

El pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, en el marco de las protestas nacionales en contra de la reforma educativa por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se desarrolló un enfrentamiento en el que agentes federales usaron armas de fuego para desalojar un bloqueo carretero.

 

Al respecto he escuchado diversos puntos de vista, desde el radical que avala estos sucesos de violencia en contra del magisterio, manifestando como razonamiento que los maestros son “flojos” y su lucha sólo se enfoca en no perder los privilegios de los que gozan; por otro lado, está la posición (a la que me sumo) que señala que el conflicto educativo no es cuestión de blancos y negros, es decir, existen demasiado matices para poder comprender el problema de fondo y se necesita reflexión y diálogo para poder solucionarlo.

 

En este juego de ideas se pierde el problema superveniente al que realmente tenemos que criticar y no permitir, que es la VIOLENCIA.

En este sentido tenemos que centrarnos en la forma en que el Estado mexicano ha actuado con el fin de instituir una reforma y es que parece que hay que recodarle que existe algo llamado DERECHOS HUMANOS como el derecho a la vida, integridad física, libertad de expresión y manifestación, además de que existen protocolos de control de multitudes y hay que respetarlos.

 

El punto es claro, NO PUEDES REPRIMIR UNA MANIFESTACIÓN CON ARMAS DE FUEGO, es inadmisible, ilegal y cuantos sinónimos podamos encontrar. Ningún movimiento disidente en cualquier teman debe sufrir estos ataques puesto que en teoría nos encontramos en un estado de derecho. No existe ningún razonamiento que justifique lo acontecido.

 

Además en este contexto debemos subrayar el cinismo del Estado mexicano al informar que no se habían utilizado armas de fuego en el “control” del bloqueo carretero, cuando diversos medios internacionales exhibieron diversas fotografías y videos en las que claramente se observan a los policías federales portando armas largas.

Debemos exigir al Estado mexicano a cumplir con su obligación de iniciar una investigación sobre los hechos y sancione a las personas que puedan resultar responsables de estas muertes y actos de violencia.

 

Por ello, debemos estar pendientes del proceso de diálogo entre la CNTE y el Estado, ya que es la única vía que permitirá llegar a una solución en la que se respeten de forma plena los derechos de los diversos actores en este conflicto.

 

No hay que dejarnos llevar por las opiniones viscerales, este es un conflicto que cabe dentro de los grises, pero por ningún motivo podemos validar y hacer apología a los actos de violencia. Esperemos que se lleguen a acuerdos en las mesas de diálogo para que ahora si abocarnos a solucionar el problema de la educación en México que es de interés público, además de ser un derecho fundamental, con carácter de urgente.


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